Fuerzas armadas y seguridad pública

AutorAlejandro Carlos Espinosa
Cargo del AutorJuez Ad Hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Páginas349-359
349
CAPÍTULO 13
FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD PÚBLICA
De la Fuerza nac e el derecho
OTTO EDWARD BRISMARCK
La naturaleza, función, objetivo y competencia constitucional de las Fuerzas
Armadas que ha sido tratada en el presente libro, deja clara su situación
tanto en el ámbito de la organización social, como en el de la legalidad e
incluso en la Administración Pública Federal, donde debe responder por la
defensa de la soberanía nacional bajo el mando directo del Presidente de
la República Mexicana. El fuero de guerra se eleva a rango constitucional al
justificar la existencia y funcionamiento de un modelo de justicia para las
Fuerzas Armadas Mex icanas.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas han servido al Estado de apoyo inva-
luable en numerosas acciones de toda Índole donde sin su presencia no se
hubieran podido alcanzar las metas trazadas, sobre todo en los programas
emergentes que exigen acción inmediata, como en el desafortunado caso de
los desastres, o en el combate al narcotráfico. El problema de la insegur idad
pública en el territorio nacional es aterrorizante y ha rebasado la capacidad
para controlarla que tienen las instituciones encargadas de brindar seguri-
dad pública a la ciudadanía.
La seguridad pública de acuerdo a la Ley General que establece las Ba-
ses de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su nu-
meral tercero nos la define de la siguiente manera:
Artícu lo 3.—Conforme al A rtículo 21 const itucional y para los efe ctos de
esta ley, la seguridad pública es la f unción a cargo del Estado que tiene como
fines salvag uardar la integr idad y derechos de las person as, así como preservar
las libertades, el orden y la paz públicos.
Las autoridades competentes alc anzarán los f ines de la seguridad pública
mediante la prevención, pe rsecución y sanción de las infracciones y del itos, así
como la reinserción so cial del delincue nte y del menor infractor.
El Estado combatirá l as causas que generan la comisión de delitos y conductas
antisociales y desarrollar án políticas, programas y acciones para fomentar en la
sociedad valores cu lturales y cív icos, que induzcan el respeto a la legalidad.

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