Los partidos políticos frente a la reforma del Estado en México
| Autor | Ernesto Soto Reyes Garmendia |
| Cargo | Profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la uam-Xochimilco. |
| Páginas | 42-69 |
Page 42
El 13 de abril de 2007 se promulga la Ley para la reforma del Estado, en la que se convoca a la sociedad civil y se compromete a la sociedad política (firmada por todos los partidos políticos) a establecer mecanismos de análisis, negociación y construcción de acuerdos para concretar, en un término pactado de doce meses, la reforma del Estado mexicano. La intención de la Ley fue lograr una reforma del Estado para transitar hacia la democracia y fortalecer las instituciones. En este propósito conviene recordar la advertencia de Adam Przeworski: “El momento crucial de cualquier transición de un gobierno autoritario a otro democrático se sitúa al cruzar el umbral a partir del cual nadie podrá intervenir para alterar los resultados del proceso político formal. La democratización consiste en someter todos los intereses a la competencia, en la institucionalización de la incertidumbre. El paso decisivo hacia la democracia es la transferencia del poder de un grupo de personas a un conjunto de normas”.1
El presente trabajo intenta responder a la siguiente pregunta: la reforma del Estado propuesta por el Legislativo, ¿pretende modificar los patrones de gobernabilidad y transformar el modelo económico para el bienestar de la sociedad civil?, ¿o se trata simplemente de una reforma más, que propone modificarlo todo para que nada cambie?
Para responder estos interrogantes, el presente artículo intenta recopilar y analizar las principales propuestas para la reforma del Estado que sobre los temas de régimen de Estado y gobierno, democracia y sistema electoral y federalismo han presentado el Partido Revolucionario Institucional (pri), el Partido Acción Nacional (pan) y el Partido de la Revolución Democrática (prd). Nos restringimos a estos tres partidos políticos en razón de que ellos representan el 88% de los votos de la Cámara de Diputados y el 92% de los de la de Cámara Senadores, instancias que aprobarán dicha reforma. Además, las coaliciones políticas como la del Frente Amplio Progresista: prd, Partido del Trabajo (pt) y Partido Convergencia (pcv) y las electorales como la formada por el pri, Partido Verde Ecologista (pvem)Page 43y Partido Nueva Alianza (panal), entre otras, nos dan, junto con los tres partidos mayoritarios, un amplio margen de representatividad del espectro de las fuerzas políticas presentes en el debate.
En lo referente a los contenidos, los temas seleccionados (régimen de Estado y gobierno, democracia y sistema electoral y federalismo), responden al ámbito de la política: “El proceso de la Reforma del Estado, con la redefinición de sus relaciones con la sociedad, es un proceso eminentemente político, a través del cual se están reconfigurando las relaciones de poder en las sociedades latinoamericanas.”2 En coincidencia con lo anterior, el interés prioritario de este trabajo es el Estado y la política (el resto de las propuestas de dicha reforma –reforma del Poder Judicial y garantías sociales–, no se analizan en este ensayo y deberán ser objeto de futuras investigaciones). La fuente de información utilizada es la publicada por la Comisión Ejecutiva del Congreso, responsable de organizar los foros y presentar la propuesta definitiva para la aprobación del Congreso de la unión.
