¿El Sistema Nacional Anticorrupción no acabará siendo parte de la corrupción?
| Autor | Guillermo Muñoz Diego |
| Páginas | 40-41 |
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El pasado 27 de abril se llevó a cabo, en el Auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del INACIPE, el foro “Combate a la corrupción. Nuevo marco normativo. Modelo de Fiscalía. Obstáculos por superar”, con la participación de Ernesto Canales Santos, fiscal Anticorrupción de Nuevo León; Ana Laura Magaloni Kerpel, directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas; José Mario de la Garza, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Este panel de primer nivel fue encabezado por el subprocurador especializado en combate a la corrupción de Nuevo León, Ernesto Canales. La mesa la completaron José Mario de la Garza, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; la académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni, y Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El foro fue intenso, crítico y propositivo. Se abordaron las principales líneas de discusión en materia de combate a la corrupción: la conformación de la Fiscalía General de la República, los obstáculos en la formación del Sistema Nacional Anticorrupción y los retos que tiene el nuevo sistema de justicia penal para perseguir delitos de corrupción.
“¿Realmente es importante la autonomía de la fiscalía y la designación de su fiscal? El hombre más capaz y con una voluntad política impecable es totalmente ineficiente si el espacio institucional en el que opera es precario. La discusión en torno del Sistema Nacional Anticorrupción se ha viciado en la designación del fiscal; sin duda, es un reto importante, pero lo son aún más las herramientas con las que cuenta la fiscalía”, aseguró Ernesto Canales, para quien existen cuatro obstáculos principales en la procuración de justicia: en primer lugar, se requiere la modificación a la Ley de Amparo, pues lejos de proporcionar una garantía de protección al imputado, previene al fiscal para perseguir adecuadamente los deli-
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tos; en segundo lugar, no es posible acceder a todas las entidades para obtener información de los investigados, especialmente datos bancarios y fiscales; en tercer lugar, falta capacitación de los agentes del Ministerio Público en delitos de corrupción, e inclusive en Derecho administrativo, tal como argumentó la doctora Magaloni; y por último, existen registros contables muy precarios en las unidades...
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