Presentación
| Autor | Comité Editorial |
| Páginas | 3-4 |
Presentación
Los cambios político-democráticos que las sociedades
contemporáneas han experimentado en las últimas
tres décadas impulsaron una nueva gramática y prácticas sociales en las que el
reconocimiento y pleno disfrute de los derechos sociales, políticos, económicos
y culturales requieren de la “justiciabilidad”, ya que cuando se viola uno de estos
derechos el ejercicio de la revisión judicial debe restituir los bienes afectados.
Sin embargo, lograr que se cuente con un sistema de justicia integral nos
coloca ante un problema que por momentos rebasa al sistema judicial; por
ejemplo, cuando hablamos de los derechos sociales, la pregunta es ¿los jueces
tienen competencia para obligar e influir en la generación e implementación
de políticas públicas, así como para determinar la prioridad del gasto
gubernamental para impulsar programas sociales? Incluso, cuando hablamos
del acceso al sistema judicial nacional, ¿todos se encuentran en posesión de
los bienes que garantizan los derechos constitucionales o hay ciudadanos más
iguales que otros?
Estas preguntas permiten advertir las tareas pendientes para impulsar la
preeminencia del imperio democrático de la ley con el objetivo de contribuir
al fortalecimiento y autonomía de la sociedad. Al mismo tiempo, pensamos
que un sistema judicial tiene como principio fundamental posibilitar el acceso
igualitario a la justicia, lo que significa que en la aplicación administrativa o
judicial de las leyes o normas legales debe primar en su ejecución el criterio de
imparcialidad; esto es, que haya sanciones idénticas para casos equivalentes,
que se ejecute sin tener en cuenta clase, nivel socioeconómico, o que reinen
criterios nocivos debido a la cercanía de los involucrados al poder.
Hablar de justicia es apelar a la existencia de un orden sistematizado de
procedimientos preestablecidos y conocidos por los miembros de la sociedad
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