Recopilación de trabajos premio nacional de finanzas públicas - Libros y Revistas
      • Recopilación de trabajos premio nacional de finanzas públicas

Editorial:
Cámara de Diputados
Fecha publicación:
2017-05-16

Últimos documentos

  • Desigualdad, crecimiento económico y descentralización fiscal: Un análisis empírico para México

    En el presente estudio se analiza de forma empírica la relación que guarda la descentralización fiscal en México sobre la desigualdad regional y el crecimiento económico de las entidades federativas durante el periodo de 1993 a 2011, aunado a un análisis sobre convergencia de indicadores de bienestar en educación, salud y seguridad.
 La conformación del federalismo fiscal que ha tenido el país y el crecimiento económico de los estados, son temas de suma importancia para determinar sí el diseño de la coordinación fiscal federal ha tenido un impacto en la producción estatal y a su vez en la desigualdad de ingresos.
 El objetivo general de la investigación es clarificar el vínculo entre descentralización fiscal y los desequilibrios en la renta per cápita, el crecimiento económico e indicadores de bienestar en las entidades federativas en México, para lo cual se utilizan tres enfoques complementarios: 1) modelo de desigualdad entre las entidades federativas; 2) análisis de convergencia sencilla y condicionada; 3) análisis convergencia de indicadores de bienestar ligado a las aportaciones federales.
 En el modelo de desigualdad de la renta –modelo 1- se analiza la distancia del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en las entidades federativas con respecto al promedio nacional, teniendo como variable explicativa a la descentralización fiscal, así como un conjunto de variables independientes potenciales de las desigualdad regional en México. La metodología de estimación fue un análisis espacial de la desigualdad considerando un modelo econométrico de datos panel por Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS) y Errores Estándar Corregidos para Panel (PCSE).
 En este modelo 1, la descentralización fiscal fue medida por tres diferentes indicadores y estimada en tres diferentes ecuaciones: A) porcentaje de recaudación de ingresos propios de las entidades federativas con respecto a sus ingresos totales; B) porcentaje de las participaciones federales de las entidades federativas con relación al total de sus ingresos; y C) totalidad de las transferencias radicadas por las Federación con relación a sus ingresos totales.
 Los resultados obtenidos indican que una mayor descentralización fiscal por el lado de ingresos, expresada como un mayor porcentaje de ingresos propios con respecto al total de ingresos estatales, se encuentra asociado con disminuciones en la desigualdad regional. Asimismo, resultó que las participaciones federales no presentan un efecto sobre la desigualdad de ingresos en las entidades federativas.
 En el modelo donde se considera como medida de descentralización fiscal a la totalidad de las transferencias federales resultó que un crecimiento en el porcentaje de las transferencias federales tendrá efecto de incrementar la desigualdad de ingresos. Esto indica que la dependencia sobre las transferencias federales incrementa la desigualdad regional.
 Considerando los resultados anteriores, para impulsar una mayor igualdad en las entidades federativas es necesario reorientar la descentralización fiscal en México, no solo por el lado del gasto, incrementando las transferencias federales sino dotando de mayor capacidad tributaria a las entidades federativas.
 Por su parte, el modelo 2, consistió en el análisis de convergencia en el PIB per cápita de las entidades federativas y su relación con la descentralización fiscal. En este modelo se realizaron 3 diferentes estimaciones: A) convergencia absoluta; B) convergencia condicionada incluyendo solo las participaciones federales; y C) convergencia condicionada incluyendo las participaciones y aportaciones federales.
 Al analizar el efecto de la descentralización fiscal en el crecimiento económico, se observa que existe una relación positiva entre la recaudación de ingresos propios y el crecimiento del PIB per cápita de las entidades federativas. Por lo que mayores niveles de recaudación de ingresos propios conlleva a una mayor tasa de crecimiento del PIB per cápita. Este comportamiento, es contrario al resultado estimado de las participaciones federales, las cuales cuando éstas presentan crecimientos, el crecimiento del PIB per cápita disminuye.
 A través del modelo 3) se realizaron diversas estimaciones para determinar la importancia de las aportaciones federales para educación, salud y seguridad, transferidas a las entidades federativas por medio del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para la Salud (FASSA) y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), respectivamente, en la convergencia de algunos indicadores de bienestar.
 Al estimar la relación que guardan las coberturas de educación básica y cobertura de educación secundaria con los recursos del FAEB, se encontró que existe una relación positiva entre las aportaciones federales del FAEB y las coberturas de educación básica y cobertura de educación secundaria, en las entidades federativas. Por lo que en el periodo de 1999 a 2011, las aportaciones federales derivadas del FAEB han permitido incrementar la cobertura en educación básica.
 Por su parte en materia de salud, en el modelo de variación de la mortalidad general el coeficiente del FASSA resultó ser negativo y estadísticamente significativa a un nivel del 10%, lo cual implica que existe una relación negativa entre los recursos radicados por FASSA y la tasa de mortalidad general, a mayores recursos de FASSA, la tasa de mortalidad disminuye.
 Con relación al tema de seguridad, los resultados muestran que los recursos del FASP al parecer no han influido en la variación de la incidencia delictiva.

