Casos de éxito
| Autor | Óscar Uribe Benítez |
| Cargo del Autor | Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México |
| Páginas | 21-70 |
III
Casos de éxito
A)
Italia
Con la segunda guerra mundial se acabó la dictadura de
Benito Mussolini, lo cual permitió que Italia expidiera su
primera Constitución el 22 de diciembre de 1947. Este cuerpo
legal fue publicado en la Gaceta Oficial de 27 de ese mismo
mes y año.
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La Constitución de la República Italiana entró en vigor el 1°
de enero de 1948, según lo estableció su disposición transitoria
y final XVIII. El Código Rocco de 1930 siguió aplicándose, es
decir, el sistema procesal penal mixto de tendencia inquisitiva,
al cual se le realizaron algunas reformas. Sin embargo, la Corte
Constitucional, en funciones desde 1956, impuso al legislador
la adecuación a los principios constitucionales de aquellas
normas que parecían más claramente inspiradas en el modelo
inquisitivo y que por ello declaró inconstitucionales.
Adicionalmente, la Ley número 517 de 18 de junio de 1955,
modificó más de 120 artículos del Código de 1930.
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Después de varios proyectos d e Código de Procedimiento
Penal, el terrorismo constituyó un obstáculo para un proceso
garantizador y motivó la aprobación de leyes de emergencia,
que culminaron con la aprobación de un nuevo Código, el cual
fue publicado en la Gaceta Oficial de 24 de octubre de 1988 y
entró en vigor el 24 de octubre de 1989.
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Motivó respuestas legislativas la guerra de mafias y los
asesinatos contra jefes policiacos, militares, magistrados,
diputados, etc., con lo que demostraban el poder que iban
15
Página principal del Senado d e la República Italiana, disponible desde:
http://www.normattiva.it/
16
SFERLAZZA, Ottavio, Proceso acusatorio oral y delincuencia organizada,
Fontamara, México, 2005, pp. 54 y 55.
17
Ibídem, p. 57.
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adquiriendo las organizaciones criminales; pero además su
integración al sistema económico-financiero (empleo de
canales de inversión legal de las ganancias de actividades
ilícitas, o sea lavado de dinero); al sistema político-institucional
(gestión de recursos públicos, como los contratos de obra
pública, que transitó de sostén mafioso a grupos políticos a
participar directamente en la política); y al sistema de poderes
ocultos (relaciones con la logia masónica propaganda dos, P2).
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La Ley número 646 de 13 de septiembre de 1982, en vigor el
29 de ese mismo mes y año, en su artículo 1 adiciona el
artículo 416 bis al Código Penal, en el que se tipifica la
asociación de tipo mafioso y se contemplan penas para sus
integrantes; pa ra quienes promuevan; gestionen; y organicen
la asociación; para los asociados armados; así como agravantes
para quienes financien la asociación con el producto de la
actividad delictuosa, así como la pena de confiscar bienes
utilizados para cometer el delito y el producto del mismo. Los
demás artículos del 2 al 9 actualizan otras leyes para introducir
lo relativo a la asociación de tipo mafioso, excepto el artículo 8
que adiciona en el Código Penal el artículo 513 bis, en el que se
crea el tipo de competencia ilegal con violencia o amenazas,
contra comerciantes, industriales o productores.
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En el capítulo II, se contempla en el artículo 12, como
medidas de prevención, la vigilancia especial y la prohibición
de residencia. El artículo 13 adecua otra ley anterior para que
se aplique a sospechosos de la Camorra o pertenecer a
asociaciones de tipo mafioso. El artículo 14 prevé la facultad de
solicitar como medida preventiva información financiera y
secuestro de bienes, incautación de documentos en contra de
sospechosos de pertenecer a asociación criminal de tipo
mafioso, evaluando su origen, nivel de vida, disponibilidad
financiera y bienes de él; se permite investigar también a la
esposa y a los hijos, así como a las personas que haya
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Ibídem, pp. 113-116.
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Página principal del Senado de la República Italiana, disponible desde:
http://www.Normattiva.it/
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convivido con el sospechoso los últimos cinco años. En el
artículo 16 se prevé la interceptación de comunicaciones
telefónicas o conversaciones o telegráfica, para comprobar si a
aquellas personas en contra de las cuales se dictaron las
medidas preventivas, realizan actividades diversas o similares a
las que dio origen a dichas medidas. En el artículo 20 se
contempla sanción para servidores públicos que al dictarse una
medida preventiva en los registros, licencias o concesiones, no
retire éstas con motivo de la revocación o suspensión. En el
capítulo III, se prevén disposiciones acerca de delitos
financieros, de moneda y de empresa, del que se destaca que
aquellos que hayan sido objeto de alguna medida preventiva y
los condenados por asociación de tipo mafioso, tienen
obligación de informar los cambios en su patrimonio cuando el
valor no sea inferior a 20 millones de liras, dentro del plazo
legal y de no hacerlo incurre en delito. El capítulo IV, regula el
establecimiento de una comisión parlamentaria, integrada por
diputados y senadores, con las funciones de aplicar esta ley
que se comenta, las estatales y la dirección del Parlamento con
respecto a la mafia y sus comités. Evaluar lo adecuado de la
legislación existente y hacer propuestas legislativas y
administrativas para mejorar la ley e informar al Parlamento
cuando lo considere necesario.
En cuanto al sistema penitenciario, la Ley 354 de 26 de julio
de 1975 sobre el sistema penitenciario y la aplicación de
medidas para privar o limitar la libertad, fue modificada por la
Ley 663/86, publicada en la Gaceta Oficial de 16 de octubre de
1986, en cuyo artículo 10 adicionó el artículo 41 bis, el cual
prevé que en situaciones de emergencias graves o desorden,
como casos excepcionales, el Ministerio de Justicia tiene la
facultad de dejar de aplicar en la institución las normas
habituales de tratamiento de los detenidos e internados,
siempre y cuando dicha suspensión esté motivada por la
necesidad de restablecer el orden y la seguridad, por el tiempo
estrictamente necesario para el logro de tales fines. En tal
virtud fue derogado el artículo 90.
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