El Sistema de Justicia Penal, ¿Causante del Incremento de la Inseguridad?
| Autor | Lic. Carlos F. Rodríguez Ramírez |
| Cargo | Asesor Parlamentario en temas de justicia, seguridad pública, puntos constitucionales y DH |
| Páginas | 56-59 |
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En semanas recientes, sin haber cumplido un año de su entrada en vigor, se ha suscitado una serie de críticas reiteradas al sistema penal acusatorio. Situación preocupante en tanto que denotan una suerte de intención de retroceder en aspectos que muchos consideran como avances. No es un asunto menor, ya que las críticas provienen principalmente (más no únicamente) de nuestros gobernantes; sin embargo, encuentro argumentos tan carentes de solidez que me llevan a pensar que, por un lado, se trata de posturas que pretenden ser políticamente correctas ante la percepción social del aumento de los índices de inseguridad y por otro, hay quienes se aferran a viejos paradigmas ante su incomprensión de la naturaleza, dinámica y principios del sistema acusatorio.
Tal reticencia la he encontrado lo mismo en litigantes, catedráticos, políticos, agentes del Ministerio Público y, lamentablemente, también entre jueces y magistrados en las interpretaciones y criterios que aplican en sus sentencias. Llama la atención que las críticas, aún cuando se han intensificado en semanas recientes, comenzaron a surgir poco tiempo después de la plena entrada en vigor del sistema en junio del año pasado e incluso antes, en aquellas entidades donde ya operaba.
Enfocándonos a partir de junio de 2016, la primera de la que tengo registro tuvo lugar a finales de agosto –apenas 2 meses de iniciado–, cuando el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, anunció durante la reunión Plenaria de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Unión, que el Ejecutivo Federal presentaría iniciativas para poner candados al nuevo sistema de justicia penal, con el fin de evitar que los detenidos queden en libertad por resquicios legales. Se refería al efecto conocido como puerta giratoria. Todo quedó en una mera declaración; ni el Secretario ahondó en las razones por las que el Gobierno Federal estimaba que había que llevar a cabo semejante reforma, ni el Ejecutivo Federal ha enviado al Congreso, hasta ahora, iniciativa alguna para modificar el sistema de justicia.
Meses después, en diciembre, el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda declaró que el sistema de justicia alienta la puerta giratoria, por considerarlo garantista al permitir que los delincuentes salgan de prisión alegando violaciones al debido proceso. De su declaración deduzco que para él, el carácter de garantista no es una virtud ni una fortaleza del sistema, sino un defecto y una debilidad que se necesita erradicar. Pero lo que no consideró el General Secretario es que no basta con alegar ante un tribunal violaciones al debido proceso, se requiere acreditarlo; pues se trata del cimiento de la legitimidad de un sistema de justicia democrático, que busque hacer justicia sobre la base de la legalidad.
Si hay personas que, siendo culpables, han quedado en libertad por violaciones al debido proceso, la culpa no es del sistema de justicia garantista, sino de las autoridades que lo violaron, cuando era su deber cumplir con la ley. No debe culparse al sistema, de que las policías (y también los militares que hoy participan en labores de seguridad pública) practiquen sistemáticamente la tortura –así lo han señalado organizaciones inter-nacionales de derechos humanos–, que acostumbren fabricar culpables o que el Ministerio Público (mp) no sepa integrar una investigación; y de que las autoridades competentes aún no aprendan a perseguir el delito sin utilizar esa deleznable práctica.
El 5 de mayo, Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, anunció que la...
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