Revisión del constitucionalismo mexicano desde un enfoque ecologista
| Autor | Jesús Sesma Suárez |
| Cargo del Autor | Coordinador del grupo parlamentario del PVEM |
| Páginas | 91-109 |
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La Constitución no es estática, sino dinámica, por ser vida, por ser el resultado de intereses contrapuestos que día a día conforman la unidad política.
Jorge Carpizo
En la ciencia, los modelos de aproximación a una realidad específica han sido un elemento básico para la resolución de problemas diversos; en el caso de las ciencias sociales no es una excepción. De manera particular, por medio del derecho y las ciencias auxiliares del mismo (tales como la política, economía, sociología, ecología, etcétera) se han establecido modelos para normar el comportamiento y el funcionamiento de la colectividad. Dichos modelos han provisto las pautas esenciales para construir las bases que facilitan la convivencia en sociedad, a través de la garantía de los derechos fundamentales resguardados por el aparato institucional y administrativo del Estado.
En este sentido, las constituciones son una suerte de modelo que establece directrices básicas para la organización del
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Estado y la sociedad, sin embargo, tomando en cuenta la complejidad de la realidad, muchos aspectos de la misma quedan fuera del alcance del modelo; de ahí que sea imprescindible la existencia de una constitución capaz de reinventarse para hacer de sus preceptos torales una realidad para todos y mantenerse vigente a fin de responder a la problemática jurídica, política, económica y social de un país en específico en la actualidad.
En virtud de lo expuesto, el presente texto tiene como objetivo principal establecer las pautas y los argumentos para reflexionar sobre el “poder reformador” de la Constitución, en el caso específico de México, como instrumento normativo y lazo para preservar la armonía en una sociedad organizada bajo los preceptos de la democracia.
Con base en esto, el inicio de esta contribución analiza el papel de la Constitución dentro del Estado-nación y, en concreto, su significado en el contexto del México de principios del siglo xx. Posteriormente, esta investigación se centra en la trascendencia, alcance y limitaciones de la Carta Magna en las circunstancias que caracterizan a nuestro país en la actualidad, haciendo hincapié en dos puntos esenciales: primero, en las deficiencias del sistema representativo en diferentes aspectos y, segundo, en la necesidad de identificar elementos comunes para fomentar el interés de la sociedad en la temática pública y, a su vez, generar las condiciones precisas para que el actuar del gobierno pueda ser congruente con la esencia y los preceptos constitucionales.
Finalmente, la propuesta para incentivar la participación ciudadana apela a la protección de los intereses de la colectividad, para lo cual se retoman los principios fundadores del Partido Verde Ecologista de México (pVem), los cuales consideran los múltiples intereses, las diversas realidades y la conjugación de éstos hacia un objetivo común: la defensa de la vida, en un ambiente de democracia participativa y colaboración entre los diferentes actores de la sociedad.
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En tanto norma fundamental de un Estado-nación, una constitución es, ante todo, el resultado de procesos sociales que, con base en costumbres y afinidad de intereses, buscaron la conjunción de valores y principios para generar una relación de armonía entre representantes y representados, vínculo que da origen a un nuevo orden jurídico para el Estado y la sociedad. Esto permite concebir a la constitución como una manifestación cultural,1 es decir, la construcción de los valores y principios sobre los que ésta se erige son, en gran medida, producto de la historia de cada país; no obstante, en el caso mexicano se han visto ampliamente influenciados por la tradición jurídica europea y estadounidense.
La influencia internacional sobre la Constitución mexicana se centra, principalmente, en la recuperación de valores universales, como los plasmados desde 1789 en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (libertad, propiedad, igualdad, seguridad, etcétera), y en la adopción de una organización y un sistema político en particular, el cual guarda similitud con el modelo estadounidense. Aunque es innegable la importancia de los preceptos retomados del exterior, a fin de lograr una mejor gestión y fortalecer la relación entre gobernantes y gobernados, es menester que la estructuración del Estado sea compatible con las necesidades y características propias de la sociedad mexicana.