  • ¿Por qué se endeudan los gobiernos estatales en México? Algunas consideraciones para la reforma constitucional y la ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria

    El comportamiento creciente de los saldos de obligaciones financieras reportadas por las entidades federativas y municipios en México, se ha convertido en un asunto público de la agenda legislativa; donde, ya se discute la conveniencia de establecer nuevos mecanismos basados en la ley, a través de reformas a la Carta Magna y la creación de una ley reglamentaria, para contener y desacelerar el crecimiento de la deuda pública subnacional.
 El objetivo central de este trabajo de investigación es contrastar diferentes hipótesis económicas, financieras e institucionales para explicar la contratación de nueva deuda pública por parte de los gobiernos estatales en México. Para ello, se estimó un modelo econométrico de panel de datos con información de los 31 gobiernos estatales para los años comprendidos entre el 2007 y 2012, periodo en el cual los saldos de la deuda presentaron un cambio substancial en su comportamiento histórico.
 De acuerdo con los resultados de las estimaciones del modelo, se encontró que tanto la variación de la deuda pública estatal directa como el endeudamiento neto se explican por la disminución en el costo del dinero (tasa de interés). Así también, otras variables que resultaron determinantes para su explicación fueron los incrementos en los recursos que los gobiernos estatales destinan a la inversión de capital, así como el aumento en la carga financiera que representa el pago de las amortizaciones por la deuda pública, y el incremento en los recursos provenientes de la federación que son susceptibles de otorgarse en garantía, según lo permite la Ley de Coordinación Fiscal.
 Por otro lado, la variable de tipo institucional relacionada con el marco jurídico estatal en materia de deuda pública demostró no tener incidencia en el endeudamiento de los gobiernos estatales.

  • Cambios en el impuesto sobre la renta en México: implicaciones para los contribuyentes y las finanzas públicas

