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La suspensión de sus funciones del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar en Saltillo, Coah., Luis Armando Jerez Treviño y del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, Gerardo Tiscareño Mercado, así lo corroboran. Ambos se encuentran relacionados con acciones que habrían beneficiado la operación de casinos, que son investigadas por la PGR. No hace mucho que el CJF denunció a Esiquio Martínez Hernández, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien fue consignado como presunto responsable del delito de enriquecimiento ilícito, por haberle detectado en sus cuentas cantidades millonarias. Parece que los llamados del Presidente de la República para meter en cintura a funcionarios judiciales corruptos que aparentemente están colaborando con delincuentes, comienza a dar resultados. Veremos cuántos juzgadores más caen por la denuncia del Presidente Felipe Calderón expresada en una coloquial frase referida a la PGR y a los jueces federales: "Mientras nosotros los metemos, los metemos y los metemos, ellos los sacan, los sacan y los sacan". Mientras tanto, a raíz de la cloaca que destapó el incendio del Casino Royal, todavía se siguen aventando la pelota todo tipo de autoridades, a pesar de que todos sabemos que en este negocio "ilícito" están coludidos altos funcionarios de los tres niveles de gobierno: del la Secretaría de Gobernación, que discrecionalmente autoriza la apertura de casinos a sus "cuates" o socios; de los gobiernos estatales y municipales, que les dan las autorizaciones o los toleran para operar; y eventualmente, de algunos jueces federales que les otorgan suspensiones en juicios de amparos para abrir sus puertas, sin fijarse si son legales o si cuentan con las medidas de seguridad indispensables.
Veracruz vuelve a ser el centro de atención de la opinión pública, no sólo por el tema de delincuencia organizada, sino también por los actos contra Twitteros, que atentan contra la libertad de expresión consagrada en el artículo 6o Constitucional. La detención de dos twltteros jarochos, acusados de terrorismo, dejó mal parado al Gobernador Javier Duarte y dio la impresión que le preocupa más detener personas que manifiestan o informan sobre actos en la entidad, que capturar y procesar a peligrosos delincuentes que tienen en estado de shock a toda la población de la entidad. Los 35 cuerpos sin vida de presuntos "zetas", lanzados en pleno centro de Boca del...
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