Las cosas, por su nombre…
| Autor | Juan Ramírez Marín |
| Páginas | 92-115 |
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Desde fines del milenio pasado, se ha dado en la ciudad de México un movimiento en favor del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y de otras formas de arreglos domésticos, agrupados hoy en la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia.
Cabe recordar, que en febrero de 2001, cuando esta iniciativa se presentó por primera vez, impulsada por una red de organizaciones lésbicas, gay, transexuales y de derechos sexuales, parecía que tenía condiciones políticas muy favorables para ser aprobada: se presentaba en el contexto de un gobierno de izquierda, con una fracción parlamentaria de izquierda mayoritaria, un importante apoyo de intelectuales, artistas, académicos y juristas, una opinión pública aparentemente cada vez más favorable a la iniciativa, y encabezaba la lucha una diputada que además, presidía la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Sin embargo, por razones estrictamente políticas, la ley no se aprobó y el tema quedó en la “congeladora”; he aquí una reseña del camino que esta iniciativa ha sorteado desde su nacimiento.
En 1999 el diputado local del PRD, David Sánchez Camacho, impulsó la reforma del artículo 281 bis del Código Penal del Distrito (aprobada por la ALDF), con el objetivo de penalizar todas las formas de discriminación, incluida la derivada por la orientación o preferencia sexual.
En diciembre de 2000 llegó a la ALDF la diputada Enoé Uranga, principal promotora de la Ley de Sociedades de Convivencia, en virtud de una alianza entre la organización feminista Diversa y el Partido Democracia Social.
Armando Quintero, entonces coordinador de la fracción legislativa del PRD y presidente de la Mesa Directiva de la ALDF, anunció una iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil del D. F., con el propósito de incluir la figura jurídica de “uniones solidarias”, para dar reconocimiento legal a las parejas formadas por personas del mismo sexo.
La iniciativa no fue presentada al Pleno, debido a que el supuesto apoyo que Quintero habría recibido para impulsarla, fue desmentido por la izquierda y algunos grupos lésbico gays. Los representantes de la derecha y la Iglesia católica aprovecharon el momento para manifestar su total rechazo a la propuesta.
En 2001 se reformó el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir todo tipo de discriminación.
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Entonces, en febrero, la propuesta formal de Ley de Sociedades de Convivencia fue presentada públicamente por la diputada Enoé Uranga.
Inmediatamente, representantes de organizaciones civiles, lésbicas, gays, transexuales, de mujeres y de derechos sexuales, formaron una Red Ciudadana, con el fin de apoyar las acciones encaminadas a la aprobación de esa ley.
La figura jurídica estaba basada en el modelo francés aprobado en 1999 con el nombre de Pacto Civil de Solidaridad (PACS), con la diferencia de que la propuesta de Enoé podría abarcar otras formas de convivencia, incluso las formadas por más de dos personas, ya que el vínculo primordial para establecerla se basaba en la voluntad personal de permanencia y apoyo mutuo, y no sólo en el vínculo conyugal.
Esta propuesta pretendía dar reconocimiento de derechos mínimos de tutela, arrendamiento, alimentación y sucesión de bienes a compañeros co-residentes, a parientes lejanos y a parejas de diferente o del mismo sexo que decidieran cohabitar, sin comprometerse en matrimonio.
Adicionalmente, para que surtiera efectos en cuanto al derecho a la salud, se equiparó esta novedosa figura con el concubinato.
El 14 de febrero de ese año, Día del Amor y la Amistad, se organizó un registro simbólico de parejas, frente a la explanada del Palacio de Bellas Artes, lo que provocó gran revuelo y expectativa en los medios.
La condena de la jerarquía católica, de los voceros de sectores conservadores y de la derecha política fue inmediata. “Debemos evitar que la unión conyugal se trivialice”, reclamó el arzobispado de México y calificó al acto como un evento “propio de un carnaval” (Milenio, febrero 9 y La Prensa, febrero 14, 2001). El representante de Pro Vida, Serrano Limón, se refirió al acto como “kermesse” y a la iniciativa como “orgía familiar” (La Jornada y Reforma, febrero 12). “Se quiere legalizar lo ilegalizable”, arremetió el diputado local panista Ernesto Herrera (Milenio, febrero 9).
Curiosamente algunas voces disidentes dentro del activismo lésbico-gay coincidieron con estas apreciaciones, como la ex diputada Patria Jiménez, quien vaticinó que el acto sólo sería “parte de un espectáculo, en lugar de un ejercicio de la ciudadanía” (Milenio, febrero 9).
Pese a todas estas opiniones, se realizó el primer registro simbólico de parejas del mismo sexo y sorpresivamente, la prensa y los medios electrónicos dieron amplia cobertura al evento.
