Prospección del Programa de Identidad Jurídica
| Autor | Carlos Humberto Durand Alcántara; Ana Ofelia Sánchez Valenciana; Mario Loza Rodríguez; Manuel D. Jiménez Merlín; Alejandro Córdova Cárdenas; Vicente Campos Rayón |
| Páginas | 155-167 |
Carlos Humberto Durand Alcántara; Ana Ofelia Sánchez Valenciana; Mario Loza Rodríguez; Manuel D. Jiménez Merlín. Universidad Autónoma Metropolitana, México.
Alejandro Córdova Cárdenas; Vicente Campos Rayón. Universidad Nacional Autónoma de México.
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La parte significativa del universo de estudio en este ensayo corresponde a la interpretación de la identidad jurídica de la población mexicana rural en pobreza extrema, a partir del análisis del Programa de Identidad Jurídica (PIJ),1 aplicado por el ejecutivo federal, y cuya adecuación va más allá de aspectos de carácter administrativo o de su concomitante normatividad jurídica; de esta manera, ubicamos un “fenómeno complejo”, que debe ser explicado y proyectado desde una perspectiva interdisciplinaria, considerando los procesos socioeconómicos, culturales y de política que posibiliten su futura aplicación.
Dos fases integran el presente trabajo. La primera correspondió a la investigación documental y consistió en la sistematización y el análisis de la informaciónPage 156 que relaciona el Programa de Identidad Jurídica con su comprensión, objetivos, metas, proyección y futura aplicación. Correspondió a esta fase metodológica el diseño conceptual, es decir, analizar el marco referencial del Programa, sugiriendo nuevas adecuaciones. Los centros que sirvieron de apoyo para dicha búsqueda fueron los siguientes:
Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Consejo Nacional de Población (Conapo), Registro Nacional de Población (Renapo), Archivo General de la Nación, Centro de Estudios Demográficos y Urbanos del Colmex, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), Gobiernos de los estados (Chiapas, Hidalgo, México, Oaxaca y Guerrero), Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Notarías (Colegio de Notarios), Registro Público de la Propiedad, Procuraduría Agraria Nacional, Registro Agrario Nacional, Secretaría de Gobernación, Varios, en Internet.
La segunda fase correspondió al desarrollo de un diagnóstico basal integrado por la sistematización y el análisis de la información existente en torno al Programa de Identidad Jurídica, lo que permitió establecer el significado y la pertinencia del mismo por medio del estudio cuantitativo y cualitativo de dicha información. Por las características del presente ensayo se mencionarán brevemente.
En esta fase, además del estudio de diversos bancos de datos, se realizaron entrevistas a profundidad a diversos actores vinculados con el programa; entre otros, investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y de El Colegio de México, y abogados de diferentes barras especializadas, directores generales (región sureste) y de la encuesta económica del INEGI, directores generales de la Secretaría de Reforma Agraria, de la Procuraduría Agraria Nacional y del DIF nacional, así como al director de Vinculación Interinstitucional del Registro Nacional de Población.
De la denominación (identidad y certeza jurídica)
El “cimiento” de este programa es la denominada identidad jurídica, expresión que, desde luego, es necesario dimensionar en virtud de que a partir de ella se despliega la estrategia del programa. Convendrá advertir esto en su justa dimensión, a efecto de comprobar si en dicha identidad jurídica de los mexicanos en pobreza extrema se ajustan los objetivos y, consecuentemente, las metas esperadas. Aclaramos que en un primer momento concebimos la identidad jurídica en su acepción estrictamente normativa.
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El Programa de Identidad Jurídica se desenvuelve en dos campos normativos; en primer lugar, el que corresponde al derecho constitucional y que obra o se manifiesta como un derecho político inherente al ser humano.
Al respecto, la Constitución Política señala:
ARTÍCULO 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
A) Son mexicanos por nacimiento:
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Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
-
Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional.
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Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización.
