Legitimidad del poder, soberanía popular y poder negativo en Cuba. Propuestas desde la perspectiva iuspublicista Romano-Latina
| Autor | Eurípides Valdés Lobán; Liana Simón Otero |
| Páginas | 341-360 |
Este trabajo constituye uno de los varios acercamientos de los autores al tema general del perfeccionamiento democrático de la sociedad cubana, en su etapa posterior al 1 de enero de 1959.
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En el mundo de los fenómenos políticos por excelencia -que son los fenómenos o situaciones del Poder-los términos consensus y oposición, creencias y coacción, autoridad y poder, son términos de difícil -o imposible- separación. Es que aunque el Poder es autoridad -que se relaciona directamente al logro de la legitimidad -también es posibilidad de recurrir al uso de la fuerza como última ratio para imponer sus decisiones cuando y donde tropiece con oposiciones.
Pero independientemente de la verdad evidente de que la autoridad exige siempre obediencia, por lo que se nos presenta comúnmente como una compleja mezcla de poder y violencia difícil de digerir; sin embargo, la esencia del debate iusfilosófico se centra hoy en la legitimidad del Poder.
La legitimidad es, en consecuencia, uno de los problemas esenciales de la Sociología política1 y su razón, opinamos, es obvia: la legitimidad es la base justificadora y explicativa de las diversas modalidades que pueda revestir el Poder político.2 Page 342
Es importante comprender y aprehender que la legitimidad afecta directamente al propio origen del Poder y a las diversas formas de su ejercicio, de forma tal que no sería aventurado -aunque sí arriesgado- afirmar que lo segundo -el Poder- es una consecuencia y no la causa de lo primero la legitimidad.
Entonces, el Poder no debe ser un "simple" y "sencillo" hecho material, que se imponga o pueda imponer a todos contra su propia voluntad y violentando su consenso, ya que -por el contrario- debe vincularse, ante todo, a las ideas, creencias y representaciones colectivas para legitimarse. Ante todo, porque de la legitimidad de un régimen económico-político-social dependerá, con mucho y esencialmente, la propia estabilidad, permanencia y perdurabilidad del mismo.
Ahora bien, también es importante tener en cuenta que: cada forma de Poder Político se basa en una clase de legitimidad.3 Dicho de otro modo, las diferentes formas de Poder político, las diversas manifestaciones jurídicas del Estado y las distintas estructuras políticas del mismo tienen su propia, característica y singular legitimidad, que a su vez constituye e integra la base justificativa y el fundamento de las disímiles modalidades en que se concreta dicho Poder político.
Este análisis, claro que sí, es también válido y necesario para Cuba, independientemente de que cuando se trata de esta Isla -tan polémica y polemizada- se desaten todas las pasiones -las filias y las fobias-, muestra fehaciente de que, al menos, la obra de la nación cubana, de su pueblo, de sus hombres y mujeres, no pasa inadvertida para muchas personas de disímiles latitudes, credos políticos, creencias religiosas, filosofías, culturas, color de la piel y género.
Sirva el presente trabajo como contribución al estudio de la legalidad y legitimidad del ejercicio del Poder público político en Cuba, desde la perspectiva democratizadora y paradigmática del modelo constitucional republicano romano latino. Sus pretensiones son modestas pero altruistas: abogar por el derecho del pueblo cubano a legitimar soberanamente, por sí y ante sí, el Poder político que emane de su voluntad, sin injerencia extranjera ni uso de la fuerza contra él, o amenaza del uso de la misma, desde el exterior, por cualquier país o grupo de países.
Como bien apuntara el Profesor Sánchez Agesta:4 "No hay poder sin obediencia...Mandar y obedecer son los elementos internos en que se resuelve la Page 343 acción de poder, y están tan íntimamente ligados entre sí, que recíprocamente se engendran... No manda quien quiere, sino quien puede, quien encuentra obediencia...".5
Apuntamos nosotros que, dicho de otro modo, al poder le es consustancial la legitimidad como antídoto a la dictadura y al abuso de su ejercicio. En consecuencia, el Poder no es sólo potestas, o simple capacidad efectiva de hacerse obedecer, sino que además debe ser expresión de auctoritas, es decir, legitimarse como título o derecho que faculta para exigir una obediencia.
Sobre el particular afirmó Juan Ferrando Badía: "La autoridad subraya un título o derecho. Frente al poder, que es una mera realidad de hecho, ... la autoridad representa el título o derecho a exigir esa obediencia, es decir, la autoridad apunta directamente al título de legitimidad del poder".6
Pero, insistimos, el Poder también tiene siempre un componente de coacción, una cierta dimensión corpórea, es una expresión material que se puede ver y tocar, siendo estas manifestaciones la consumación de la potestas, claramente sustentada en el ejercicio de la fuerza. Consecuentemente con ello, toda auctoritas (autoridad), en tanto y en cuanto implicará siempre una determinada capacidad y posibilidad efectiva y material de hacerse obedecer, entrañará asimismo potestas.
