Tendencias del desempeño financiero municipal de México y Aguascalientes

AutorManuel Díaz Flores
Páginas37-54
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III
TENDENCIAS DEL DESEMPEÑO FINANCIERO
MUNICIPAL DE MÉXICO
Y AGUASCALIENTES
La problemática financiera de los municipios del país
La debilidad de las Haciendas Públicas de los municipios de México ha quedado
documentada en diversos trabajos de investigación sobre la materia. Esta insufi-
ciencia de recursos se expresa, en un primer momento, como una alta dependencia
financiera de los municipios respecto de la Federación o bien como una baja capa-
cidad de estas administraciones para generar recursos propios. Como consecuencia,
existen fuertes limitaciones en la aplicación del gasto público, sobre todo aquel que
se orienta a promover la inversión en infraestructura y la capacitación de recursos
humanos como elementos indispensables para hacer del municipio un verdadero
promotor del desarrollo.
En la Encuesta Nacional sobre el Desarrollo Institucional Municipal realizada
en el año 2000 (indesol-inegi), se arrojan datos que muestran la carencia de recur-
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Modernización de la gestión financiera en los municipios del estado de Aguascalientes
sos como
el segundo problema más grave que enfrenta la gestión local, sólo
después
del desempleo. De igual forma la encuesta muestra otro dato: las administracio-
nes municipales opinan que la falta de cumplimiento de objetivos del proyecto
del gobierno local se debe fundamentalmente a los problemas financieros.
Algunas de las causas fundamentales que explican este diagnóstico señalan
como principal responsable al actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que
entró en vigor en 1980, creado por razones de eficiencia recaudatoria y simplifica-
ción del sistema tributario mexicano, concentrando en la Federación las principales
fuentes de ingresos y dejando a las entidades federativas y municipios aquellas de menor
relevancia, lo que da por consecuencia que los municipios mexicanos dependan en
mayor grado de las participaciones federales.
Por esto, a tres años de haberse implementado este sistema, se hizo la primera
reforma al artículo 115 Constitucional en 1983, mediante la cual se le otorgó la po-
testad tributaria de cobrar el Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria a todos los
municipios del país, la fracción IV consignó la libre administración de la hacienda por
parte de los municipios y definió competencias en materia fiscal; secundariamente,
elevó a la categoría de rango constitucional el derecho de los municipios a recibir las
participaciones federales.
A partir de esta reforma se produjeron transformaciones sustanciales en la
situación financiera de los municipios. En efecto, se pudo observar que la recau-
dación de impuestos municipales casi se cuadruplicó en términos nominales para
1984, lo que representó un aumento real de 130%. Sin embargo, estos resultados
fueron a muy corto plazo, destacando sobre todo las zonas urbanas como las más
favorecidas, en contraste con los municipios rurales que siguieron manteniendo los
mismos niveles de rezago que tenían antes de la puesta en marcha de esta medida.
Adicionalmente, las estrateg ias descentralizadoras de los ingresos municipales
no estuvieron acompañadas de los recursos suficientes para modernizar las admi-
nistraciones tributarias de estos órdenes de gobierno, además de tener un diseño
uniforme que no incorporó las necesidades de los diversos tipos de municipios que
existen en el país, con problemáticas muy particulares, sobre todo en lo que se refiere
a la adecuación del marco normativo, a su nivel de desarrollo tecnológico, así como a
sus capacidades institucionales.
A partir de la crisis de 1994, las transferencias de gasto desde el nivel federal se
han incrementado significativamente y de forma constante desde 1995. La crisis de
1994 marca el comportamiento de las finanzas municipales durante los siguientes
tres años (1995-1997); en dicho periodo se observó una regresión en el sano com-
portamiento de los años anteriores, quedando relegada la estrategia de generación
agresiva de ingresos propios. Además, con la aparición de mayores transferencias
del gobier no federal (Ramo 26) parecería que las administraciones municipales
tendieron a una mayor pasividad. Por último, la puesta en marcha del Ramo 33

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