Virgilio Tanús. México dista mucho de tener una política criminal eficaz
| Autor | Mitzi Pichardo |
| Páginas | 46-49 |
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Virgilio Tanús Namnum es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Cursó la especialidad en Derecho penal, procedimientos penales, y ejecución de sentencias, en la misma institución; la especialidad en Derecho penal en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México; el diploma de estudios avanzados en Derecho penal en la Universidad Complutense de Madrid, España, así como estudios de doctorado en Derecho penal en la misma universidad madrileña.
Es profesor titular de la materia Derecho procesal penal y sistema acusatorio en la Universidad La Salle de la Ciudad de México; miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho; integrante de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.; director de la Comisión de Derecho Penal de la Asociación Jurídica Mexicano Libanesa Al Muhami, A.C., y miembro de la Comisión de Derecho Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
Asimismo, es socio fundador y director del despacho Tanús, Salazar y Bücher, S.C.
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Con la transición de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República y la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿se debe replantear la política criminal vigente?
Sí, sí debe ser replanteada.
¿Cuál debe ser el punto de partida del Estado para diseñar una política criminal eficaz?
Tener una política social adecuada. A partir de ello, la política criminal se entenderá y se aplicará desde un enfoque preventivo y correctivo que coadyuve a tener un sistema de procuración de justicia eficiente, un sistema de administración de justicia confiable y un sistema penitenciario en el que se respeten los derechos humanos y se propicie la reinserción social de las personas privadas de su libertad.
¿Qué instituciones de la administración pública federal deben coordinarse para consolidar la política criminal en México? Principalmente, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, el Poder Legislativo.
Y así, de manera conjunta, diseñar políticas públicas eficientes y el andamiaje legal necesario para implementarlas y evaluarlas continuamente.
¿Cómo se vinculan la política criminal y la política social? Como mencionaba...
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