Revisión teórica del proceso de evalucación de programas públicos, recopilación y análisis de información documental

Páginas53-75
CAPÍTULO 2
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Prácticamente desde mediados de los años noventa se inicia en México la
evaluación de programas (y de políticas públicas), con el objeto de identificar
los problemas en su instrumentación y la consecución de objetivos y metas
preestablecidas. La práctica de la evaluación de programas se considera como
parte importante de todo el ciclo de planeación y programación de las acciones
de gobierno. Si bien es cierto que la evaluación de programas en el sector rural
se inicia por ese periodo, durante la pasada administración, se debe reconocer
que su aceptación ha sido promovida, en gran medida, por los organismos
financieros internacionales. La necesidad de realizar un gasto público sano,
eficiente y eficaz para mitigar los problemas de la pobreza, y para reactivar
la economía en un ambiente de restricciones presupuestales, obliga a los
gobiernos a ser cuidadosos en el ejercicio de los recursos públicos.
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En México, la evaluación de programas la practican casi todas las secretarías
de estado que llevan a cabo la instrumentación de sus programas. De hecho,
año con año en el Presupuesto de Egresos de la Federación () se incluye
un artículo que obliga a los operadores a realizar evaluaciones periódicas de
sus programas. Esta obligación se traslada casi sin excepción a las Reglas de
Operación de cada programa.
La evaluación de los programas gubernamentales en México, y en
particular la evaluación de impacto, cobra relevancia en la década de los
noventa, ante la evidente necesidad de lograr una mejor asignación del gasto
público. El ámbito de la evaluación se amplía a medida que la política de
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gasto público exige una mejor definición e identificación de los programas
de subsidio, transitando de los programas de subsidio generalizado a los
programas focalizados.
En 1995 la mayoría de los programas carecían de documentos normativos
públicos que rigieran su operación, lo que propició:
• Falta de coordinación entre programas.
• Duplicidad o ausencia de acciones.
• Discrecionalidad en la asignación de los recursos.
• Ausencia de evaluación.
El  para 1999 estableció los criterios que rigen a los subsidios y las
transferencias:
• Identificar con precisión a la población objetivo y garantizar que los
recursos se canalicen a dicha población.
• Asegurar la obtención de información y la evaluación de los beneficios
económicos y sociales de su asignación y aplicación.
• Evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva.
• Incorporar mecanismos periódicos de evaluación y monitoreo que
permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su
terminación.
• Asegurar la coordinación de acciones para evitar duplicidades en el
ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos.
A partir de 1999 el  establece, por primera vez:
• La obligación de elaborar reglas de operación para los programas que
otorgan subsidios y publicarlas en el Diario Oficial de la Federación.
• Elaborar indicadores de evaluación y desempeño.
• Reportar trimestralmente los beneficios económicos y sociales de los
programas.
En el año 2000 el  hace explícita, por primera vez, la obligación de las
dependencias y entidades para evaluar los programas de subsidio. Presenta la
lista de programas sujetos a esta obligación y establece también la obligación
de enviar las evaluaciones a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados.

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