    La tasa de ingresos fiscales como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de México es la menor entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y una de las más bajas alrededor del mundo. Según cifras de la OCDE, la recaudación de México aumentó de 16.5% a 19.7% entre 2000 y 2013, mientras que el promedio de los países de la OCDE permaneció en niveles de 34.2%. A pesar del incremento de la recaudación en México, así como de las reformas y misceláneas fiscales realizadas en los últimos años, los países de la OCDE recaudan, en promedio, 74% más de lo que se recauda en México, como porcentaje del PIB. Al comparar a México con países con ingresos per cápita similares, la recaudación fiscal es menor en nuestro país, tal es el caso de Hungría (38.4%), Turquía (29.3%) y Chile (20.0%)1. Debido a esto, conocer la respuesta de los contribuyentes ante cambios en las tasas marginales del impuesto sobre la renta (ISR) es de suma importancia para México. Esta investigación es la primera en su tipo en toda la historia de México y una de las primeras contribuciones para un país emergente en el mundo, por lo que representa una importante aportación en materia de política fiscal. El estudio tiene tres objetivos principales. El primero de ellos es estimar la respuesta de los contribuyentes (personas físicas) ante cambios en la tasa del ISR de 2002 a 2011, calculada a partir de las elasticidades del ingreso gravable y del ingreso bruto, de acuerdo con la metodología propuesta por Feldstein (1999); Gruber y Saez (2002); y Kleven y Schultz (2014). La recaudación del ISR de personas físicas representó aproximadamente 58% del total de los ingresos fiscales federales en 2012, lo que contextualiza la relevancia de medir la elasticidad del ingreso de las personas físicas2. El segundo objetivo es estimar la tasa marginal de impuestos óptima que maximizaría la recaudación del ISR para las personas físicas de mayores ingresos. Como se describe más adelante, para calcular la tasa de impuestos óptima, es necesario calcular la elasticidad con una metodología de variables instrumentales basada en la variación mecánica de la tasa impositiva marginal, manteniendo el ingreso constante. La metodología utilizada proviene de Saez (2001); Diamond y Saez (2011); y Saez, Slemrod y Giertz (2012). De acuerdo con la literatura existente, se utilizan diferentes controles para robustecer el análisis y evitar posibles sesgos en la estimación; por ejemplo, se añadieron splines de diez tramos de los logaritmos del ingreso actual, de , y , al igual que Gruber y Saez (2002); Kopczuk (2005); y Kleven y Schultz (2014). Por último, el tercer objetivo es examinar el impacto fiscal que se originaría en caso de implementar la tasa del ISR aplicable a las personas físicas que maximizaría la recaudación fiscal. Los datos utilizados provienen de las declaraciones de impuestos presentadas anualmente por personas físicas durante una década, de 2002 hasta 2011. Una de las principales ventajas de ocupar datos fiscales es que son más confiables y precisos que otras fuentes de información, como las encuestas de ingreso-gasto, lo cual resulta primordial para estudiar temas tributarios y de finanzas públicas. La base de datos es longitudinal e incluye aproximadamente 630,000 contribuyentes por año, es decir, el análisis se realizó con cerca de 6.3 millones de observaciones3. Esto implica que la información abarca alrededor del 41% del total de contribuyentes que presentaron una declaración anual durante el periodo de estudio. Dicha base de datos es anónima, pues no se cuenta con los nombres, direcciones, registro federal de contribuyentes (RFC) o cualquier otro dato de las personas. En este sentido, no es posible identificar a ningún contribuyente y se respetan plenamente todos los derechos de protección de datos personales. Cabe comentar que, obviamente, este anonimato no genera ningún impacto en el análisis econométrico realizado. Las conclusiones principales del estudio son las siguientes. Primera, la elasticidad del ingreso gravable es 0.66 para el panel balanceado y 0.39 para el panel no balanceado4. Una elasticidad de 0.66 significa que un cambio de 1% en la tasa marginal de impuestos cambiaría el ingreso reportado en 0.66%. Un incremento en la tasa máxima de impuestos de 35% a 40%, por ejemplo, implicaría una disminución de 7.7% en la tasa marginal de impuestos neta, con la correspondiente reducción de aproximadamente 5% en el ingreso gravable reportado. Esto no implica una reducción de la recaudación en términos nominales, sino que indica que los contribuyentes reducen en términos relativos el ingreso gravable que reportan. Estas elasticidades son similares a las encontradas para los países en vías de desarrollo y mayores a las de los países desarrollados. Lo anterior se debe, en parte, a que un mayor número de deducciones fiscales autorizadas significa una mayor elasticidad del ingreso (Saez et al., 2012). Segunda, la tasa marginal máxima de impuestos que maximiza la recaudación del ISR de personas físicas en México se encuentra en un rango de entre 48.6% y 61.6%. Estas tasas impositivas óptimas son menores a las calculadas para Estados Unidos que son de alrededor de 70% (véanse Gruber y Saez [2002]; Diamond y Saez [2011]; Piketty et al. [2012]) e indican que los contribuyentes estadounidenses son menos sensibles ante cambios en los impuestos que los mexicanos. Finalmente, la tercera conclusión es que, en caso de implementar las tasas de impuestos que maximizan la recaudación del ISR, el aumento de la recaudación se ubicaría entre 0.32% y 0.63% del PIB, mientras que la pérdida de ingresos por la reacción de los contribuyentes ante cambios en las tasas marginales máximas de impuestos sería de entre 0.21% y 0.40% del PIB. Los resultados encontrados indican que incrementar las tasas impositivas marginales para los contribuyentes de mayores ingresos maximizaría la recaudación, pero el incremento en términos del PIB sería moderado. Esto se debe a que el número de contribuyentes sujetos a la tasa máxima es relativamente bajo, pero también a que el sistema fiscal tiene ventajas para deducir y reducir el ingreso gravable. Por tanto, como argumentan Saez, Slemrod, y Giertz (2012), la mejor política podría ser eliminar las oportunidades de evasión y ampliar la base gravable, para reducir las respuestas conductuales y maximizar la recaudación.

  • ¿Quién paga el impuesto sobre nóminas de los estados de México?: Un Análisis de Incidencia Económica