Con base en lo anterior, desde su conformación como Estado, el reto para México ha sido la identificación de intereses comunes propios, más allá de los valores fundamentales, los cuales posibiliten su universalización a partir de considerar los distintos aspectos que conforman la realidad del país y que necesariamente deben quedar reflejados en el espíritu constitucional y plasmados en su texto. Al respecto, si bien la
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Constitución podría concebirse de manera muy básica como un conjunto de normas jurídicas, “[…] no puede soslayarse que absorbe un claro contenido político, contempla un modelo social y determina una no menos importante función económica”.2
La Constitución de 1917 respondió precisamente a las circunstancias políticas, económicas y sociales del México de principios del siglo xx, y se identifica como “el fruto del primer movimiento social que vio el mundo”3en esta centuria. El contexto que precedió la promulgación de la Carta Magna estuvo marcado por una amplia brecha de desigualdad; por una parte, la población privilegiada (extranjeros incluidos) que mantenía cercanía con Porfirio Díaz gozaba una vida de mucho lujo, en muchos casos sostenida por las rentas de las haciendas y fábricas trabajadas por campesinos y obreros, respectivamente; por otra parte, la población trabajadora vivía en una especie de esclavitud, sin conocimiento del significado de la palabra libertad, pues incluso las deudas en las tiendas de raya se heredaba a los descendientes.
En síntesis, durante el Porfiriato no existía armonía entre los intereses del gobierno, centralizado en la figura de Porfirio Díaz y marginal hacia la población, pues todo quedaba al margen de la Constitución de 1857, entonces vigente. De tal manera, los levantamientos y las huelgas de la población obrera y campesina conformaron el antecedente para identificar los intereses comunes del pueblo mexicano, los cuales quedaron plasmados en el texto de 1917. Al efecto, con el objeto de que hubiera bienestar social y se evitara lo ocurrido en el pasado, en la Constitución se establecieron diversas garantías, algunas de ellas fueron la prohibición de la esclavitud en el artículo 2o., también se mandató en el artículo 5o. que nadie podría ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa remuneración
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y sin su pleno consentimiento, y se plasmó el principio de la libertad de expresión en el artículo 6o.,ln="50" id="footnote_reference_4" class="footnote_reference" data-footnote-number="4">4entre otras.
A cien años de la promulgación de nuestra Norma Fundamental, las circunstancias y características del país han experimentado diversos cambios, las similitudes son casi inexistentes entre el México de principios del siglo xx y el actual, y las necesidades e intereses cuentan con tintes diferentes a los de entonces. Si bien, desde su promulgación el texto constitucional ha sido reformado en cuantiosas ocasiones, considerando que “la Constitución […] es un eterno duelo entre ser y deber ser, entre realidad y norma”,5es pertinente cuestionar en qué medida nuestra Constitución cuenta con los elementos necesarios para afrontar la problemática jurídica, económica, política, cultural, ambiental y social de la actualidad. En tal sentido, “un perfil metodológico eminentemente jurídico y formalista podría condicionar el análisis al presuponer que la Constitución, en tanto norma que tiene por objeto el poder político, contiene los mecanismos para atajar, en cualquier circunstancia, el distanciamiento entre lo normativo y lo fáctico”;6sin embargo, la reflexión requiere del análisis y comprensión sobre el contexto político y social que norma la Constitución, así como de tomar en cuenta que todo orden jurídico debe tener una actualización constante.
Dada la existencia de un vasto patrimonio constitucional, prevalecen los principios básicos que conforman la estructura de la organización política y sobre los cuales reposan el resto
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de las reglas, cánones, pautas y políticas del orden jurídico mexicano, a saber: la organización del Estado como república democrática y, dentro de este tipo de régimen, la soberanía del pueblo, la división de poderes, el sistema representativo, las garantías procesal-constitucionales y las relativas a derechos humanos.
Por otro lado, como parte de la evolución política de México, predominan también los principios de justicia social, el federalismo, el municipio libre, la laicidad del Estado y su supremacía sobre la Iglesia, el presidencialismo y la no reelección del presidente de la República.7Sin afán de desdeñar la esencialidad de los principios mencionados, todavía se requiere que nuestra Constitución contemple elementos que sean la base para solucionar las problemáticas actuales de México y permitan generar mejores condiciones de vida para los mexicanos.
Con base en la complejidad de la sociedad mexicana del siglo xxi, compuesta por grupos heterogéneos con necesidades e intereses variados, y considerando el carácter global y de efectos no selectivos de la crisis ambiental, dentro de las problemáticas que aquejan a nuestro país destaca, en primer lugar, la relativa a la organización de éste como una...
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