Cadalso
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El Senado aprobó una polémica reforma a la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
que permitirá a los agentes norteamericanos
de aduanas y migración portar armas en territorio mexicano. En estricto sentido, con esta
reforma no se pretende darles un beneficio injustificado para que los agentes extranjeros porten
armas de fuego en México, ya que la medida va
más allá y tiene el objetivo de agilizar la inspección migratoria o aduanal en los pasos fronterizos
de inspección de mercancías y de personas, con los
que disminuirán sensiblemente los tiempos de espera
en este tipo de trámites. La autorización de la portación de armas a los servidores públicos extranjeros de
migración o aduanas acreditados para las funciones establecidas, tendrá una vigencia de 6 meses y podrán usar las que utilizan en su país de origen, con lo que se limita el tipo de armamento. De acuerdo con los argumentos del Senador priista Patricio Martínez García, quién fue Gobernador de Chihuahua, más allá de un patriotismo barato, esta medida tiene importantes ventajas económicas y jurídicas, ya que, por un lado, el flujo de visitantes aumentará hacia ambos países, y por otro lado, se abatirán los complicados y retardados trámites de despacho de todo tipo de mercancías en las aduanas mexicanas, que podrán ser previamente autorizadas por los agentes extranjeros, así que la medida no sólo pondrá a nuestra legislación en la materia a la altura de las mejores prácticas en el mundo del Derecho Internacional, sino también, agilizará los trámites aduanales reduciendo sensiblemente los tiempos que hoy se emplean para la revisión de mercancías y documentos. Desde luego que es necesaria la aprobación de reglas claras para la portación de las armas por parte de los agentes fronterizos, quienes deberán estar bien capacitados para su uso y manejo y que éstas sólo podrán permanecer dentro de las instalaciones en donde se encuentren realizando su labor. Señaló el Sen. Patricio Martínez, miembro de la Comisión de Defensa Nacional y uno de los principales impulsores de la medida, que también busca armonizar el concepto de residente permanente, en términos de la Ley de Migración.
Con el desencanto de representantes de organizaciones de defensa de Derechos Humanos,
con una precaria mayoría de 6 contra 5 votos
de los ministros, la Suprema Corte reiteró que
el arraigo es constitucional en nuestro país. El
Pleno del máximo tribunal de la República resolvió que dicha figura jurídica...
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