Editorial
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Actualmente, México es considerado uno de los países más peligrosos para los periodistas,
así lo advierten la organización Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Prot
ección de
Periodistas, y lo fundamentan los asesinatos y la violencia que ha proliferado en contra
del gremio en los últimos años, recientemente, la muerte de Javier Valdés Cárdenas, corres-
ponsal de La Jornada y cofundador de Riodoce de Culiacán, Sinaloa, quien fue baleado en el
centro
de dicha ciudad.
Aunque las razones de su muerte no se saben a ciencia cierta, se deducen. Pues al mismo tiempo
que colaboraba en ambos medios se dedicó a realizar investigaciones a fondo sobre las organi-
zaciones delictivas que operan en Sinaloa y otros puntos cercanos. Los morros del narco, Mala
yerba y Narcoperiodismo son algunas de sus obras, por lo que se puede inferir que su muerte se
debe a su osadía, ya que él pronunció en una entrevista: “quedarme callado sería ser cómplice”
(Proceso, 2017: 12).
Tras este asesinato y otros acaecidos en el contexto mexicano que se suman a las amenazas y
extorsiones que cotidianamente sufre el gremio, nos preguntamos, si el Día Mundial de la Liber-
tad de Prensa —que se conmemora el 3 de mayo— se convertirá en un acto en el que se reme-
moran a los que fallecieron en cumplimiento de su deber, o bien, será necesario implementar
medidas preventivas urgentes que permitan salvaguardar la integridad de los periodistas, en un
contexto en el cual el índice de violencia ha trastocado la libertad, la seguridad y hasta la vida.
Es apremiante legislar en cada estado con respecto a la protección y respeto a los derechos de
los periodistas —actualmente sólo 20 estados cuentan con leyes en la materia—, pues si bien es
cierto que los artículos constitucionales contienen un catálogo de garantías sobre manifestación
de ideas, derecho a la información, libertad de prensa, censura previa y delitos de prensa, a la
fecha no se conoce ninguna legislación sobre el derecho a la información, y mientras sólo sea un
enunciado, existe indeterminación jurídica.
Al mismo tiempo, es urgente resolver el alto índice de impunidad para casos en los que se in-
volucran a periodistas, es decir, proporcionar certeza jurídica a la víctima en la investigación, la
persecución y las sentencias.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuenta con un díptico en el que se
plasman los derechos de este sector de la población, asimismo, es una guía sobre los organismos
creados y los instrumentos jurídicos nacionales y estatales cuyo fin es proteger y fomentar el
respeto a los periodistas.
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