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La Iniciativa de Sociedades de Convivencia se presentó al Pleno de sesiones de la ALDF el 26 de abril siguiente, con el aval de 41 diputados de todos los partidos, salvo del PAN. Ese aval no significaba un espaldarazo al texto, sino únicamente el respaldo para que la ALDF diera entrada al trámite de análisis y revisión por parte de las comisiones correspondientes, para su dictamen.
El 14 de febrero de 2002 se realizó en el Hemiciclo a Juárez el segundo registro simbólico de parejas, al que acudieron las actrices y cantantes Isela Vega, Sasha Sokol, Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, María René Prudencio y el cineasta Jaime Humberto Hermosillo. La prensa registró entre 3 mil y 5 mil asistentes y 800 parejas registradas. Los impulsores de la iniciativa informaron que una comisión de asesores había ya concluido el análisis técnico y jurídico de la Iniciativa, por lo que esperaban que se aprobara en el siguiente período de sesiones.
Días después, tras varios intentos, el 20 de marzo las Comisiones encargadas dictaminaron, por mayoría absoluta, a favor de la propuesta. Sin embargo, diputados locales del PAN y del PRI desconocieron el dictamen y acusaron a la legisladora Uranga de dar un albazo, porque según ellos, ya no había quórum cuando se votó.
Para acallar los rumores sobre la supuesta invalidez, las Comisiones unidas ratificaron el dictamen en una sesión el 15 de abril. De un total de 23 legisladores, 16 asistieron a la reunión y de ellos, 15 aprobaron el dictamen. El periodo extraordinario de sesiones de la ALDF dio inicio a principios de julio y finalmente se programó el punto de Sociedades de Convivencia, para el día 4 de ese mes.
El día fijado para discutir la iniciativa, la expectación en la ALDF crecía en la medida en que se acercaba la hora de abordar el punto. Sin embargo, el diputado panista Francisco Solís Peón solicitó “a título personal” una moción suspensiva, para que se regresara la propuesta de ley a Comisiones, por considerarla carente de fundamentos jurídicos. Así, luego de una segunda votación, la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia fue enviada a la “congeladora”.
En 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación por cualquier motivo, incluidas las preferencias sexuales. El 14 de febrero, miles de personas volvieron a reunirse en el Hemiciclo a Juárez para realizar el tercer registro simbólico de parejas. Esa vez, acudieron más de 5 mil personas y se registraron más de mil parejas (de distinto y del mismoPage 95sexo), con la presencia de Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
En abril se repitió el intento de llevar al Pleno de la ALDF la discusión de la Iniciativa de Sociedades de Convivencia. Luego de varios intentos infructuosos –por falta de quórum- de dictaminar la propuesta de ley, en la reunión del 22 de abril de ese año, las Comisiones unidas de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias de la ALDF aprobaron un nuevo dictamen, por 13 votos a favor, una abstención y un voto en contra, lo que abrió el camino para su discusión en el Pleno.
Se repitieron también los intentos de Patricia Garduño, coordinadora de la fracción panista de excluir la discusión del Orden del día, como lo denunció el grupo plural de once legisladores partidarios de la iniciativa, en conferencia de prensa del 28 de abril. Finalmente, luego de arduas negociaciones, lograron agendarla para el día 30 de abril, último día del periodo ordinario de sesiones.
Llegado ese día, los diputados impulsores de la propuesta se encontraron con la novedad de que la Comisión de Gobierno no había incluido en la agenda el dictamen de la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia, por lo que decidieron tomar la tribuna e interrumpir el desarrollo de la sesión, para forzar su inclusión.
Luego de dos horas de deliberaciones entre los coordinadores de las principales fracciones legislativas, se decidió incluirlo en el punto 18 del Orden del día, pero justo antes de abordarlo, el presidente de la Mesa Directiva, el panista Tomás López García, dio por concluida la sesión y huyó por la parte trasera del recinto, lo que provocó confusión y gritos. En ese momento sólo había 33 de los 34 diputados necesarios para seguir sesionando, pero como en estampida, también se escabulleron los demás diputados panistas, con excepción de Hiram Escudero.
En septiembre, el nuevo coordinador de la fracción mayoritaria y presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, “el señor de las ligas”, se comprometió públicamente a impulsar la iniciativa de Sociedades de convivencia y declaró su intención de retomar el documento en los mismos términos en que lo había dejado la anterior legislatura. A su vez, el coordinador de fracción priísta, Manuel Jiménez Guzmán, también anunció que apoyaría la iniciativa y ofreció el voto de sus 6 diputados.
El 5 de diciembre las...
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