Lo que caracteriza la contemporaneidad, cada vez más, es que la autoridad sea ante todo expresión de un poder legitimado, "poder capaz de obtener obediencia sin el recurso inmediato a la fuerza; lo que es decisivo en el concepto es precisamente esta vertiente del logro de la obediencia".7
Por lo tanto, concluye Murillo Ferrol, un Poder político es considerado como legítimo "en tanto que obtiene obediencia sin necesidad del recurso a la fuerza, de una manera institucionalizada y normalizada. Lo cual supone que los hombres le obedecen [al poder] por referencia a algún valor comúnmente aceptado, que forma parte del consensus" .8
Aquí sale a luz una característica principalísima de la autoridad política constituida democráticamente: el consensus. Entendido como "el acuerdo que existe en una sociedad dada en torno a sus estructuras, jerarquías... autoridad.".9
Es por ello que podemos afirmar que el consensus logrado en torno al ejercicio de un Poder político dado es manifestación contrastable de su legitimidad. Entonces, es válido concluir que la autoridad política es directamente proporcional al consensus logrado, siendo mayor aquélla cuando éste aumenta. Page 344
En definitiva, consensus y legitimidad se implican, ya que el consensus "es la proyección subjetiva -el reverso- de la legitimidad".10 Tal y como lo expresó Duverger, el consensus "es el acuerdo -más o menos completo- que existe en una determinada sociedad sobre sus estructuras, jerarquía, orientación, etcétera. El acuerdo sobre la autoridad, los gobernantes, sobre el poder es evidentemente uno de los elementos fundamentales del consensus" }11
Sin lugar a dudas, este consensus político implica un acuerdo concordante, al menos, sobre la organización política de la comunidad y sobre el sistema jurídico y dinámica política interna del Estado, así como de sus métodos de actuación.12
En consecuencia, es la legitimidad por el consensus que otorga auctoritas la aspiración última y suprema del Poder, ya que cuando quien manda se hace obedecer, no por el burdo uso de la fuerza -o la violencia -, sino mediante el logro del consensus de los ciudadanos, nos hallamos -sólo entonces- ante un Poder legítimo, emergente de la auctoritas, y no impuesto por la mera potestas sustentada en la coacción y represión -legal y necesaria, en ocasiones, por ser consustancial al Poder- no deseable en un ejercicio democrático del mismo.
Ahora bien, como nos apuntó Lipset "el concepto de legitimidad implica una creencia popular en el valor social de las instituciones existentes, así como en la capacidad del régimen para asegurar la conservación de esta creencia".13
Al respecto Ferrero planteó que "un gobierno es legítimo si el poder es atribuido y ejercido según principios y reglas aceptadas sin discusión por aquellos que deben obedecer. un principio de legitimidad no está jamás aislado., armoniza siempre con las costumbres, cultura, religión, intereses económicos de una época".14
En definitiva, resumamos afirmando que la legitimación se refiere a la concordancia del Poder con los anhelos, aspiraciones, necesidades e imaginario colectivo de una comunidad humana. Sólo cuando el Poder logra encarnar y representar los principios, estructura deseada y fines perseguidos por la voluntad manifiesta de la comunidad, puede ser además de legal un Poder también legítimo, o sea, convertirse en un Poder aceptado por consenso de los gobernados. Page 345
Sobre democracia se ha teorizado mucho a lo largo del tiempo, pero opinamos que si vamos a referirnos de alguna forma al tema, es acertado e indispensable basarnos en la interpretación que de la "democracia de los antiguos" de la República romana hiciera Rousseau en su trascendental obra El contrato social.
Un modelo democrático, según Rousseau y nosotros junto a él, se basa en la democracia directa -"el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder"-,15 la soberanía popular inajenable e indivisible y el control por parte del pueblo del poder estatal. A tenor de este paradigma, la ausencia o limitación de uno de estos pilares ataca directamente el modelo democrático, ad integrum, de la sociedad.
Refiriéndonos específicamente a la soberanía popular es esencial partir de que la soberanía es la facultad de decidir sin influencias externas, y corresponde a todos los ciudadanos y a cada uno de ellos, no al estado o la nación. La soberanía es el poder de la voluntad general, la posibilidad de que esta obligue, y sea quien determine.
El poder se encuentra en...
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