    Desde el año 2000 hasta la actualidad 23 estados han aumentado la tasa del impuesto sobre la Nómina (ISN), 15 de ellos lo hicieron tan sólo del 2009 en adelante. Como resultado de estos ajustes la tasa legal del ISN se ha doblado, de 1.1% en el 2000 a aproximadamente 2.3% en el 2016. De igual forma, los ingresos que provee este impuesto han crecido en proporción a los ingresos totales de los que disponen las haciendas estatales 60% en el periodo considerado. El resultado es que el ISN representa aproximadamente un tercio de los ingresos propios de los estados. Aun y cuando es comprensible la necesidad de que los estados procuren fuentes de ingresos locales como el del ISN, también es indispensable contrastar con la evidencia empírica los efectos que producen estas medidas fiscales. En este sentido, el ISN puede provocar importantes distorsiones en los mercados laborales estatales, puede provocar contracciones en el empleo o en las remuneraciones reales dependiendo de la incidencia. El presente estudio busca contribuir en esta línea, en particular nos hacemos una pregunta de formulación sencilla, pero de difícil respuesta: ¿Quién paga el impuesto sobre nóminas de los estados de México? ¿Las empresas o los trabajadores? Para tal fin, presentamos un modelo teórico de la incidencia económica del impuesto sobre la nómina en México basado en la revisión de la literatura económica sobre la incidencia de las cargas fiscales y/o contribuciones a los salarios. Este modelo se aplicó a un macro panel de los 32 estados de la República para el período 2000-2015. Se emplearon métodos de macro paneles de segunda generación para hacer frente a la heterogeneidad en las reacciones del mercado laboral a estos shocks fiscales y al hecho de que los residuos de cada regresión están correlacionados debido a la presencia de factores comunes. Nuestras estimaciones sugieren que el coeficiente de respuesta de los salarios reales a los cambios en la tasa legal del ISN está en el rango de -0.3 a -0.6, rango consistente con las magnitudes que deberíamos esperar bajo la traslación completa del ISN al salario real, teniendo en cuenta que la tasa oficial del ISN se aplica con importantes exenciones. Cuando empleamos la tasa efectiva del ISN y no la legal, el coeficiente de traslación del ISN al salario real está en la vecindad de -1. En cambio, en todas las especificaciones fallamos en encontrar algún efecto sistemático de la tasa del ISN sobre el empleo. Nuestros resultados apuntan en la dirección de que el impuesto sobre la nómina estatal es en la práctica un impuesto más al ingreso, sólo que exclusivamente a los ingresos laborales y de carácter proporcional. Si la proporción de los ingresos laborales en el ingreso total es mayor para las familias más pobres, el ISN será regresivo. En este sentido, el ISN contribuye al mediocre crecimiento de los salarios reales en México que implican que el salario por hora en las manufacturas se haya estancado en sólo dos dólares y medio por hora desde hace casi quince años, o que el salario real crezca tan poco que tendrían que pasar más de cuarenta años, es decir más que el horizonte laboral típico, para que éste se doble.

  • Valuación de contratos de extracción petrolera mediante algoritmos de simulación y optimización estocástica

