La estrategia contra el crimen organizado en México: análisis del diseño de la política pública/The Strategy against Organized Crime in Mexico: a Public Policy Analysis
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| Autor | Juan Carlos Montero |
| Cargo | Maestro en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey y doctorante en Política Pública de la Escuela de Gobierno |
| Páginas | 7-30 |
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Perfiles Latinoamericanos
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Enero/junio 2012
La estrategia contra el crimen organizado
en México: análisis del diseño
de la política pública
Juan Carlos Montero*
Resumen
Este artículo parte del reconocimiento de la amenaza que implica el crimen organizado
para un régimen democrático y analiza la política que, para combatirlo, se ha adoptado
en México durante la gestión del presidente Felipe Calderón. Asimismo, se cuestiona si
el gobierno considera este asunto como de seguridad pública o de seguridad nacional.
El hallazgo principal revela que el objetivo del gobierno federal no es combatir el cri-
men organizado sino la violencia que éste genera, y que para ello ha implementado una
política basada principalmente en el uso de la fuerza pública, factor que no facilita la co-
laboración inter e intragubernamental por los conflictos que surgen cuando se articulan
las políticas de seguridad pública con las de seguridad nacional.
Abstract
This paper is based on the assumption that the organized crime is a menace for democ-
racy. The article develops an analysis on the fight against organized crime’s policy design
in the Felipe Calderon’s government, questioning if the policy is managed as a police’s
issue or a national security’s issue. The main finding is the identification of the Mexican’s
government objective in the “war against organized crime” switching the focus from
organized crime to the violence created by criminal organizations. To fight violence the
government implements a policy based on the use of public force that doesn’t consider
the cooperation between different governmental agencies.
Palabras clave: política de seguridad nacional, política de seguridad pública, estrategia
gubernamental contra el crimen organizado, análisis del diseño de políticas.
Key words: national security’s policy, public safety’s policy, government’s strategy against
crime, policy’s design analysis.
* Maestro en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey y doctorante en Políti-
ca Pública de la Escuela de Gobierno por la misma institución, donde se encuentra adscrito a
la Cátedra de Inteligencia Estratégica. Agradezco al Dr. Bernardo González Aréchiga por sus
comentarios al presente artículo.
AR T Í C U L O S
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Introducción
Democracia y crimen organizado
El crimen organizado amenaza la estabilidad de las instituciones de-
mocráticas y del Estado en sí, plantea el funcionamiento de instituciones
gubernamentales que implican coerción —en un sistema institucional don-
de la libertad y los derechos individuales son cuestiones privilegiadas—, y
exige la cooperación entre diferentes órdenes de gobierno y dependencias
en un régimen diseñado para dividir y limitar el ejercicio del poder. Ello
implica una paradoja en las instituciones democráticas al ejercer el mono-
polio legítimo de la violencia en contra de los criminales a través de las
instituciones políticas diseñadas para dividir el poder.
El combate a la delincuencia puede llevar a que la democracia pase por
alto ciertos derechos con la finalidad de garantizar otros. Por ejemplo, a
que los gobiernos democráticos no respeten los derechos humanos de los
criminales en aras de proteger los derechos humanos, políticos y sociales
del resto de la sociedad, es decir, a cometer un mal menor a cambio de un
bien mayor (Ignatieff, 2004). Pero de esta manera se corre el riesgo de olvidar
los objetivos principales y que tales prácticas se conviertan en una cons-
tante. De aquí la importancia de los controles institucionales que limitan
y regulan la actuación del gobierno, aunque, al parecer, más bien impiden
su intervención. Por esta razón, la democracia no puede resolver los pro-
blemas públicos con medios no democráticos.
La incapacidad del gobierno para enfrentar retos como el crimen organi-
zado contribuye a la inconformidad de la sociedad respecto de la democra-
cia (Godson y Vergara, 2008: 9). Los ciudadanos advierten en la incapacidad
gubernamental una “disfunción política” que los puede llevar a aceptar la
limitación de ciertos derechos a cambio de obtener mejores resultados, lo
cual implica aprobar la restricción de la democracia.
Por otra parte, el crimen aumenta las percepciones de inseguridad per-
sonal y reduce la legitimidad de las instituciones democráticas, aminora la
inversión directa y demanda el gasto de recursos para su combate y pre-
vención (Karstedt y Lafree, 2006; Karstedt, 2006; LaFree y Tseloni, 2006).
Adicionalmente, en las democracias tal apreciación sobre la inseguridad
puede magnificar los peligros en detrimento de los esfuerzos gubernamen-
tales para resolverlos (Villalobos, 2009).
El descrédito del combate gubernamental contra el crimen organizado
se alimenta de la debilidad institucional, lo cual se evidencia en la incapa-
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