Apenas se están Colocando las Primeras Piedras en Materia de Atención a Víctimas

AutorJulio Hernández Barros
CargoEx Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Páginas52-54

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El combate a la delincuencia y el crimen organizado por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales y las autoridades municipales, ha dejado en nuestro país un número considerable de víctimas tanto del delito y más allá, de la violación de sus derechos humanos.

Entre diciembre de 2006 y enero de 2018 han muerto alrededor de 120 mil personas por vía de ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad, entre estas se encuentran civiles, estudiantes, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, pero también falsos positivos, aunado a los problemas de desapariciones forzadas, escuadrones de la muerte, levantones y bajas colaterales.

El grito de “¡Estamos hasta la madre!”, de Javier Sicilia; la creación de México sos por parte de Alejandro Martí, que procura tener un sistema sólido de justicia y legalidad libre de corrupción, sin impunidad; la Asociación Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace que tiene como misión ayudar de forma integral a las víctimas del secuestro; y las miles o decenas de miles de víctimas sin nombre, perdidas en el anonimato que la propia estructura gubernamental propicia, han sido la fuente de creación de esta propuesta, que no deriva más que del dolor, de la tragedia y de la sangre de los mexicanos.

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Una propuesta que en un país sin corrupción, sin impunidad y sin negligencia, no tendría razón de ser, una propuesta de ley para mitigar lo ocasionado por la inaplicación de otras leyes.

El error de considerar que el enemigo estaba afuera y que el combate sería relativamente sencillo, cuando la premisa es falsa y el gobierno se encuentra infiltrado desde los mandos más altos haciendo escala por todas las jerarquías y en los tres niveles de gobierno, también ha sido un factor importante que ha ocasionado una cantidad elevada de víctimas en nuestro país.

Esta realidad no es soslayada por parte del gobierno federal, que tiene entre sus altas encomiendas la protección y seguridad de la población. Antes que rehuir a dicha problemática, como una forma de enfrentar los innumerables daños que han traído la delincuencia organizada y de otro tipo, y la violación a los derechos humanos, evidencia día a día su preocupación y empeño por proporcionar respuestas, a través de la creación de mecanismos que contribuyen a eliminar la injusticia y la inequidad. Sin embargo, el Estado no ha cumplido con el deber de brindar seguridad ni justicia a su población, pues en la...

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