    En esta tesis se utiliza un modelo de precios para el petróleo (Schwartz-Smith), un modelo de tasas de interés (Cox-Ingersoll-Ross) y un método de valuación de opciones americanas (Broadie-Glasserman) para hacer una aproximación, a través de la Teoría de Opciones Reales, al valor de los derechos de iniciar actividades de extracción sobre campos petroleros en México bajo los instrumentos fiscales y las 3 figuras legales que se establecen en la reciente Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos: Contratos de Licencia, Contratos de Producción Compartida y Contratos de Utilidad Compartida.
 Las aportaciones de esta tesis son: aplicar y conectar un modelo de precios (Schwartz-Smith) con un método de valuación de opciones (Broadie-Glasserman), estimar a través de un algoritmo desarrollado por el autor el valor de una opción americana a partir del método de Broadie-Glasserman y analizar las implicaciones del nuevo marco legal y fiscal establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos tanto para el sector público (asignación de recursos y riesgos en las Finanzas Públicas) como para el sector privado (rentabilidad de inversiones petroleras) en México.
 Este trabajo pretende constituir una manera de analizar las implicaciones de la reciente Reforma Energética sobre las Finanzas Públicas del país a través de los instrumentos fiscales aplicables a cada proyecto petrolero según el tipo de Contrato, ya que estos instrumentos legales son una manera implícita (mecanismo social) de asignar recursos y riesgos a través del tiempo entre sus contrapartes (el Estado Mexicano y las compañías petroleras). De esta manera el Estado se asigna implícitamente tanto un nivel de exposición a las fluctuaciones en los precios del petróleo como un nivel de participación en los ingresos de cada proyecto al estipular las condiciones sobre las cuales se explotarán sus recursos petroleros; y dada la importancia de seleccionar una combinación de instrumentos fiscales que satisfagan los objetivos del Gobierno, se utiliza la Teoría de Opciones Reales para modelar este fenómeno y obtener resultados numéricos.
 Para efectos de lo anterior, en esta tesis se utiliza un método de valuación de opciones americanas novedoso basado en simulaciones para aproximar el valor de un Contrato de Extracción petrolera sobre un campo representativo. La metodología detrás de estas estimaciones envuelve filtraciones de Kalman para calibrar procesos estocásticos y, mediante las simulaciones que resultan de aplicar el análisis numérico a dichos procesos, optimizar estocásticamente y valuar el campo petrolero a través de la aplicación de un método de valuación de opciones americanas de altas volatilidades. Como la valuación de este derecho implica calcular las fechas óptimas para comenzar el desarrollo del campo, este método maximiza el valor del activo que el Gobierno licita.
 Así, mediante el presente trabajo se procura efectuar tanto una contribución a un tema específico de gran interés como una contribución metodológica de contenido analítico y cuantitativo relevante para México en estos momentos, dada la considerable participación de la renta petrolera en el presupuesto federal, los programas de desarrollo social a largo plazo cuyos recursos dependen directamente de estos ingresos (Fondo Mexicano del Petróleo), las cuantiosas sumas de recursos que envuelven los procesos de subasta de los campos, la Inversión Extranjera Directa e ingresos gubernamentales asociados, y, en el ámbito corporativo, la valuación de colaterales potenciales en la emisión de deuda.
 La estructura de este trabajo consta de una introducción (capítulo 1); una descripción, aplicación y calibración de las herramientas cuantitativas de análisis financiero para este fenómeno económico: un modelo markoviano de precios para el petróleo de reversión a una media estocástica (capítulo 2), un modelo de equilibrio general para la estructura intertemporal de las tasas de interés (capítulo 3) y un método de valuación de opciones americanas mediante una red estocástica que utiliza conexiones de valores de simulaciones a través de ponderadores que dependen de las funciones de densidad condicional en las transiciones de las variables de estado que constituyen fuentes de riesgo (capítulo 6).
 Además en el capítulo 4 se expone porqué las Opciones Reales son un método moderno para la evaluación económica de proyectos bajo incertidumbre en un contexto corporativo competitivo, convirtiendo las fuentes de volatilidad en fuentes de valor. También se profundiza en los argumentos y ventajas de aplicar la analogía existente entre las Opciones Financieras y los Proyectos de Inversión: tal como una opción es un instrumento financiero derivado que otorga a su titular el derecho, mas no la obligación, de comprar (call) o vender (put) un activo subyacente en una fecha y precio pactados; un Contrato sobre un campo petrolero es el derecho, mas no la obligación, de iniciar actividades de extracción sobre los yacimientos del campo que posee el contratista durante el período de vigencia del mismo.
 Por otro lado, el capítulo 5 explica el marco legal y fiscal que constituye parte de la base de esta tesis, tomando como referencia la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos expedida y publicada el 11 de Agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Además, muestra la manera en que las políticas del gobierno se traducen en señales económicas al mercado al modelar los instrumentos fiscales en los flujos de efectivo de cada una de las figuras legales que pueda utilizar toda compañía interesada en competir en las licitaciones.
 Los resultados obtenidos en este trabajo corresponden a 8 Contratos (instrumentos derivados distintos) por 25 años sobre un mismo campo petrolero representativo: 4 Contratos de Licencia con Tasas sobre el Valor Contractual de los Hidrocarburos de 10%, 20%, 30% y 40%; y 4 Contratos de Utilidad/Producción Compartida con Tasas sobre la Utilidad Operativa de 30%, 40%, 50% y 60%; todos con el mismo nivel de Inversión Inicial y Total. Para su estimación se utiliza un algoritmo en MATLAB desarrollado por el autor. Se asume que se licita un campo representativo cuyo desarrollo toma 7 años y tiene una vida útil de extracción de 13, y por lo tanto la empresa posee durante los primeros 5 años la opción (al principio de cada mes) para desarrollar inmediatamente el campo o esperar. Así, la longitud de las curvas de futuros (con estructura mensual) utilizadas para evaluar el campo es de 20 años. Para el caso de 2,500 simulaciones se calculan 150,000 curvas de futuros, cada una con 240 contratos mensuales, y se estiman 375’000,000 ponderadores.
 Las conclusiones del capítulo 7 exponen que el enfoque de Opciones Reales permite aproximar el valor de los derechos por tener operaciones en el campo, los cuales el Gobierno está vendiendo al efectuar la licitación, además de que una mayor tasa tributaria es una forma en que el Gobierno “compra” riesgo, y el costo de ese riesgo es el valor en que disminuye la opción. Una consecuencia inmediata de este esquema es que el Gobierno podría cubrirse de riesgos técnicos y geológicos al inducir menores impuestos a los campos más riesgosos en estos sentidos, capturando así recursos ciertos en el presente. Al contrario, si se trata de un campo con extracción de menor dificultad y riesgo, el Gobierno podría extraer mayor renta con menor riesgo al participar más en los flujos futuros gravándolos más.

