Sexto principio. El poder público garantizará los derechos vitales de los mexicanos: dignidad, libertad, igualdad, seguridad (jurídica y humana)
| Autor | Enrique Uribe Arzate |
| Páginas | 36-37 |
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La Constitución del pueblo y para el pueblo: reminiscencias y desafíos
En este entendido, otros órganos del Estado deben garantizar que la creación
de los partidos políticos, su funcionamiento y el gasto de los recursos públicos que
se les otorgan, se lleven a cabo con respeto y observancia de las reglas marcadas
por la Constitución y con plena transparencia, pues no son patrimonio de quienes
los organizan, sino instituciones de interés público, como bien lo dice la Constitu-
ción. Así, garantizar la constitucionalidad de los partidos políticos —en su creación
y funcionamiento— debe ser una tarea fundamental para el Estado plasmada sin
cortapisas en la Carta Magna. Lamentablemente, en este rubro, falta mucho por
hacer.
SEXTO PRINCIPIO
El poder público garantizará los derechos vitales de los mexicanos: dignidad,
libertad, igualdad, seguridad (jurídica y humana)
En la ciencia jurídica —como seguramente pasa en cualquier otra área del conoci-
miento—, las armaciones que no se contrastan, terminan siendo lugares comunes
que todos reeren y poco discuten.
En el derecho constitucional, luego de la reforma de 2011 que modicó el artículo
1º de nuestra Constitución, la mayoría de los juristas han celebrado sin reexión “el
cambio de paradigma” que modicó la palabra garantías por la expresión derechos hu-
manos, como si con esta modicación, los derechos de las personas fueran a cambiar
sustancialmente en sus niveles de aseguramiento y disfrute.
Esta reexión cobra sentido, una vez que han transcurrido varios años ya y la si-
tuación del respeto a los derechos humanos es un tema de vergüenza internacional
para nuestro país: nadie sabe dónde están los desaparecidos (ni los estudiantes de
Ayotzinapa, ni los exgobernadores acusados de corrupción y abusos). Un escenario
así de turbio nos planta de cara a una situación de emergencia que debe ser atendida
de inmediato, pues el Estado mexicano delineado en la Constitución, no puede pasar
de largo ni ante las desapariciones de personas ni ante los abusos de poder.
Mucho falta para volver al camino correcto, la Constitución marca de manera
taxativa e inequívoca cuáles son las obligaciones de los gobernantes; por eso, los mis-
mos gobernantes deben propiciar el cumplimiento de este programa prescrito por la
Carta Magna y no al contrario, ser los propios gobernantes quienes tejen la maraña
de inconsistencias e investigaciones mal hechas, que al nal se traducen en impuni-
dad soterrada y hasta en complicidad evidente.
De este modo, el programa constitucional tiene todavía algunos capítulos por
desarrollar; uno principal, es el combate a la corrupción y el castigo al insulto que
signica el abuso de poder (sobre las personas y sobre el dinero). Si las institucio-
nes diseñadas para hacerse cargo de las investigaciones y el castigo no funcionan, la
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