La Constitución de 1917 y el Partido Encuentro Social
| Autor | Alejandro González Murillo |
| Cargo del Autor | Coordinador del grupo parlamentario de Encuentro Social |
| Páginas | 171-196 |
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su concepción en 1917, ha tenido como fundamentos centrales el garantizar los derechos ciudadanos y limitar el poder de los cargos y servidores públicos. Según el Decreto expedido el 14 de septiembre de 1916, el texto constitucional debía contemplar disposiciones directamente encaminadas a preparar el establecimiento de aquellas instituciones que hicieran posible y fácil el gobierno del pueblo y que aseguraran la situación económica de las clases proletarias, además de que se contemplaron disposiciones que garantizarían el efectivo y pleno goce de los derechos de todos los habitantes del país.
En ese contexto, y sin temor a caer en el error, la Carta Magna es el documento que durante los últimos cien años ha reflejado constantemente el devenir de la vida política, social, económica y democrática de nuestro país; se ha reformado con el propósito de adecuarla a la realidad.
Prueba de lo anterior es que la Constitución registra más de seiscientas modificaciones, entre reformas y adiciones, algunas de ellas necesarias, otras coyunturales, y otras más oportunas según la circunstancia política del momento. Por ello, a
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cien años de existencia de nuestra Carta Magna, en el Partido Encuentro Social consideramos oportuno impulsar la reflexión sobre el significado de nuestro texto constitucional porque hoy, como ayer, necesitamos tener una visión de renovación que responda al cambio social, económico, cultural y político que tanto hace falta en nuestro país.
Pero una visión renovadora que articule las demandas de la sociedad y el funcionamiento de las instituciones, sin manipulaciones, y que sirva como guía para los ciudadanos; una visión que nos haga trascender las categorías ideológicas e impulse nuevas relaciones y conexiones entre la gente y sus problemas, debe ser el sentido primario de la Carta Magna, tal y como lo marca nuestra Declaración de Principios.
No podemos dejar al margen el hecho de que, ante el número de modificaciones que se le han hecho al texto constitucional, sería necesario hablar de una nueva Carta Magna, lo que equivaldría a convocar a un congreso constituyente; es un debate que no podemos obviar aun cuando, eventualmente, sabemos que hemos estado inmersos en un proceso continuo de “actualización constitucional” que ha permitido a México transitar en relativa calma hacia otros estadios.
El presente texto, que forma parte de la obra colectiva El poder reformador de la Constitución —que por iniciativa de la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, forma parte del libro que contendrá la colaboración de todos los grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura—, pretende convertirse en un espacio de análisis del pasado y reflexión del presente sobre nuestra Carta Magna.
En las siguientes páginas se verá reflejado el sentir del Partido Encuentro Social en torno al texto constitucional de 1917 y el futuro inmediato del mismo, por ello, en un primer momento se abordará lo relativo a la Constitución y el pensamiento progresista que se plasmó en el texto de 1917; en esencia, versará sobre los ejes vertebrales de esa Carta Magna, tales como derechos sociales, no reelección, garantías individuales,
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división de poderes, propiedad de la tierra, aspecto educativo, libertad de expresión y libre asociación de los trabajos.
Un aspecto fundamental del texto de 1917 es lo relativo al Estado laico, el cual revisaremos en un segundo momento, para luego abordar el tema del desarrollo económico y la forma en que constitucionalmente se fue adaptando el país a los paradigmas nuevos de crecimiento e industrialización.
La Constitución y el orden jurídico internacional también serán objeto de revisión toda vez que es importante analizar cómo se ha dado la adaptación de normas a lo que establecen los tratados internacionales, especialmente en materia de derechos humanos.
Se revisará el “proceso democratizador” del país a través de lo que ha significado la modificación o adición de normas o preceptos para garantizar elecciones limpias, competencia abierta y calidad de la democracia, para luego abordar los temas de federalismo, regionalismo y municipalismo que también se han garantizado en nuestra Constitución.
Finalmente, se concluye con un análisis del contenido ideológico-programático del Partido Encuentro Social y la Constitución de 1917.