  • La técnica enfrentada a la política: el reparto de participaciones federales a los estados mexicanos (1990- 2012)

    Los recursos federales transferidos a los estados son la principal fuente de financiamiento de entidades federativas en América Latina, debido a su baja capacidad recaudatoria. En México, en promedio, desde 1990 éstos representan el 78.56%1 de los ingresos estatales. Esta misma situación es posible observarla en federaciones como Brasil y Argentina, cuya recaudación es igualmente baja. Debido a esta dependencia frente al gobierno federal, los presidentes y ministros han detectado como área de oportunidad supeditar a los estados a su voluntad política, al momento de otorgar ciertos recursos (Gélineau y Dubé, 2005). Ejemplo de ello es el caso de Argentina, cuyas provincias alineadas con el partido del presidente obtienen más recursos frente a aquellas cuyo partido no coincide (Gélineau y Dubé, 2005).
 En esta línea, México no ha estado exento: de acuerdo con Díaz-Cayeros (2006:1), el ejecutivo ha repartido estos recursos de manera desigual. Así, los estados no sólo dependen de estos recursos, también de una marcada voluntad política. Sin embargo, una de las diferencias en el reparto de estos recursos es que ha estado atado a fórmulas que establecen criterios técnicos específicos.2 A pesar de su reglamentación, estudios como el de Flamand (2006) ilustran el reparto de transferencias mexicanas desde una lógica política y electoral. En tanto, es posible observar variaciones que no son fácilmente explicables por los criterios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, mismos que no varían demasiado de un año a otro.
 Este trabajo se concentra en discutir las transferencias federales llamadas Participaciones Federales, las cuales muestran variaciones año con año que no son atribuibles al reparto sistemático por medio de una fórmula. Se analizan estas transferencias por la no etiquetación del gasto y la falta de rendición de cuentas de las mismas. La pregunta principal que atiende este trabajo es: ¿qué explica la variación que existe en el reparto de participaciones federales a lo largo del tiempo? Es decir, ¿por qué algunos estados consiguen más recursos que otros? El argumento principal es que, controlando por variables de necesidad y desigualdad, la repartición de estos recursos se debe a variables políticas y electorales: copartisano3, elecciones presidenciales próximas a celebrarse y la competencia electoral que exista en la entidad.
 Los resultados principales se dividen en dos periodos, el primero entre 1990 y 2007, previo a la reforma fiscal de 2007, y el segundo posterior a la Reforma. En primer lugar, antes de 2007, la repartición de estos recursos era sensible a variables como las elecciones presidenciales y ser copartisano; es decir, a variables puramente políticas. A partir de 2008 y el cambio de fórmula, la variación en el PIB estatal explica en mayor medida las variaciones en las participaciones per cápita. Asimismo, aunque la elección a gobernador también es significativa, el efecto es menor al del PIB. Es resaltable que, el sesgo político continúa siendo explicativo, manteniendo las otras variables de estudio constantes, el tener una elección de ese tipo afecta negativamente en las transferencias obtenidas.

  • Federalismo y eficiencia: fronteras estocásticas y descentralización en los municipios de México

    Los municipios son el orden de gobierno más cercano a la población en el sistema federal mexicano. A pesar de desarrollarse en el contexto de un orden centralizado, su rol ha sido fundamental para la consolidación del Estado Mexicano posrevolucionario y para la posterior transición a la democracia. Se han realizado trabajos que analizan el diseño institucional de los municipios, pero son pocos los que estudian su relación con el desempeño de la producción agregada de la economía que se encuentran dentro de sus jurisdicciones.
 En este contexto, esta tesis plantea dos preguntas de investigación, ¿Cuál es el efecto del diseño institucional de ingresos centralizados y descentralizados de los municipios en la eficiencia técnica hacia la producción agregada local? Ligada a ella, la segunda se pregunta ¿Cuáles son los determinantes de la eficiencia técnica en los municipios de las zonas metropolitanas? Para responderlas, esta investigación se basa en los determinantes de la eficiencia técnica de la producción agregada local y el efecto que la estructura de ingresos municipales tiene en la eficiencia.
 Para medir el efecto del diseño institucional de las finanzas municipales del sistema fiscal en la eficiencia técnica de la economía local, el presente trabajo incorpora dos variables institucionales de ingresos como controles de un modelo econométrico para la función de producción siguiendo los planteamientos teóricos y empíricos del trabajo de Shadbegian (1999). La metodología empleada para conocer la eficiencia técnica son los modelos de fronteras estocásticas de posibilidades de producción para la que se construyó una base de datos de panel con 328 municipios de las zonas metropolitanas del país para el periodo de 1994 a 2009. Los resultados de los modelos indican que el diseño fiscal actual con recaudación propia y transferencias a los municipios índice de forma negativa en la eficiencia técnica. Por tanto, en el último capítulo se plantean y discuten propuestas a las principales implicaciones de política pública y finalmente se concluye.

