Anticorrupción. El gran reto
| Autor | Pedro Flores Becerro |
| Cargo | Secretario regional de la zona centro 2017-2018 |
| Páginas | 12-12 |
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A últimas fechas, la Región Zona Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) se ha preocupado y ocupado para que la revista sea una importante herramienta para la profesión contable y de consulta permanente para los sectores público y privado, tanto nacional como internacional. Por ello, el Vicepresidente Regional, 2017-2018, C.P.C. Leopoldo Antonio Núñez González trabajó con todas las comisiones de la Zona Centro, para definir y explicar de manera sustancial el tema que hoy nos atañe: el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que desde su creación ha tenido diversas modificaciones. Sin embargo, su objetivo nace de una reforma constitucional que pretende prevenir y combatir la corrupción y los actos u omisiones de los servidores públicos, los cuales podrían traducirse en faltas administrativas.
El 27 de mayo de 2015, en las reformas constitucionales, se crea el SNA como instancia de coordinación entre autoridades de todos los niveles de gobierno y, adicionalmente, se crean paquetes de legislación secundarias para prevenir y combatir la corrupción, pero a poco más de tres años de su creación no se ha definido el rumbo que permita dar mejores resultados y una participación ciudadana más comprometida para abatir la corrupción.
Ahora bien, entre los paquetes legales señalados se crean los siguientes ordenamientos legales: la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Responsabilidad Administrativa.
La Ley de Disciplina Financiera tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, administrando sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Por otro lado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene como objetivo detallar las responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscal. El control interno en la administración pública desempeña un papel importante como mecanismo para reducir y conocer los riesgos, y asegurar así que las entidades logren los objetivos ante las condiciones adversas.
Las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización constituyen un marco de referencia para la actuación de aquellos entes encargados de revisar la gestión de los...
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