La desigualdad e injusticia económica y social que padecía nuestro país a principios del siglo xx fueron, junto con el anhelo de contar con un régimen democrático, las causas que dieron origen a la Revolución Mexicana. En este sentido, el Constituyente del 1917 incorporó espléndidamente los tres ideales de nuestra Revolución: democracia, nacionalismo y justicia social; sobre estos tres pilares se construyó la que sería la primera Constitución Social en la historia de la humanidad.
Lo anterior no hubiera sido posible sin el pensamiento progresista de personajes de la talla de Múgica, Félix F. Palavicini,
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Pastor Rouaix, Alfonso Cravioto, Manuel Andrade, y varios otros más que, desde la Comisión de Legislación Social, se ocuparon de darle identidad a nuestra Ley Suprema.
De igual forma, resultó invaluable el compromiso, que manifestó el presidente Carranza con los ideales revolucionarios, promulgando un decreto de Adiciones al Plan de Guadalupe, en el que se comprometía a impulsar y apoyar reformas de diverso corte: agrarias para devolver tierras a sus legítimos dueños; fiscales, para implantar impuestos equitativos a los bienes y raíces; laborales, persiguiendo mejores condiciones de trabajo a obreros, peones rurales y mineros, entre otros avances de largo aliento
Gracias a lo anterior, el Constituyente pudo darle un alto contenido de justicia social a nuestra Carta Magna instaurando, sin proponérselo, el llamado “Constitucionalismo Social”. Esta novedosa forma de constitucionalismo no sólo buscó establecer las bases de la organización política del Estado y el reconocimiento y protección de los derechos individuales del hombre, sino que fue más allá, al incorporar los llamados “Derechos Sociales” en la Constitución y al establecer las bases de nuestro sistema económico.
De esta forma, se atendió la mayor parte de las demandas sociales de los sectores campesino y obrero. En el primer caso, se sentaron las bases de la llamada Reforma Agraria, el reconocimiento de la personalidad de los núcleos ejidales y comunales y la protección de su propiedad sobre la tierra y la prohibición del latifundio; así como garantizar justicia expedita, honesta y equitativa para los campesinos.
Por su parte, el sector obrero consiguió enormes avances en la protección de sus derechos; así por ejemplo: se estableció el derecho al trabajo digno y bien remunerado, el descanso semanal, las vacaciones, la protección a mujeres embarazadas, protección al salario, participación de los trabajadores en las utilidades, horas extras, vivienda, capacitación y adiestramiento para el trabajo, responsabilidad de los patrones por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales, normas de
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higiene y seguridad en los centros de trabajo, el sindicalismo, derechos de huelga y paro y la seguridad social para los trabajadores, entre otras muchas conquistas más.
De igual forma, el Constituyente del 17 se encargó de garantizar el derecho a la educación y a la salud y sentó las bases para que, tiempo después, se reconociera el derecho a la vivienda.
Si bien el Estado mexicano ha estado obligado, desde hace un siglo, a garantizar el goce de los derechos sociales de los mexicanos, obvio es decir que esto no ha ocurrido. El pobre alcance económico de nuestro país, un injusto sistema de ingresos y distribución de la riqueza, así como una arraigada cultura de la corrupción, han impedido la instrumentación generalizada de los derechos sociales en nuestro país.
En Encuentro Social nos preocupa que, a un siglo de haber sido promulgada nuestra Carta Magna, existan enormes pendientes en materia social; si bien sabemos que el ejercicio de estos derechos requiere de condiciones materiales e institucionales que posibiliten su plena realización y desarrollo. Hoy ya no resulta suficiente con su reconocimiento, es preciso trabajar en su instrumentación para garantizar que todos los mexicanos tengamos derecho a un trabajo digno y bien remunerado, seguro de desempleo, servicios integrales de salud, vivienda digna, pensiones justas y suficientes, educación de calidad, medio ambiente sano, etcétera.
Nuestro instituto político está comprometido con estas demandas sociales, estamos convencidos de que para hacer realidad los derechos sociales, se requiere generar riqueza y desarrollo económico, una distribución justa de la riqueza y atacar el mal de la corrupción. Nos preocupan las posturas simplistas que, con la bandera del populismo, llaman a otorgar toda clase de derechos sociales, aunque ello implique el endeudamiento irresponsable de la Hacienda Pública.
Las y los diputados federales de Encuentro Social estamos seguros que, si atendemos los tres problemas arriba señalados y somos...
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