  • Las Reglas Fiscales y las Finanzas Públicas: El Caso Mexicano 2000-2030

    En los últimos 20 años, México ha instrumentado una política fiscal que ha funcionado bien para disciplinar el ejercicio de las finanzas públicas y formar un consenso a favor de la estabilidad fiscal. Sin embargo, a pesar de los grandes logros alcanzados, hasta el 2013, las reglas fiscales implementadas no han cumplido su fin último: anclar a las finanzas públicas para una trayectoria estable y sostenible en el mediano y largo plazo. En consecuencia, en 2013, se modificó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para avanzar hacia una regla de balance estructural implícita que está diseñada para cumplir este objetivo.
 Este trabajo realiza una descripción analítica de la historia reciente de las finanzas públicas y hace simulaciones del impacto que la nueva regla fiscal tendrá sobre la posición fiscal de México, comparándola con otros diseños de política fiscal. Los resultados del análisis muestran cuatro resultados principales. (1) Del 2000 al 2008, los ingresos y el gasto presentaron tasas de crecimiento similares. Sin embargo, del 2009 al 2015, el gasto ha crecido a una tasa anual promedio cercana al doble a la que ha registrado el crecimiento de los ingresos, lo que ha resultado en un déficit presupuestario estructural que conlleva una trayectoria de deuda insostenible en el largo plazo. (2) Asimismo, se encuentran problemas de la regla fiscal que estuvo vigente hasta el 2013 que anteriormente no habían sido identificados con precisión. (3) Se demuestra que ante distintos escenarios económicos, la nueva regla fiscal de balance estructural implícita fija una trayectoria estable y sostenible de las finanzas públicas mexicanas en el mediano y largo plazo. (4) Por último, una evaluación hacia atrás de la nueva regla sugiere que de haberse implementado desde el 2000, el monto total de deuda de México representaría de 32 por ciento del PIB, 34 por ciento menor que el nivel de deuda que se tiene actualmente.

  • Impacto redistributivo de la reforma fiscal en contribuyentes y las finanzas públicas de México

    Recomendaciones internacionales sugieren combatir la desigualdad social mediante una reforma al sistema fiscal. Esta investigación implementa una evaluación del impacto en las finanzas públicas (recaudación) y efecto redistributivo (en los bolsillos) de los mexicanos como resultado de la carga fiscal acontecida en la reforma fiscal 2014. Se plantea la posibilidad de generar una reforma que solvente el gasto público y sea redistributiva, por parte del sistema fiscal midiendo tres tipos de impuestos, el ISR, el IVA y el IEPS en el sentido de realizar un análisis de incidencia el cual sirva como herramienta para la evaluación de la política fiscal con equidad. El estudio propone un ejercicio empírico que permite desagregar los efectos de participación en el pago de los impuestos, tanto directos como los indirectos, en el caso del Impuesto sobre la Renta (ISR) por tipo de contribuyente: los asalariados, los patrones o por fuente empresarial, y los que provienen de las utilidades financieras; y en el caso de los segundos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los Especiales a Productos y Servicios (IEPS), considerando cada categoría de gasto por parte de los hogares. El enfoque propuesto en esta investigación es original y cumple con tres Axiomas de bienestar, a saber: 1. Un principio de agregación; 2. De la sensibilidad a la progresividad de cada fuente de impuestos, y 3. De la sensibilidad a la importancia o el promedio de cada fuente de impuestos. Para este cometido, se utiliza como fuente de información básica la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares más reciente de 2014 realizada por INEGI (2015) y se imputa la información sobre los impuestos con base en las Leyes y normas fiscales vigentes del mismo año. La reforma fiscal en el 2014 abre un espacio de interés para medir primero, el efecto como resultado de la modificación en el ISR por tipo de contribuyente (en las personas físicas como morales). Desagregando por género, encontramos que la nueva carga fiscal con la reforma presiona más a la mujer que al hombre haciéndola menos progresiva para mayores ingresos. Seguidamente, por el lado de los impuestos indirectos, medimos el efecto redistributivo general con el IVA y el IEPS pero ahora, en los hogares. Se justifica y planteamos una hipótesis de que la mayor regresividad del IVA que ha traído la reforma fiscal, se debe a un esfuerzo de los hogares en tales condiciones, pero por realizar un mayor gasto en bienes normales con la intención de mejorar sus condiciones de pobreza accediendo a una canasta de productos y servicios cada vez más cara por el efecto vía precios, y además, por los impuestos indirectos. En segundo lugar, bajo el ejercicio de análisis con la técnica de descomposición propuesta para poder obtener el peso que representan en los hogares las compras de los productos, se calcula el efecto fiscal propiamente del impuesto de esa categoría de gasto, su nivel de progresividad, su capacidad recaudatoria, así como su margen de reforma en reducción o incremento de la tasa fiscal del IVA vinculado al enfoque redistributivo. En este apartado empírico, nuestro método analítico propuesto descompone la progresividad total medida por las aportaciones de las diferentes fuentes de impuestos de IVA en cada gasto del bien, permitiendo concluir qué tipo de productos se debe, o no gravar con la tasa general del 16 por ciento. Los resultados indican una mayor regresividad en los bienes de servicios del hogar (luz, agua, gas), cuidados de la salud, alimentos y bebidas, así como la ropa y calzado, el alcohol y el tabaco, muebles y equipo del hogar, y las telecomunicaciones en orden de importancia. Contribuyen a la progresividad, educación, transporte, restaurantes y relacionados, recreación y entrenamiento, rubros que permiten un incremento del IVA y aminoran la regresividad pero no la eliminan. En el caso de los bienes que contribuyen a la regresividad, se recomienda un IVA menor. Consideramos que nuestro trabajo de investigación refleja áreas de oportunidad que han sido tratadas por Scott (2014) y Lustig, et al (2014), estudios que solo se basan en resumir cardinalmente el análisis de pobreza con medidas generales de progresividad, que incluso, aun obedeciendo al criterio de Lorenz, son simplemente versiones resumidas que sintetizan los efectos promedio de la progresión efectiva de un sistema fiscal. En suma, nuestro trabajo aporta una medición de la progresividad distinta a las ya existentes, y compara entre las familias que son lideradas por un varón y una mujer, con nuevos puntos de vista que creemos no se ha aplicado empíricamente en nuestro conocimiento de forma previa. El sistema mexicano es ligeramente progresivo, ayudado también por las transferencias fiscales que el Estado realiza, siendo el ISR el impuesto que aporta mayor progresividad así como equidad vertical al ejercicio fiscal. Los impuestos indirectos analizados presentaron niveles de regresividad, mientras que simulaciones realizadas para la reforma fiscal 2014 indican que la reforma generó ligeramente más efecto redistributivo así como mayor recaudación. Finalmente, se observan diversas líneas de posibilidad de eliminación de las tasas cero y exentos en el caso del IVA, que permitan inducir un mejor trato fiscal eliminando el subsidio implícito a los contribuyentes de capas altas, con un esquema de una canasta básica de requerimientos mínimos esenciales exenta del impuesto, en un esquema donde la recaudación se incremente y mejore las finanzas públicas del Estado mexicano, en un contexto de drástica reducción y dependencia de sus ingresos no tributarios provenientes del petróleo.