-
Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas…2
Este derecho político es el que corresponde a la identidad propiamente dicha y que permite contar con una nacionalidad y con un nombre, acto jurídico que deriva del nacimiento de una persona en un territorio (Estado) y tiempo determinados (Ius Soli); o por el reconocimiento al derecho de sangre (Ius Sanguinis).
Así, la identidad,3 corresponde a aquellas personas a quienes se les reconocen determinados derechos y obligaciones en virtud de haber nacido en el marco del Estado nacional. De ahí que el PIJ postule como uno de sus objetivos acreditar —mediante el documento oficial— la identidad de aquellos mexicanos en condiciones de pobreza extrema que no cuentan con este derecho a su nacionalidad ni consecuentemente, a un nombre. De esta suerte, el acto jurídico de expedición del acta de nacimiento constituye la “base estructural”4 desde la cual se ubica o se formaliza la condición de ser mexicano y, consecuentemente, la de su identidad jurídica.
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El segundo campo normativo del problema en cuestión se expresa fundamentalmente a partir del derecho civil. Conforme a lo sustentado por diversos tratadistas del derecho constitucional internacional y civil,5 encontramos que de dicha identidad jurídica —la de ser mexicano— se desprende su realización como persona mediante la ejecución de diversos actos jurídicos o de la participación en diversas relaciones sociales. En esta segunda actitud o momento normativo, el que corresponde a la existencia de la persona física y sus atributos, el Programa de Identidad Jurídica se plantea de manera ambigua, toda vez que la realización de la persona, respecto de los actos jurídicos que ejerza, corresponderá a que éstos sean ejecutados y perfeccionados conforme a derecho, es decir, que se trataría más bien de la certeza jurídica de las personas. Así, de manera particular, encontramos que el PIJ, como se verá más adelante, traza un conjunto de acciones que supone, erróneamente, forman parte de la identidad jurídica de las personas. Planteado de esta manera, identificamos que el programa en estudio dota de dos elementos diferenciados, aunque ligados en su pretensión; por una parte, el del derecho originario, que corresponde a la identidad jurídica,6 es decir, el derecho a la nacionalidad y a un nombre; por la otra, la certeza jurídica, que consiste en la realización de la persona y la ejecución de diversos actos jurídicos. La adecuación que se proporcione a cada uno de estos fundamentos normativo-sociales permitirá la correcta realización del sentido, los objetivos y proyecciones que guarde este programa.
Proyectando este posible derrotero, identificamos que en el ámbito de la identidad jurídica, es decir, en lo relativo a la expedición del acta de nacimiento,7 se advierte la viabilidad para su ejecución, aspecto que sustentaremos en forma detallada más adelante, mientras que la que corresponde a otras diversas acciones concernientes a la certeza jurídica y que se encuentran planteadas en el PIJ, ameritan un examen exhaustivo para su posible consecución. Al respecto, encontramos que las acciones del programa se dividen en cuatro grupos:
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1) De las personas: actas de reconocimiento de hijos, de tutela, de emancipación, de matrimonio, de divorcio administrativo, de defunción, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP) y certificado de estudios.
2) De los bienes (testimonios): de los bienes inmuebles, de los bienes muebles, de la apropiación de animales, de los tesoros y de las constancias de servidumbre.
3) De las sucesiones: testamentaria y por herencia legítima.
4) Orientación: talleres de sensibilización y promoción.
En síntesis, el programa en estudio debió referirse a dos circunstancias (conceptos) y momentos de la juridicidad pretendida: el de la identidad y el de la certeza jurídica de los mexicanos en pobreza extrema, a partir de lo cual recomendamos que el programa se denomine de identidad y certeza jurídica.
El PIJ considera población objetivo “Aquellas personas que habitan zonas rurales en pobreza extrema…”.8 Sustentado de esta manera, el mencionado programa podría atender a 19 937 321 personas, según lo advierte el Programa de microrregiones al definir la magnitud de la población rural en pobreza extrema de México. Desde esta perspectiva, resultaría prácticamente imposible disponer de recursos para plantear alternativas a un problema de esta dimensión; sin embargo, el PIJ quedó...
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