El show de Lozoya y el Combate a la Corrupción
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EDITORIAL
El show de Lozoya y el
Combate a la Corrupción
La reciente autoextradición
del exdirector de Pemex,
Emilio Lozoya Austin,
más que un caso de éxito del
sistema de justicia mexicano, es
sin duda un show mediático y
un éxito político del presidente
López Obrador, en sus estrategias
de combate a la corrupción y
electorales de cara a las elecciones
del 2021, en las que se renovarán
casi la mitad de los gobernadores,
la Cámara de Diputados y un
importante número de congresos
locales y ayuntamientos.
Desde su arresto en España a
inicios de año, hasta el anuncio
de su regreso a México, Emilio
Lozoya se convirtió en un caso
emblemático para el gobierno,
y con su colaboración pretende
resolver unos de los asuntos
más escandalosos de corrupción
de la anterior administración,
el caso Odebrecht, lo que da a
amlo un enorme capital político,
ya que este asunto tiene una
relevancia no solo nacional, sino
internacional, que ha llevado a
la cárcel a expresidentes y altos
funcionarios de al menos 11 países
de la región, por multimillonarios
sobornos a cambio de contratos
públicos ventajosos en el sector
petrolero y que el ex presidente
Peña Nieto trató de ocultar en
nuestro país.
Por lo pronto, las expectativas
de la población están puestas en
que caerán personajes del primer
nivel del gobierno y de la política
de la anterior administración
(adversarios de amlo), sin
importar que se dé impunidad
a Lozoya y se manipulen las
instituciones de justicia, al ser
burdamente acusado por la
Fiscalía General de la República
por delitos menores, y que en
contubernio con las autoridades
judiciales, enfrentará su proceso
en libertad, previendo que no
pisará la cárcel en México, ni
pagará por sus delitos, por
conveniencia del Presidente
López Obrador.
El trato benévolo y de privilegios
que le están dando como testigo
colaborador o protegido es
diametralmente opuesto a lo
que sucedió con los funcionarios
implicados en otros países
latinoamericanos, como Brasil,
Perú, Colombia, Panamá,
etcétera, en los cuales también
hubo testigos colaboradores que
obtuvieron ciertos beneficios,
pero no a tal grado de impunidad
que permiten en México a
Lozoya Austin, a pesar de estar
demostrado que recibió más de
10 mdd de Odebrecht y de que
gran parte de esa cantidad fue
destinada a la campaña de Peña
Nieto, sin tomar igualmente en
cuenta las millonarias cantidades
ilícitas que adicionalmente
obtuvo de la fraudulenta
compra de una planta chatarra e
inservible de Agro Nitrogenados
siendo Director de Pemex.
Sin duda que un hecho
“bochornoso” de este
irregular proceso judicial
en el caso Lozoya, ha sido la
burda violación al principio
constitucional de máxima de
publicidad de las audiencias,
sobre todo que se trata de un
caso del más elevado interés
público, al haber autorizado
el Consejo de la Judicatura
Federal que no se transmitiera
en vivo, mediante video (como
se realizan las sesiones de la
scjn), las audiencias de los dos
juicios de Lozoya, y en su lugar
se permitiera a los periodistas
enviar mediante WhatsApp
una versión editada de los
hechos más relevantes de las
audiencias, lo que, además de
ser ilegal, es una burla para “el
pueblo sabio”.
Estas acciones ponen una gran
interrogante sobre la autonomía
del Poder Judicial Federal y
corroboran que aún no hemos
superado en México la práctica
negativa de la “politización de la
justicia”.
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