  • El desarrollo de la agricultura y el impacto que tendría en las finanzas públicas de México

    México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas de las cuales 145 millones (el 73%) se dedican a la actividad agropecuaria. Cerca de 30 millones de hectáreas son tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero. Además, los bosques y selvas cubren 45.5 millones de hectáreas.
 La agricultura en México es más que un sector productivo importante. Más allá de su participación en el PIB nacional, que es de apenas cerca del 3.7%, las múltiples funciones de la agricultura en el desarrollo económico, social y ambiental determinan que su incidencia en el desarrollo sea mucho mayor de lo que ese indicador implicaría.
 La agricultura es un sector relativamente pequeño en México, y sigue a la baja con respecto a la economía total con cerca del 3.7% del PIB según cifras preliminares del INEGI del 2014. Sin embargo, esta cifra por sí sola minimiza la importancia económica y social del sector. La agricultura proporciona empleo al 13% de la población, lo que representa unos 3.3 millones de agricultores y 4.6 millones de trabajadores asalariados y familiares no remunerados. De mayor relevancia aún para el desarrollo territorial es el hecho de que aproximadamente 24% de la población total vive en las zonas rurales.
 El hecho de que muchos agricultores del campo mexicano no sean profesionales en ese ramo presenta un enorme obstáculo ya que están aislados de las fuentes de tecnología y se encuentran solo usando métodos empíricos transmitidos de generación en generación, dando como resultado conocimientos limitados y la agricultura para que empiece a formar parte del desarrollo económico requiere una actualización constante para desarrollarse, pero no hay programas efectivos para lograrlo. Por el lado de la oferta, los institutos de investigación y las universidades no tienen programas establecidos para la transferencia de tecnología; por consiguiente, las instituciones no están todas conectadas entre sí en el nivel de campo y la agricultura en México.
 En el contexto de la producción agrícola mexicana, misma que se caracteriza por una baja productividad en general y por una marcada reducción de la población agrícola, es imprescindible desarrollar programas que respondan de manera adecuada a las dos diferentes metas de reducción de la pobreza y aumento de productividad y competitividad con ello impactando directamente en el desarrollo económico y por consiguiente el impacto directo en las finanzas publicas. Si el objetivo es desarrollar el campo mexicano y por consiguiente reducir la pobreza rural, los programas deben dirigirse a los agricultores de bajo potencial productivo.
 Los problemas que plantea la agricultura mexicana se complican aún más por el hecho de que, si bien las empresas agricultoras ya industrializadas son responsables de una mayor proporción de la producción, los agricultores medianos, pequeños controlan la mayor parte de los recursos naturales, sobre todo en materia de suelo y biodiversidad. La ordenación de esos recursos para la sustentabilidad de la producción de alimentos básicos en el largo plazo es importante y debe ser una prioridad.

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