Por qué no debe cancelarse el nuevo aeropuerto
| Autor | Jorge García Martínez |
| Páginas | 36-40 |
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La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), anunciada el 29 de octubre de 2018 por el entonces presidente electo, como resultado de una supuesta consulta popular, no se ajusta al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los derechos de los ciudadanos mexicanos para votar en consultas populares sobre los temas de trascendencia nacional (sus glosadores afirman que no se violó la Constitución, porque aquél aún no asumía la Presidencia).
En efecto, la “consulta popular” fue un acto partidista, pero si López Obrador, como presidente en funciones, realiza la cancelación, ésta tendrá consecuencias jurídicas y económicas que violentan el orden jurídico nacional en diversos aspectos, particularmente los regulados por los artículos 25, 26 y 134 de la propia Constitución, que, respectivamente, se refieren: a la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar en la generación de condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo; a la organización del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, y a la forma como se administrarán los recursos económicos de la Federación.
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Existen múltiples pronunciamientos de asociaciones, colegios y grupos de expertos en aeronáutica, de especialistas en materia económica, de politólogos y del sector empresarial, así como del presidente saliente, sobre el error de cancelar una obra de la que existen los estudios necesarios para su construcción y financiamiento, y que fue adjudicada mediante los procedimientos establecidos en las leyes vigentes.
Como lo expresaron quienes apoyaron la “consulta popular”, no era jurídicamente posible cumplir con el artículo 35 constitucional, porque aún no eran gobierno, y tendrían que haber esperado hasta 2021; pero tampoco se puede desconocer que los actos de un presidente electo pueden causar incertidumbre y desconfianza en los inversionistas.
Detener una obra con ese grado de avance para iniciar una obra de la que no se tiene ningún estudio serio, no sólo significaría el derroche de dinero público (porque, entre otros aspectos, se tendrán que pagar los daños y perjuicios a los contratistas a quienes se les rescindan los contratos sin una causa jurídica justificada; se tendrán que pagar las consecuencias económicas de la incertidumbre jurídica que se generará para los inversionistas; se perderán empleos; se perderá la posibilidad de solucionar la saturación del actual aeropuerto, y se limitará la posibilidad de crecimiento económico en otros sectores como el turístico), sino que ya no se podrá planear a mediano y largo plazos.
La incertidumbre generada por el presidente López Obrador es grave por sí misma, pero lo verdaderamente alarmante sería la destrucción del Sistema Nacional de Planeación establecido en los artículos 25 y 26 constitucionales. Si el hoy presidente decide ratificar el anuncio de la cancelación del aeropuerto entraremos a una etapa de absoluto incumplimiento del orden jurídico nacional, porque con base en “consultas populares” (actos partidistas) no sólo decidirá una minoría que no tiene el más mínimo conocimiento del tema de la...
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