«Todos contra las milicias», 1833-1835
| Autor | José Antonio Serrano - Manuel Chust |
| Páginas | 101-116 |
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CAPÍTULO V
«TODOS CONTRA LAS MILICIAS», 1833-1835
1. LA DISOLUCIÓN DE LAS MILICIAS CÍVICAS
La guerra civil de 1832 acentuó la demanda de las clases dirigentes de los
cabildos para que disminuyeran los contingentes cívicos. A partir de enero de
1833, criticaron agriamente a la organización cívica, y demandaron la desmovi-
lización de las milicias 1. En resumen, eran de distinto origen las críticas de las
clases dirigentes de León, Guanajuato, San Miguel y Celaya a la organización de
la Milicia, erigida entre 1831 y 1832. En lo económico, la contribución cívica y
el alistamiento perjudicaban los capitales y las actividades comerciales, agrícolas
y mineras, además de que disminuía la fuerza de trabajo disponible. En lo social,
se acusaba a la Milicia de estar separada del control de las autoridades munici-
pales, atentar contra la integridad física y las propiedades de los ciudadanos, de
provocar disturbios y minar la jerarquía social al entregar armas a los milicianos
reclutados entre las «clases peligrosas». En lo político, los batallones cívicos se
habían convertido en actores autónomos. Los grupos oligárquicos consideraban
que la movilización masiva y armada de las Milicias podrían minar su preeminen-
cia y dominio político administrativo y aun socavar la jerarquía social.
Vale la pena destacar que los «vecinos principales» de algunos de los cabil-
dos de las villas y de los pueblos también aprobaron la desmovilización de la
cívica. En 1833 estos, que controlaban los ayuntamientos de Acámbaro, Casas
Viejas y de Pénjamo, se quejaron ante el gobernador de la conducta que ob-
servaban los milicianos: los munícipes de ambos cabildos coincidían en que
«ya no basta el sufrimiento para tolerar los repetidos atentados que comete la
insubordinada milicia de este pueblo... el “gefe” y sus soldados ultrajan a las
1 Archivo Histórico de Guanajuato, Guerra, 56, exp. 6, jefe de policía al gobernador, Allende,
febrero de 1833; Archivo Histórico de Guanajuato, Guerra, 57, exp. 8, Mariano Huelga al gobernador,
León, 16 de enero de 1833 y Guerra, 57, exp. 8, Ramón Guerra al gobernador, 15 de enero de 1833, y
Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, Guerra, doc. 1103, ayuntamiento de Guanajuato
al gobernador, 31 de enero de 1833.
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autoridades civiles» 2. La falta de respeto de los milicianos hacía necesario refor-
mar la cívica, pues de lo contrario «sufrirá el orden público» y las autoridades
municipales se verían avasalladas. Los «vecinos principales» de Apaseo y Casas
Viejas añadieron otro argumento para aprobar la desmovilización cívica: el alis-
tamiento masivo dañaba las actividades económicas 3. La continua movilización
de las tropas había provocado que gran parte de los trabajadores agrícolas no
pudieran dedicar todo su tiempo a sembrar y cosechar los campos y a pastorear
los ganados. Los labradores locales no contaban con suficiente fuerza de tra-
bajo, lo que los había obligado a abandonar sus tierras y buscar jornaleros que
exigían altos salarios.
De esta forma, hubo una creciente presión de las clases dirigentes y de los
«vecinos principales» de las ciudades, de las villas y de los pueblos para reformar
la cívica con medidas desmovilizadoras. El gobernador respaldó las demandas
de esos ayuntamientos, en particular, informó al Congreso de Guanajuato que
se habían gastado 10.000 pesos mensuales en mantener a los 10.000 hombres
sobre las armas, lo que había provocado la quiebra de las arcas públicas. Por
consiguiente, el poder ejecutivo propuso a los diputados desmovilizar a la cívica
y solo conservar en la capital un batallón bien pertrechado y con probada expe-
riencia 4. Con amplio respaldo del poder ejecutivo y de las clases dirigentes y de
los «vecinos principales» perjudicados por la organización miliciana, el congreso
anuló la contribución cívica 5 y promulgó el 30 de marzo de 1833 un nuevo Re-
glamento 6. Este nuevo Reglamento prescribió la desmovilización de casi todos
los cuerpos cívicos. Solo se establecerían Milicias en las cabeceras de partido,
esto es, Celaya, San Miguel, León y Guanajuato y el gobernador nombraría a los
oficiales. El gobierno estatal reuniría las armas que estuvieran en manos de los
milicianos desmovilizados y a «los jefes, oficiales y tropa de la milicia que hayan
de retirarse, el poder ejecutivo les manifestará que se han hecho acreedores a la
buena memoria del Estado y a nombre de este se les dará las gracias por el patrio-
tismo con que han prestado sus servicios».
No obstante, mientras a niveles locales y estatales el viento legislativo so-
plaba en contra de mantener a los ciudadanos cívicos sobre las armas, a niveles
legislativos nacionales fue lo contrario. En las elecciones de marzo de 1833, los
federalistas radicales ganaron la mayoría de los escaños del Congreso nacional y
Valentín Gómez Farías ocupó la vicepresidencia de la República. Con este con-
trol sobre los poderes legislativo y ejecutivo, los también llamados «hombres del
progreso» promovieron cambios económicos, sociales, políticos y militares. En
2 Archivo Histórico de Guanajuato, Guerra, 57, exp. 8, Ramón Guerra al gobernador, Celaya, 15
de enero de 1833 y Archivo Histórico de Guanajuato, Guerra, 56, exp. 6, Mariano Huelga al goberna-
dor, León, 16 de enero de 1833.
3 Archivo Histórico de Guanajuato, Guerra, 60, exp. 1, ayuntamiento de Casas Viejas al jefe de
policía, 24 de marzo de 1834 y Archivo Histórico de Guanajuato, Guerra, 60, exp. 2, Manuel Gómez
de Linares al gobernador, 22 de marzo de 1834.
4 Archivo Histórico de Guanajuato, Archivo, 28, gobernador al congreso, marzo de 1833.
5 Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, Guerra, 1110, 15 de marzo de 1833.
6 Guanajuato, colección, 1833-1835.
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