¿De veras queremos un fiscal general independiente?

AutorÁngel M. Junquera Sepúlveda
CargoDirector
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Pocas simulaciones han resultado tan lastimosas para México como las que se han llevado a cabo en algunas entidades federativas, donde se declara que ya no habrá procurador de justicia sino un fiscal independiente. Se le cambia el nombre al cargo y todo sigue igual: el gobernador nombra y remueve cuando le viene en gana.

Cuando, alguna vez, el fiscal de Chiapas advirtió al recién elegido gobernador que no podría removerlo del cargo puesto que había sido elegido por un periodo tran-sexenal, el gobernador no sólo lo removió sino que lo mandó a prisión. En los casos en que el fiscal "independiente" ha permanecido en su cargo es porque es amigo del nuevo gobernador—como lo era del saliente— y no porque la estructura política le permita permanecer ahí.

La referencia viene a colación a raíz del escándalo que han hecho algunas ONG's para exigir que se nombre a un titular impoluto, preparado y apartidista en la nueva Fiscalía General de la República y que, por ningún motivo, vaya a designarse a alguien cercano al presidente de la República. La exigencia es en-tendible —muchas de estas ONG's reciben fondos del extranjero para decir lo que dicen— pero en un sistema presidencial como el nuestro su demanda resulta ingenua.

Por la historia, la política y la economía, por el modo en que está distribuido el poder en México, no es viable pensar en una fiscalía independiente, como no lo es pensar que un dedo pulgar actúe independientemente de una mano. Si el fiscal no depende del presidente, ¿de quién va a depender entonces? ¿De las ONG's que lo apoyaron para llegar? ¿Del parlamento? El presidente de la República llega a su cargo por el voto popular. Tiene un bono democrático. El fiscal, no. Si éste responde a una facción y, eventualmente, se enfrenta al presidente, que tiene bajo su mando a la policía y al ejército, ¿cómo va a imponer su voluntad?

En América Latina los fiscales independientes, dentro los regímenes presidenciales, sólo han provocado desorden y han sido instrumentos para que unos grupos ajusten cuentas con otros. No más. En Estados Unidos, por otra parte, cada vez que algún grupo exige investigar a un presidente, no se recurre al fiscal que éste designó sino a uno especial. William Clinton lo tuvo en el caso de Mónica Lewinsky y Donald Trump lo tiene por el caso ruso.

Eso sí podría funcionar en México. No el pretendido fiscal independiente. Ya estamos saturados de los pretendidos "órganos constitucionales autónomos"...

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