¿Quién teme a las acciones colectivas?
| Autor | Ángel M. Junquera Sepúlveda |
| Cargo | Director |
| Páginas | 3-3 |
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Pocas figuras de nuestro Derecho han sido tan meticulosamente diseñadas y tan desaprovechadas como las acciones colectivas. Bien utilizadas, podrían ayudar a eliminar prácticas abusivas por parte de empresas, bancos o cualquiera que comercie con bienes y servicios.
Sin embargo, poco o nada se ha hecho para que la ciudadanía conozca sus beneficios. Los abogados no hemos explorado las ventajas que estas acciones conllevan para nuestros clientes.
Hasta antes del año 2010, la Ley Federal de Protección al Consumidor incluía la denominada acción de grupo, bajo la cual la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) obtuvo sentencias favorables… en ocho casos.
Al resolver una acción de grupo, en 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentó que se trataba de un instrumento diseñado para ampliar a los ciudadanos el acceso a los órganos jurisdiccionales, además de compensar la relación —en ocasiones asimétrica— que caracteriza los vínculos entre proveedores y consumidores.
Posteriormente, se reformó la Constitución para contemplar la acción colectiva. Su objetivo fue establecer mecanismos e instrumentos procesales que hicieran posible el ejercicio de los derechos colectivos. ¿Nos bastará esta figura en México? Si pensamos en algunos casos emblemáticos de los Estados Unidos, todo indica que no.
La empresa Exxon Mobil, por ejemplo, tuvo que pagar daños por cerca de 500 millones de dólares ante el derramamiento de petróleo de su embarcación Exxon Valdez, beneficiando a miles de personas afectadas. Enron, por su parte, se vio obligada a desembolsar más de 7 mil millones de dólares, luego del fraude cometido en perjuicio de sus inversionistas.
En nuestro país, las evidencias demuestran que la reforma constitucional no ha logrado el impacto deseado. Si bien desde el 30 de agosto de 2011 se reformó el Código Federal de Procedimientos Civiles para regular las acciones colectivas, pocos abogados, grupos o colectivos han acudido a éstas para defender judicialmente sus derechos y así obtener la reparación del daño.
Suecia, Noruega y Dinamarca han elevado sus índices de desarrollo gracias a que 87 por ciento de sus habitantes se han organizado en asociaciones para defender sus derechos. En contraste, en nuestro país menos de 5 por ciento de la población participa en alguna asociación, a pesar de contar con este mecanismo legal. Los abogados tenemos la responsabilidad social...
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