El revés a las energías limpias
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CADALSOS
La publicación en el DOF
-ordenado por la Secretaria de
Energía-, del Acuerdo del Centro
Nacional de Control de Energía
(Cenase), para supuestamente
garantizar la eficiencia, calidad,
confiabilidad y seguridad del
sistema eléctrico nacional, generó
una gran polémica y el reclamo de
amplios sectores de la población
y de los embajadores en México
de Canadá y la Unión Europea.
El Presidente Nacional interino
de MORENA Alfonso Ramírez
Cuéllar propuso una reforma
constitucional para facultar al
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) para revisar
el patrimonio inmobiliario y
financiero de los mexicanos y que
tenga acceso a su información
fiscal, con la finalidad de cerrar
brechas de desigualdad. No es
para quitarles a los ricos, asegura
irónicamente, sino para que se
detecten las altas fortunas, como
ocurre en cualquier lugar del
mundo, y cooperen más los que
más tienen. Según declaró, la
propuesta tiene una aplicación
de “Progresividad Fiscal”, con
lo que cada mexicano debe de
contribuir a los gastos del estado
y al financiamiento del "Estado de
Bienestar". Como era de esperarse,
EL REVÉS A LAS ENERGÍAS LIMPIAS
NO A UN INEGI FISCALIZADOR
La inconformidad se debe a que
con esta medida se pretende, so
pretexto de combatir el COVID-19,
frenar la producción de energías
renovables, con la ligera suspicacia
de regresar el monopolio de Estado
en el sector energético de la CFE. Lo
grave es que se trata de sustituir
energías limpias, renovables y
baratas (solar y eólica) por energías
contaminantes y caras como el
combustóleo y el carbón. Incluso,
internacionalmente ya se pidió a la
SENER que dé marcha atrás y revise
el Acuerdo, que además trasgrede
normas mundiales. Algunos jueces
federales ya han concedido amparos
para suspender provisionalmente
esta medida que ha frenado plantas
de energías limpias en prueba y
a punto de iniciar su operación
en varios estados. A pesar de la
controversia, la Cenace afirma
que sería irresponsable poner
en riesgo la demanda de energía
eléctrica en hospitales y centros
de salud adaptados para atender
las respuestas a esta idea no fueron
vítores; de hecho calificaron la
iniciativa como una táctica policial
para convertir al INEGI en un
órgano fiscalizador de la riqueza.
Juristas la consideraron como
antidemocrática e inconstitucional
y la vislumbraron como autoritaria
y peligrosa. La COPARMEX también
alzó la voz planteando que el cruce
de información entre INEGI y SAT
es nocivo para la confiabilidad de
los datos pues se podría conducir
y sin falsear información. Por
su parte, el Comité Nacional de
Estudios Económicos del IMEF,
dijo que la medida no serviría para
medir la desigualdad. En otros
casos, plantearon que la iniciativa
podría ser viable, pero podrían
violarse garantías individuales.
Incluso al interior de Morena hubo
rechazo. Resulta curioso que se haya
recortado el presupuesto para
el Instituto, pero se le quiera
dotar de tal poder fiscalizador.
Por lo pronto el propio AMLO
se deslindó de la propuesta del
presidente de su partido, el
senador Ricardo Monreal.
a los infectados por COVID-19. El
departamento jurídico del Centro
señaló que el decreto se apega a
la ley, además de ser una medida
temporal. El Consejo Coordinador
Empresarial -organismo cúpula
de los empresarios-, declaró que
tomará medidas jurídicas contra la
política de la Sener para defender
al sector energético mexicano ante
la “violación flagrante al marco
constitucional y legal mexicano”.
No obstante, AMLO defendió los
Acuerdos para terminar con los
contratos leoninos en el sector
eléctrico. Sin embargo, legisladores,
expertos y diplomáticos han dicho
que el Acuerdo viola tratados
internacionales en materia de
salud y medio ambiente, ya que
las energías fósiles, además de ser
más contaminantes, son 5 o 6 veces
más caras. Ojalá que la Secretaria
de Energía, Rocío Nahle García,
recapacite y revoque su Acuerdo
y le evite millonarias condenas
judiciales al Estado mexicano.
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