Una fracción siniestra
| Autor | Gerardo Laveaga |
| Páginas | 40-41 |
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A ducir la deshonestidad de los policías a la hora de investigar, la escasa destreza de los peritos cuando aportan pruebas o la negligencia de los fiscales al argumentar, se ha vuelto lugar común.
“Les falta preparación”, se quejan los activistas. “Peor que eso —insisten los académicos—, carecen de compromiso.” Unos y otros coinciden en que el origen de la corrupción, la impunidad y la inseguridad que padece México está vinculado con sus recursos humanos.
¿Por qué, entonces, si esto es tan obvio, aún no tenemos esa policía, esos peritos y esos fiscales que la mayoría de los mexicanos anhelamos?
Hay respuestas de carácter histórico, económico y social. La más inmediata, sin embargo, es que muchos políticos no han querido cuerpos de esta naturaleza. Lo que han buscado es personas incondicionales que puedan nombrar y remover a su antojo. Los servidores públicos comprometidos, preparados y honestos podrían estorbar sus designios.
Más allá de las declaraciones rimbombantes y de la erogación de presupuestos millonarios, si alguien tiene duda al respecto le bastaría echar una ojeada a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, una de las prescripciones más execrables de nuestra Carta Magna. Se refiere, precisamente, a policías, peritos y fiscales: “Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que hubiere promovido”.
Desde el ámbito laboral, esto es una monstruosidad. Desde el político, explica una parte de los problemas que nos asfixian. Si usted fuera policía, perito o fiscal y su jefe necesitara su plaza para colocar a un compadre, podría despedirlo ipso facto, independientemente de su antigüedad y su desempeño, sin que nuestra Constitución representara un obstáculo.
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Peor aún, si su jefe le ordenara alterar una evidencia, usted no tendría más remedio que obedecer. En caso de que deseara conservar su chamba, claro. En otras palabras, en el México del siglo XXI no existen incentivos para dedicarse a cualquiera de estas profesiones y hacer de ellas un proyecto de vida.
En Alemania...
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