Santiago Nieto Castillo: 'Los delitos electorales se vuelven más sofisticados
| Autor | Alejandra Silva Carreras |
| Páginas | 18-23 |
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Santiago Nieto Castillo es abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha sido asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal y en el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
En el Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal, como secretario de Estudio y Cuenta, y como jefe de Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Fue designado magistrado electoral regional y fungió como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Senado de la República lo designó titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en febrero de 2015.
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Enfrentaba un doble reto en virtud de la transformación al sistema procesal penal acusatorio y del rezago del sistema penal tradicional. Tenía 4,496 averiguaciones previas pendientes y venía de un periodo de ocho meses en los cuales no había tenido titular. Existían 1,113 actas circunstanciadas que necesitaban ser atendidas.
Además, el Congreso de la Unión acababa de expedir la Ley General en Materia de Delitos Electorales que se derivó de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, en la cual por primera ocasión el poder revisor de la Constitución incluyó a la FEPADE en el texto constitucional: dejó de ser un órgano fundado en la ley y el reglamento para conformarse como uno de naturaleza constitucional.
El principal reto tuvo que ver con las nuevas competencias de la FEPADE. Por primera vez la institución tenía competencia para los procesos electorales locales y era importante que pudiéramos empezar a desarrollar investigaciones que terminaran en ejercicios de la acción penal en el ámbito de dichos procesos.
Otro desafío estuvo relacionado con la transición al sistema penal acusatorio. Teníamos una institución que no había hecho adecuaciones para la transformación del sistema, por lo que iniciamos un arduo trabajo para lograr su incorporación. A finales de 2015 tuvimos las primeras carpetas de investigación; en 2016 se judicializaron los primeros asuntos y en 2017 empezamos a tener las primeras sentencias condenatorias en procedimiento abreviado. También creamos una unidad de atención inmediata, seis unidades de litigación, una oficina de atención ciudadana y una de derechos humanos, encargada de los temas de...
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