Aspirar a Contar con Verdaderos Profesionales del Derecho
| Autor | Carlos Escobedo Suárez |
| Cargo | Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM y asistente de investigación CONACyT SNI-III |
| Páginas | 24-28 |
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Entre 19851 y 2015, en México se inauguró una nueva escuela o facultad de derecho cada semana2, produciendo aproximadamente 30 mil nuevas cédulas profesionales de nivel licenciatura sólo en este último año, las cuáles se agregaron a las casi 100 mil ya existentes en los registros de la Secretaría de Educación Pública desde 19853. Por su parte, la cantidad de funcionarios públicos federales con formación en derecho asciende aproximadamente a 675 mil4; a esto hay que agregar la casi totalidad de los miembros del Poder Judicial y aproximadamente al 60% de los integrantes del Poder Legislativo5, y tendremos una aproximación bastante certera de la magnitud del impacto que sobre la vida pública tiene la profesión jurídica.
Sea por tradición, por antecedentes familiares, por afanes de mejorar la propia riqueza material, o bien, por el deseo del prestigio que (antaño) formaba parte del habitus del profesional del derecho, es muy amplia (y creciente) la cantidad de jóvenes que deciden llevar su vida profesional por el camino de la ciencia jurídica. No obstante, es común como estudiante de derecho recibir de familiares y amigos frases como, “estudiar derecho para jugar chueco”, “cuando acabes, te acomodas bien para que te moches con algo” o “abogados de más tenemos
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en la calle”. La cultura popular ha colocado en su imaginario a la figura del abogado como un ser poco menos que embustero y despreciable que se dedica a “fregar” al prójimo.
La situación que lleva a la sociedad a tener en tal estima a la profesión jurídica tiene raíces profundas en el sistema económico, en las prácticas culturales de corrupción e impunidad, en la ausencia de mecanismos de autoregulación del ejercicio de la profesión (como la colegiación obligatoria) y en la pérdida de credibilidad de las instituciones del poder público. Sin perjuicio del recuento anterior, habría que señalar que uno de los problemas de la abogacía menos tratados es el de la excesiva amplitud de la ciencia jurídica y sus implicaciones para el ejercicio profesional.
Las más de 10 ramas tradicionales del derecho (y otras tantas inventadas y renombradas cada cierto tiempo) hacen material-mente imposible que un egresado de la licenciatura en derecho pueda desempeñarse con eficacia en todas y cada una de ellas. Esta condición es lo que ha provocado el fenómeno de la sobreespecialización: un número considerable de abogados que saben muy poco de muchas cosas y (en el mejor de los casos) demasiado de una sola. Además de la práctica profesional, es evidente el reflejo de este fenómeno en la enseñanza: es común que los profesores apelen a la “mayúscula y especial” importancia de “su” materia por encima de todas las otras para acicatear a los estudiantes a dedicarse de lleno al estudio de la misma.
Otra consecuencia de la amplitud del Derecho es la diversidad de ámbitos y funciones que puede desempeñar en la sociedad una persona licenciada en esta ciencia: desde juez y ministro hasta profesor de preparatoria y oficial de policía; pasando por funcionario de la administración pública (en todos sus ámbitos y niveles), fiscal, investigador académico, profesor...
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