La corrupción en México y el entorno internacional
| Autor | Miguel Ángel Valverde Loya |
| Cargo | Director de la Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México |
| Páginas | 69-77 |
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El combate a la corrupción se ha convertido en un tema central del gobierno del presidente Vicente Fox. No es la primera vez que un primer mandatario mexicano toma esta bandera, basta mencionar en épocas recientes la llamada “renovación moral de la sociedad” de Miguel de la Madrid, respuesta al desenfreno del sexenio de José López Portillo. Sin embargo, apenas hasta épocas recientes se han hecho esfuerzos serios y objetivos por medir la corrupción en México, y que provienen de instancias no gubernamentales.
Tal ha sido el caso de la “Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno”, coordinada por la organización Transparencia Mexicana, y con el apoyo financiero de varios grupos empresariales. Los resultados que ha arrojado dicha encuesta son terribles; tal y como se suponía, la corrupción se encuentra ampliamente difundida en todos los renglones de los servicios públicos, y representa un considerable costo financiero para los ciudadanos y las instituciones1. Sin embargo, el sólo hecho de tener una referencia de medición confiable ha constituido un gran avance.
De gran trascendencia han sido también las reformas a la “Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”2 y la publicación de la nueva “Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”3, que refuerzan la vigilancia sobre su conducta y el uso de sus facultades, así como la aprobación de la “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”4. Esta Ley incorporó aportaciones de distintos sectores de la sociedad, incluidos académicos, partidos políticos, medios de comunicación y autoridades locales. Constituye un avance importante para aumentar la confianza de la sociedad en sus autoridades, al garantizar que cualquier ciudadano pueda conocer la información que poseen los poderes públicos, salvo aquella que expresamente sea reservada por ser parte de un proceso judicial. Para dar respaldo a esta disposición, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al cual habría que otorgar autonomía absoluta, para convertirlo en pieza angular del combate a la corrupción.
Durante mucho tiempo, el fenómeno de la corrupción en México se atribuyó al régimen autoritario priísta, en donde estructuras patrimonialistas y clientelares hacían del desvío de recursos públicos un instrumento para distribuir el poder político. La estabilidad como objetivo primordial y el desarrollo económico como fuente de legitimidad hacían permisible la corrupción, la cual “aceitaba” la maquinaria política. El sistema político distribuía beneficios económicos producto de la ilegalidad, en aras de mantener el orden y la disciplina. La famosa frase del general y luego presidente Álvaro Obregón, “ningún general resiste un cañonazo de cincuenta mil pesos” (una cifra muy considerable en aquellas épocas), ilustra la disposición del régimen de cooptar a sus enemigos mediante prebendas y recursos públicos. La estructura corporativista del “partido oficial” dio gran poder a los sindicatos y organizaciones afiliadas a dicho partido, que recibían explícitamente una cuota de cargos públicos, de los cuales podían disponer libremente.
La estructura burocrática, encabezada por un precedente con considerables facultades constitucionales y meta-constitucionales, concentraba y ejercía el poder político, por lo que los diversos sectores de la sociedad procuraban su atención y la manera de manifestarle sus intereses y fuerza. Ante la ausencia de un servicio civil de carrera, la supervivencia y el avance en esta burocracia dependía de la suerte del grupo político o “camarilla” a la que se pertenecía. El proceso gubernamental era poco claro, con gran discrecionalidad en manejo de recursos e información por parte de los funcionarios, sin instancias externas que les exigieran una verdadera rendición de cuentas. Por un lado, mientras con-Page 71tinuara el régimen en el poder, se sentían protegidos, a no ser por alguna venganza en su contra del grupo vencedor en la contienda interna. Por otro, la incertidumbre de volver a ocupar una posición de cierto nivel, sirvió de argumento para acumular los máximos ingresos posibles (por cualquier vía, legal o ilegal) mientras durara el cargo, así como para acuñar otra famosa frase, la del “año de Hidalgo”, o el último año de un período gubernamental, en el cual había que sacar el mayor provecho, dada la incertidumbre del próximo.
La llegada de la democracia en las elecciones de julio del año 2000 trajo consigo grandes expectativas de cambios, entre ellos si no el fin, cuando menos una drástica disminución de la corrupción, como ya dijimos, asociada al “antiguo régimen”. A pesar de la resolución mostrada por el gobierno de Vicente Fox, y las medidas que hemos mencionado, la transformación no ha sido ni será tarea fácil. La apertura democrática permite a los medios de comunicación desempeñar un papel más activo en la canalización de las demandas por ejercicio más responsable del poder, y el Congreso se ha convertido en la instancia que norma y decide sobre el destino y monto de los recursos públicos.
Conforme el sistema político se transforma, es necesario diseñar una estrategia coherente para atacar el problema de la corrupción. Hay que fortalecer las capacidades del Poder Legislativo, tanto a nivel federal como local, para desarrollar mecanismos de supervisión efectivos sobre la burocracia. Las responsabilidades de los funcionarios, así como los montos de los recursos que manejan y los objetivos para los cuales éstos son asignados, deben ser claros y difundidos públicamente. La creación de un sistema de servicio civil es ya una tarea impostergable. Esfuerzos serios en este sentido se iniciaron durante la administración del presidente Ernesto Zedillo, sin embargo, la desconfianza de los partidos de la entonces oposición la vieron como intento de perpetuar la influencia del grupo en el poder, creando un obstáculo político que no pudo ser superado. La cantidad de intereses que afectaría esta reforma (sindicales, carreras de influyentes políticos, expectativas de desarrollo profesional de la burocracia existente) la hace extremadamente complicada, pero vital para modernizar la administración pública y controlar incentivos para la corrupción.
La corrupción en México también ha sido descrita como un fenómeno cultural. La corrupción se “asume” como algo “natural”, a lo que la sociedad está tan acostumbrada, que no se asombra por su alcance o gravedad. Esto deriva en una impunidad y hasta una justificación de las prácticas corruptas, en donde “el que no tranza no avanza”. La extensión de estas conductas ha llegado a ser tan generalizada, que sencillamente se asumía que la obtención de un puesto público implicaría hacerse de un patrimonio aprovechando la situación. Esto no solamente era tolerado, sino aceptado resignadamente, a cambio de resultados gubernamentales “aceptables”. Esta “cultura de la corrupción” significa que además de las medidas institucionales, que busquen controlar y sancionar estas actividades, resulta fundamental una “renovación moral”, parafraseando uno de los (malogrados) lemas de campaña del ex presidente Miguel De La Madrid. Serán los propios líderes de la transformación –el presidente, los miembros del gabinete, los legisladores— quienes deberán predicar con el ejemplo, no sólo en su conducta personal, sino en los sacrificios políticos en que deban incurrir para sacar adelante las reformas necesarias para atacar este mal. Asimismo, para lograr credibilidad y el apoyo de la sociedad, los golpes a la corrupción deben de dejar de ser (o aparentar ser) venganzas o ajustes de cuentas entre políticos o partidos. La única manera de lograr esto es mediante órganos de fiscalización genuinamente autónomos, que realicen una labor sistemática y generalizada.
Resalta también la importancia de fortalecer el Poder Judicial en todas sus instancias, el...
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