Estado actual de la reforma institucional y el servicio civil de carrera en México
| Autor | Rafael Martínez Puón |
| Páginas | 89-100 |
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Los comienzos del siglo XXI significan para el Estado mexicano estar presente en la innovación, renovación y redescubrimiento de sus instituciones tanto económicas, políticas, gubernamentales, administrativas y sociales (MARCH y OLSEN, 1997: 41 y ss.); en resumen, en la creación de una nueva institucionalidad que permita el fortalecimiento y la consolidación de la democracia, entendida precisamente como un sistema de vida institucional (UVALLE, 1998). Los procesos de cambio en los que se ha envuelto el Estado mexicano en los últimos 30 años lo conducen a replantear su papel, sus políticas, su quehacer gubernamental y administrativo, pero sobre todo sus instituciones, entendidas éstas como las reglas del juego tanto formales como informales, que propician la interacción y convivencia entre los individuos y las organizaciones (PRATS, 1999b: 34).
El Estado mexicano enfrenta principalmente cuatro grandes retos en relación con su reforma institucional vía consolidación democrática: 1) Un desarrollo económico sustentable respaldado por una infraestructura agroindustrial altamente competitiva en los mercados internacionales, acompañado de justicia social, traducida en mejores oportunidades de empleo, mejor distribución del ingreso y en elevar el nivel de vida de la sociedad. 2) La configuración de un nuevo sistema político que posibilite la creación de una nueva constitución, el redescubrimiento de la división de poderes, la publicitación de las decisiones políticas, una competencia justa entre partidos políticos, el fortalecimiento del federalismo, la sustancial mejoría del sistema electoral a través del perfeccionamiento de sus instrumentos legales y jurídicos, así como el uso de nuevas tecnologías, pero sobre todo la creación de instrumentos y fórmulas de participación ciudadana; todo esto con la idea de que se edifique la existencia y aplicación de un Estado de Derecho. 3) La reforma institucional del gobierno y la Administración Pública, que posibilite el perfeccionamiento y utilización de procesos como la descentralización administrativa, las políticas públicas, las tecnologías gerenciales, la gestión pública, la transparencia en el manejo de los recursos, la rendición de cuentas, la ética en el servicio público, el establecimiento de un servicio civil de carrera y la creación de nuevos mecanismos e instrumentos que permitan un mejor trato y diálogo con los ciudadanos. 4) El fortalecimiento de la sociedad civil y sus diferentes vertientes de organización a tra-89
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vés de la implementación de canales de comunicación con el Estado en un esquema de corresponsabilidad y complementaridad.
Las instituciones económicas tradicionales como la empresa, el sistema financiero, los sectores primario, secundario y terciario, se han visto envueltos en nuevos procesos como la globalización, las operaciones bursátiles transnacionales, las nuevas formas de propiedad, los nuevos bienes públicos, los tratados comerciales, las nuevas tecnologías inmersas en lo que se ha denominado como sector cuaternario, que, en su conjunto, han redimensionado a las primeras y han dado lugar a la creación de otras instituciones mucho más complejas.
Este redimensionamiento de las instituciones económicas tradicionales y la aparición de otras nuevas han generado como consecuencia, modificaciones en los roles de los actores tradicionales como el Estado, la empresa, el mercado y en las reglas formales e informales que regulan la economía. El caso de México es sumamente contradictorio, ya que, por una parte, se encuentra en una situación de desarrollo de su estructura agroindustrial y financiera y por la otra, tiene que afrontar los desafíos de la globalización económica y la lucha en los mercados internacionales. En ese sentido, los retos son enormes, y aunque se han aprovechado oportunidades en los últimos años, gracias a las enormes capacidades de inserción que se han logrado en los grandes conglomerados económicos, reforzados por la dinámica de la globalización y apertura comercial que impera, es evidente que se carece todavía de una infraestructura económica lo suficientemente productiva para competir y adquirir un lugar preponderante en los mercados internacionales.
En este aspecto, desde hace algunos años, las políticas económicas de apoyo e inversión económica en la infraestructura productiva nacional han variado sustancialmente; parece ser que la tendencia inminente es posicionar al Estado como un ente estrictamente de carácter regulador y promotor de la actividad económica y ya no como gran benefactor y propulsor de la infraestructura económica. Este proceso de cambio institucional no ha resultado ser sencillo por la existencia de políticas proteccionistas que prevalecieron durante décadas y que incluso dieron nacimiento a la industria y al sistema financiero existente, por el contrario, en muchos casos ha resultado costosa la dependencia que se generó de la industria con el Estado, lo que no le permite a la primera, hasta cierto punto, tener la mayoría de edad que se requiere para enfrentar los retos de la globalización.
Sin embargo, todo indica que no hay un retorno a las políticas proteccionistas que prevalecieron durante varios años, sino que hoy es necesaria la reorientación de las reglas y las políticas para lograr mejores condiciones tanto jurídicas como administrativas, que permitan una mayor certidumbre económica tanto a los sectores productivos como a los inversionistas, sean nacionales o extranjeros y que, en consecuencia, dé lugar, por un lado, al fortalecimiento de la estructura productiva nacional y, por el otro, a su preparación para la competencia en los mercados internacionales.
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La integración a bloques económicos como el norteamericano o mejor conocido como Tratado de Libre Comercio tampoco ha estado del todo libre de sacrificios, por el contrario, ha generado costos, sobre todo en el tenor de la supeditación a lineamientos supranacionales de carácter económico como la disminución de aranceles a productos de importación, o la modificación de normas aduaneras y sanitarias. Aunado a ello, existe el obligado cumplimiento de lineamientos dictados en su mayoría por organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, entre otros, por concepto de deuda, como son los de: mantener finanzas públicas sanas, niveles mínimos de inflación, tipo de cambio estable, niveles razonables de endeudamiento público, industria competitiva hacia el exterior, promoción de inversión extranjera, etc.
Otro de los elementos a considerar en el diseño de la política económica nacional es el desarrollo sustentable o sostenible (como se le conoce en Europa), enten-dido como el proceso que comprende el impulso de toda actividad económica acompañada del cuidado y preservación del medio ambiente y del desarrollo social (mayores recursos a la educación, salud, vivienda, alimentación) (JIMÉNEZ, 2000: 22 y ss.). Esto significa que toda actividad económica no puede desarrollarse de manera indiscriminada, sino que debe ir acompañada de un uso inteligente de los recursos naturales, de una mejor distribución del ingreso y mejora en los niveles de vida de la población. Esta institución del desarrollo sustentable, sin duda alguna, se constituye en un nuevo derrotero del Estado mexicano, aunado a su papel de Estado regulador y promotor, que, poco a poco, comienza a incidir en la cultura y el comportamiento de empresarios, sociedad civil y autoridades.
Sin embargo, si bien han existido en los últimos años esfuerzos importantes en cuanto a la...
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