Antes de proceder al análisis de las propuestas que se han elaborado para la reforma del Estado en México, es menester acudir a una definición conceptual. La reforma del Estado, al igual que la reforma de cualquier institución, implica reconocer que aquella se ha agotado o al menos resulta inadecuada para el funcionamiento del sistema global. Se trata también de la transición a la democracia: “partimos de la convicción de que la reforma del Estado es un paso inevitable para la fase de consolidación del nuevo Régimen y un elemento indisoluble de la transición democrática.”3
En el caso del Estado, su reforma deviene necesidad al agotarse o erosionarse las bases de gobernabilidad. Como señala Luis Aguilar: “En el fondo, la reforma del Estado es la respuesta al agotamiento de toda una economía política, es decir, de un modelo de desarrollo económico y de la red de instituciones y prácticas políticas que lo sustentaban”.4 Dicho ago-Page 44tamiento es mas o menos recurrente e intenso en función de dos factores: por un lado, la fortaleza de las instituciones y su flexibilidad para adaptarse a los cambios y por otro, la naturaleza e intensidad de estos cambios. Como señala María de Lourdes Flores Alonso: “las reformas al Estado son procesos inducidos cuyos objetivos esenciales buscan que el Estado asegure su supervivencia y su funcionalidad ante los incesantes cambios económicos, políticos y sociales de cada país.”5 La misma autora nos advierte sobre lo vasto del concepto de “reforma del Estado” y sobre la necesidad de acotarlo: “el concepto de reforma del Estado es muy extenso, ya que incluye gran cantidad de temas que pertenecen a los ámbitos de la política económica, política social, administración pública, política electoral, y a la naturaleza del Estado, siendo pues un concepto tan vasto termina por perder su significado, por lo que desde las distintas disciplinas se intenta precisarlo acotándolo a campos más definidos.”6
Por su parte, Alberto Aziz Nassif nos propone una definición acotada a la gobernabilidad y el desarrollo económico: “por reforma del Estado vamos a entender el proceso de reacomodo del Estado como poder y como aparato, para la resolución de dos factores básicos: las condiciones de gobernabilidad de un régimen político que empieza a ser obsoleto, y readecuar el desarrollo económico a las nuevas condiciones internacionales, después del agotamiento del modelo substitutivo proteccionista”.7
En el siglo xx, después del triunfo de la Revolución y una vez consolidado el moderno Estado mexicano –tras las reformas cardenistas de la década de los años treinta– la estabilidad del Estado y la gobernabilidad fueron aseguradas por el trípode posrevolucionario formado por el presidencialismo, el partido político de Estado y la corporativización de las organizaciones de los trabajadores.
La crisis provocada por el movimiento social de 1968 no alteró esta estructura de poder y, para enfrentar las contradicciones de aquel proceso, el Estado recurrió a una reforma electoral limitada, a la cooptación de muchos de los dirigentes del movimiento y a una reestructuración económica de fondo. Es así que, en la década de los ochenta, se inicia la primera reforma del Estado posrevolucionaria; la crisis fiscal del 82, indujo políticas de ajuste y una reforma neoliberal del modelo económico. Este ajustePage 45económico, junto con la crisis político-electoral de 88, parecen ser los dos grandes eventos que llevaron a un nuevo nivel (más articulado y más conciente) la demanda de nuevas relaciones entre sociedad y Estado.
En este período, el proceso político puede describirse con la categoría “revolución pasiva”, acuñada por Antonio Gramsci en su estudio sobre la formación del Estado italiano. De acuerdo con Gramsci: “la ausencia de una iniciativa popular unitaria en el desarrollo de la historia italiana y el otro hecho de que el desarrollo se ha verificado como reacción de las clases dominantes a la subversión, esporádica, elemental, orgánica de las masas populares, como ‘restauraciones’ que ha recogido una parte de las exigencias de abajo; por lo tanto son ‘revoluciones pasivas’”.8 El complemento de esta permanente histórica es la carencia de proyecto por parte de las clases subalternas: “En todo caso, la falta en las fuerzas radicales populares de una conciencia de los objetivos de las fuerzas adversarias les impidió tener una clara conciencia de los propios y así pesar, en el equilibrio final de las fuerzas en forma acorde a su efectivo poder de intervención y determinar, por consiguiente, un resultado más avanzado sobre la base de un progreso más considerable y de exigencias más modernas”9 Este proceso se manifiesta con pequeñas reformas llamadas “de Estado”, que se proponen cambiar todo para que nada cambie. En este sentido, intelectuales como Porfirio Muñoz Ledo han convocado a la sociedad a “detener esa andanada de pequeñas reformas de coyuntura y proceder a la revisión integral de la Constitución política del país”.10
Por otra parte, el impulso democratizador de 1968 y de otras luchas como las de los ferrocarrileros, maestros, mineros, campesinos, etc. propiciaron, en México, el surgimiento de nuevos partidos y alternativas políticas (incluidas la electoral y la de la lucha armada), por lo que el panorama hegemónico del partido de gobierno comenzó a transitar hacia un mosaico político y cultural más rico, competitivo y complejo; siempre bajo la hegemonía de la facción posrevolucionaria dominante. “El cambio político ocurrido en México durante los últimos años es, al mismo tiempo, origen y consecuencia de la Reforma del Estado, entendida ésta, como un proceso constante, continuo. De ahí que la reforma del...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba