Esquema constitucional de una reforma política
| Autor | Dr. Manuel González Oropeza |
| Cargo | Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion |
| Páginas | 12-14 |
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Lo anterior es un mandato constitucional, consagrado en el artículo 40, y no sólo un deseo de coyuntura. La efectiva separación de funciones y servidores es la mejor garantía de un gobierno republicano, democrático y federal, que requiere calibrar un justo medio en el que los frenos entre poderes no sean un obstáculo al desempeño de sus funciones y que los posibles excesos de alguno de ellos, puedan contar con contrapesos que los neutralicen por parte de los otros.
Todo gobierno se debe instaurar en beneficio del pueblo y la mejor manera de hacerlo es garantizando plenamente sus derechos humanos. El compromiso de todos los ámbitos de gobierno hacia su protección debe ser total, por lo que no sólo el gobierno federal debe asumirlo en la esfera de su competencia y con los medios para tal efecto establezcan. Las comisiones de derechos humanos deben fortalecerse dotando a sus recomendaciones con fuerza vinculante, siguiendo, quizá, el modelo interamericano de derechos humanos, donde las comisiones recomiendan y, en caso de desacato a su recomendación, consigna ante la Corte para que resuelva en definitiva y con efectos vinculantes.
El Congreso de la Unión está cargado de infinidad de facultades legislativas que impactan profundamente en el régimen interno de los Estados aunque sin que éstos puedan concurrir en su función. La regla general de distribución de competencias contenido en el artículo 123 constitucional ha sido deformado desde 1883 aglutinado en exclusiva para la federación atribuciones que corresponden a los Estados, trastocando así el diseño original del sistema federal.
Este diseño federal tendía a la concurrencia de competencias haciendo de los Estados y la Federación copartícipes en la formación de políticas públicas. Además de explorar la necesidad de dotar con facultades legislativas a los Municipios, el conglomerado de competencias del Gobierno Federal debe permitir la delegación de facultades legislativas a los Estados desde la propia ley federal. El proceso de delegación, que debe contar con un fundamento constitucional, puede comenzar a petición expresa de los Estados en las materias de interés para que el Congreso valore las reformas pertinentes en las delegaciones legislativas. Cada materia federal delegada podrá ser distinta en su reforma y alcances, de esta manera el federalismo rígido y excluyente que tenemos, se transformaría en flexible e incluyente, sin que la federación pierda la capacidad de orientar la...
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