El TLCAN y el Combate a la Corrupción - Núm. 174, Marzo 2018 - Foro jurídico - Libros y Revistas - VLEX 705238165

El TLCAN y el Combate a la Corrupción

Autor:Dr. Alejandro Romero Gudiño
Cargo:Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Cámara de Diputados
Páginas:10-14
RESUMEN

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se negocia lleva implícito un tema de gran importancia para los 3 países, el combate a la corrupción. Nuestro país forma parte de 3 acuerdos en la materia que merecen una revisión

 
ÍNDICE
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El Sistema Nacional Anticorrupción tuvo su origen en la reforma constitucional en la materia, publicada en mayo de 2015. Desde entonces se han ido concretando sus características, mediante la legislación secundaria que da un marco normativo para su integración y funcionamiento.

La actual redacción del artículo 109 Constitucional, que establece las bases para la sanción política, administrativa y penal de las faltas cometidas tanto por servidores públicos como particulares. No sólo el sector público, sino también empresas nacionales o internacionales quedan sujetas a una amplia disposición que a la letra precisa que:

[…] IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

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En la misma línea con el artículo mencionado disponemos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas publicada el 11 de junio de 2012, en donde se establecen algunas disposiciones pertinentes a la regulación de operaciones multinacionales de corporaciones mexicanas o extranjeras, públicas o privadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de dicha Ley, donde se tipifican las siguientes conductas de corrupción:

• Prometer, ofrecer o entregar dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público o a un tercero, a cambio de que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, con el propósito de obtener o mantener un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del dinero o de la dádiva o del resultado obtenido.

• Ejecutar acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal.

• Realizar actos u omisiones que tengan por objeto o efecto participar en contrataciones públicas de carácter federal, no obstante que por disposición de ley o resolución administrativa se encuentre impedido para ello o realizar actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal o simule el cumplimiento de éstos.

• Intervenir en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas para participar en contrataciones públicas de carácter federal, con la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de la contratación.

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