Seguridad y Justicia: Incidencia delictiva, percepción de inseguridad, procesos judiciales y sistema penitenciario en México. Un mapa crítico de sus fuentes estadísticas

AutorInvestigación para decisiones estratégicas, S.C.
Páginas2-113
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Estudio
Seguridad y Justicia
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores preocupaciones de los mexicanos de hoy es la inseguridad
pública. Y una de las grandes debilidades institucionales del Estado Mexicano reside en los
sistemas para prevenir, perseguir, juzgar y sancionar los delitos. Toda la cadena
institucional de seguridad y justicia padece insuficiencias y vicios, productos de muchas
décadas en que esa problemática se desdeñó o se trató con métodos poco apegados a la
ley, relativamente eficaces en un régimen autoritario, pero inaceptables en un Estado
democrático.
En el último decenio, las tendencias expansivas de la delincuencia común y la
delincuencia organizada han obligado a los gobiernos a prestar más atención a esa
problemática. Pero el reto es enorme, y por momentos rebasa las capacidades del Estado.
Las insuficiencias son muchas y multi-causales.
Una de las tareas necesarias para afrontar esos desafíos es conocer los fenómenos
y tratar de explicarlos, a fin de que las alternativas de solución que se contemplen se
finquen mejor en la realidad. Para tal fin, el gobierno federal y los gobiernos estatales, así
como el Poder Judicial y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, han sumado un
esfuerzo sistemático de registro y sistematización de información sobre inseguridad y
procesos de justicia, que ya está dando frutos. Hoy día, las fuentes de información sobre
seguridad y justicia son más numerosas y mejor construidas que las de antaño, pero
algunas adolecen aún de falta de homogeneidad y congruencia entre sí, lo cual dificulta su
integración y la formulación de explicaciones bien sustentadas.
Durante varias décadas, la información de seguridad y justicia de México se hallaba
escasamente integrada y carecía de criterios homogéneos que facilitaran su comparación
transversal (entre demarcaciones geográficas) y longitudinal (a través del tiempo). Aunque
las primeras estadísticas de defunciones datan desde 1893, la información que
concentraba la Dirección General de Estadística (fundada en 1882) no era del todo
confiable, porque los criterios y métodos de registro y reporte podían variar mucho entre
las entidades federativas. Lo mismo sucedía con la información judicial, generada por los
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tribunales de justicia de cada estado. Con la creación del INEGI, en 1983, la recolección de
información de los registros oficiales (estadísticas continuas) empezó a hacerse más
sistemática. En los primeros años el INEGI compilaba las cifras de algunos indicadores
sobre estas materias (por ejemplo de homicidios) a partir de los datos del Registro Civil de
las entidades federativas; sin embargo, éstas reportaban cifras mensuales de defunciones
por homicidio en forma agregada, sin desglose individual ni mayores datos sobre las
características y circunstancias de los eventos reportados. Fue sólo a partir de 1987 que el
INEGI recabó datos directos de los certificados de defunción y cuadernos del Ministerio
Público sobre muertes violentas, gracias a lo cual se pudieron integrar tabulados más
completos y detallados. De 1990 en adelante el INEGI publica al respecto información más
confiable, desagregada y homogénea, asequible para comparaciones y análisis diversos.
Con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 1998, se
produjo un salto cualitativo para generar, concentrar y difundir estadísticas de seguridad
con criterios y métodos más homogéneos y confiables.
La información del SNSP, administrada por su Secretariado Ejecutivo, ha
evolucionado con el tiempo. Mientras en 1997 se contaba con una clasificación en la que
se presentaban treinta y tres indicadores de incidencia delictiva, a partir de 2001 la
información adquirió un nuevo formato en el que se reportan sesenta y seis, como
resultado de una mayor desagregación de los delitos.
Por su parte, el INEGI continuó fortaleciendo la recolección y difusión de
estadísticas relacionadas con la incidencia delictiva y la justicia. [Describir la información
nueva del INEGI procesada entre finales del siglo XX y principios del presente].
A partir de 2011 (coincidiendo con su nuevo status de organismo autónomo), el
INEGI emprendió nuevos proyectos que han enriquecido notablemente la estadística de
seguridad y justicia: 1) los Censos Nacionales de Gobierno, que incluyen, en materia de
seguridad, a las procuradurías y tribunales de justicia, los centros penitenciarios, así como
a los gobiernos estatales y municipales en cuanto a sus recursos, personal, gastos y
actividades destinados a la seguridad pública; 2) la Encuesta Nacional de Victimización y
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Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE); 3) la Encuesta Nacional de Seguridad
Urbana (ENSU), y 4) la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas.
Los trabajos de recolección de información y reportes del SESNSP y el INEGI han
producido en los últimos años un acervo estadístico muy grande y cada vez más confiable.
Aún hay mucho por hacer en cuanto a la homologación de criterios de recolección,
clasificación y reporte de resultados, pero el volumen de información del que se dispone
hoy invita a proponer criterios de clasificación y comparación, profundizar los análisis, y
elaborar indicadores y escalas de medición cada vez más precisos de los fenómenos de
seguridad y justicia.
El presente informe presenta un panorama y un análisis de las fuentes de
información disponible sobre seguridad y justicia -incidencia delictiva, percepción de
inseguridad, impartición de justicia y sistema penitenciario- a fin de identificar sus
fortalezas y carencias, complementariedad y discrepancias, así como la oportunidad de
enriquecerlas con datos de contexto social.
La estructura del informe corresponde en términos generales a la secuencia del
delito y la justicia: el delito, la percepción de la inseguridad, la investigación penal, el
proceso judicial y la purga de la pena.
Víctimas de delitos y percepción de la seguridad . La comisión de los delitos en sí
misma no es fácilmente cuantificable, ya que es necesaria su denuncia ante las
autoridades para que éstas lo registren. Se sabe que en México la denuncia de delitos es
muy baja (de acuerdo con encuestas del INEGI, entre 10 y 15%), de tal manera que
siempre habrá una cantidad mayor de delitos que sufre la sociedad que aquella que las
autoridades conocen. Sin embargo, desde 2011 el INEGI lleva a cabo encuestas anuales
sobre víctimas de delitos y percepción de la seguridad, que permiten estimar la magnitud
total de delitos y la proporción de ellos que no se denuncian. El capítulo correspondiente
presenta la información más relevante de encuestas del INEGI sobre víctimas de delitos, y
sensación de inseguridad; complementariamente, se alude a estudios análogos realizados
por organismos civiles o académicos.

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