Acciones colectivas: paraíso de extorsionadores
| Autor | Alberto Mansur |
| Páginas | 46-49 |
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En El Mundo del Abogado de febrero de este año se publicó un artículo sobre lo que el autor considera el fracaso de las acciones colectivas en México.
El texto entero es una queja acerca de cómo su caso está en peligro por lo que él llama el influyentismo, pero de los defectos sistémicos de la legislación aplicable o de cómo estos defectos han dado lugar a un paraíso para extorsionadores que consideran su cédula profesional como una patente de corso, no apunta una sola letra.
Sobre la queja de ese autor sólo puedo decir que es verdad que hay influyentismo. Es verdad que hay corrupción judicial. Pero también es verdad que sus asquerosas cabezas se asoman cada vez menos y que, en la inmensa mayoría de los casos, no son el factor determinante en un asunto.
Volviendo al tema de las acciones colectivas, éstas han fracasado por una pésima técnica legislativa que, lejos de aportar al noble propósito para el que fueron introducidas en nuestra legislación, las han convertido en un vehículo de extorsión.
Se ha dicho que son la demo-cratización de la justicia, que son el vehículo para que la gente de pocos recursos tenga acceso a un abogado que de otra forma no podría costear, que fortalecerán a los consumidores con quejas que, en lo individual y por su monto, no justifican iniciar un juicio contra un proveedor de bienes y servicios.
También están los que presumen de ser los más enterados, los que dicen que más que proteger los derechos de las minorías y consideran lo anterior como demagogia, afirman que su utilidad será promover los llamados derechos difusos, aquellos que no son de nadie en lo particular sino de un grupo de personas. El derecho a un medio ambiente limpio, a calles bien iluminadas y pavimentadas, a no ser molestados por el humo del cigarro ajeno en lugares públicos, a la publicidad honesta, y a… (ponga aquí lo que usted guste).
Pero aun los más expertos, sin excepción, se dejan deslumbrar por los veredictos millonarios de las acciones colectivas en Estados Unidos y creen que eso se replicará en nuestro país. Creen que median-te una acción colectiva se obligará a determinada compañía a pagar sumas millonarias por el daño que haya hecho al ecosistema o por los defectos en alguno de sus productos o por el daño que el uso de esos productos haya ocasionado a quien, sin deberla ni temerla, resiente sus efectos.
Esto sólo ha generado las acciones más absurdas y ha servido de incentivo para que abogados que ven su cédula como patente de corso pretendan extorsionar a las grandes empresas.
Empecemos con el esquema de participación en la colectividad. El nuestro es un sistema opt-in, en el que los individuos que quieren participar en la acción colectiva tienen que comparecer al juicio y manifestarlo así...
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