La sociedad civil y el sistema penal acusatorio

AutorMartín Carlos Sánchez
Páginas46-49

Page 47

Mucho antes de que fuera aprobada la reforma penal de 2008, desde nuestras trincheras llevamos a cabo una campaña para transformar el sistema de justicia penal en México; comenzamos en Nuevo León, donde Renace inició actividades en septiembre de 1994, defendiendo a personas inocentes que pasaban años en la cárcel sin que se les hiciera justicia.

En el año 2000, luego de defender cientos de casos de personas inocentes, nos quedó claro que el sistema de justicia tenía grandes deficiencias, las cuales provocaban que anualmente miles de personas fueran a prisión sin necesidad y que a miles de víctimas no se les reparara el daño y no se les hiciera justicia. En un estudio de 100 casos defendidos por Renace en aquel estado de la Federación, documentamos que 98 por ciento de estas personas sufrieron detenciones ilegales, firmaron su declaración sin presencia del abogado y sin saber qué firmaban y con engaños, fueron sentenciadas sin conocer al juez, se les negó la posibilidad de presentar pruebas y no contaron con una defensa técnica. En suma, a través de nuestra experiencia nos dimos cuenta de que un gran porcentaje de personas involucradas en un delito, tanto víctimas como acusados, sufrían graves injusticias y abusos de la autoridad, pero la ley vigente en esos momentos no contaba con los instrumentos jurídicos necesarios para evitar las graves fallas en el sistema de justicia. Ante esta situación nos quedó claro que la única manera de aspirar a que todas las personas, sobre todo las más pobres, tuvieran acceso a la justicia, era necesaria una transformación completa del sistema de justicia penal. Como organización de la sociedad civil entendimos que era una empresa titánica cambiar más de 100 años de inercias, arreglos y hábitos arraigados en todas las autoridades y los operadores del sistema, pero entendimos que teníamos que mover los compromisos políticos fundamentando con hechos reales de miles de casos documentados para convencer de la urgente necesidad de este profundo cambio.

En ese sentido fueron nuestros primeros esfuerzos tanto en Nuevo León como a nivel nacional. Hablamos con diputados, senadores, gobernadores, académicos, auto-ridades judiciales, procuradurías y defensorías, y presentamos casos en los que se demostraban las graves fallas, los abusos de la prisión preventiva, los atropellos de las autoridades, etcétera. Nuestra labor consistió en divulgar lo más posible dichos hallazgos, así como demostrar por qué era urgente realizar una reforma de fondo.

Luego de una larga lucha que comenzó en el año 2000, en la que remamos a contracorriente pero en la que coincidimos con muchos actores políticos, expertos nacionales e internacionales y numerosos aliados de la sociedad civil y la comunidad empresarial, se dio un gran paso: en 2008 se aprobó el...

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