La reforma constitucional penal
| Autor | José Elías Romero Apis |
| Cargo | Fue diputado al Congreso de la Unión y en siete ocasiones subprocurador de la República y del Distrito Federal |
| Páginas | 207-222 |
Fue diputado al Congreso de la Unión y en siete ocasiones subprocurador de la República y del Distrito Federal. Desde 1995 es Presidente de la Academia Nacional, A.C. Catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Panamericana y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
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El posicionamiento personal del presidente Vicente Fox frente al crimen organizado, aunque no necesariamente el de sus colaboradores, fue de una clara neutralidad. En muchas ocasiones dijo que era un problema de los estados federados y no del gobierno federal. Que los miles de ejecuciones eran un asunto entre mafias que no debería preocupar a la ciudadanía. Con todo esto envió un contundente mensaje de permisividad.
Por eso resultó muy alentador que el presidente Felipe Calderón, desde un principio, haya rectificado el rumbo del discurso. Con sus acciones y declaraciones, más allá de si son o no eficientes, ha puesto en claro que considera que es un asunto de la más alta responsabilidad de su gobierno, que debe preocupar a la sociedad y que los criminales pueden tomarlo a él, desde ahora, como su principal y más poderoso enemigo.
Este golpe de timón cambia el rumbo en 180 grados. Es una declaración de guerra con la que el gobierno el gobierno mexicano pasa de la neutralidad y permisividad de Fox a la beligerancia y legalidad de Calderón.
Por eso ha sido de saludar la intención y la voluntad política de unas reformas penales que tienen cuestiones muy positivas, otras que no lo son tanto y algunas más que cuesta trabajo entenderlas e interpretarlas.
Como sea fue un buen intento que merece una reflexión seria, aún cuando esta sea muy sintética y muy preliminar. Ante todo debemos tener en claro que se trata de una reforma frente a la que algunos estarán de acuerdo y otros estarán en contra. Pero no sería fácil para nadie quedarse en medio. Page 208
Las reformas a la Constitución Política que recién fueron expedidas implican cambios importantes en el sistema mexicano de procedimientos penales.
Frente a ellas hay quienes se colocan en los extremos de la lux perpetuae o del fuego eterno. Es decir, que todo lo ven muy bien y muy bueno o que todo lo ven muy mal y muy malo.
Sin embargo, otros, por el contrario, creemos que contienen aspectos que pueden ser muy positivos, por fortuna los más. Aunque no puede desconocerse que existen otros abiertamente preocupantes. Y una tercera zona de penumbra donde todavía es impredecible si la reforma será para nuestro bien o para nuestro mal.
Es decir, es una reforma que nos viene a obsequiar esperanzas prometedoras para el futuro pero, junto a ellas, también nos surte de amenazas peligrosas para el porvenir.
Pero lo importante es que todavía estamos a tiempo para evitar nuestro descarrilamiento. Si la reforma es imperfecta, hay que mejorarla. Si es incompleta, hay que colmarla. Si es mediana hay que engrandecerla. Vamos, no vayamos a contentarnos tan solo con bendecir o maldecir la reforma constitucional sino que hay que instalarle todo lo que requiera para que funcione de la mejor manera.
En primer lugar, el Presidente Felipe Calderón, autor de la iniciativa, ha puesto en claro que lo considera como un problema de la más alta responsabilidad de su gobierno, que debe preocupar a la sociedad y que los criminales pueden tomarlo a él, desde ahora, como su principal y mas poderoso enemigo.
Más adelante, los senadores y diputados al Congreso de la Unión adoptaron una posición muy responsable. De inmediato se sumergieron en el análisis profundo de la iniciativa. Después, se aplicaron a resguardar lo que ella contenía de valioso, a reparar lo que había que corregir y a producir lo que hoy tenemos como ley vigente.
Aquí cabe lo que considero una importante advertencia, sobre todo para quienes no están plenamente familiarizados con estos asuntos. Esta es una reforma de abogados y de procedimientos penales. Ella va a mejorar o a empeorar la vida en los tribunales, en las procuradurías y en los bufetes. Pero no la va a regenerar ni a dañar en las calles. No por ella vamos a tener un país más seguro ni más peligroso.
Una primera precaución que debe tomarse frente a la reforma es que se trata de lo que podríamos llamar una "ley marco". Esto significa que lo que fue expedido no es todo lo que se va a aplicar sino que, a partir de ella, tendrán que expedirse otras leyes que vendrán a "aterrizar" este primer dispositivo.
Esto no es una cuestión menor. Tendrán que ponerse a trabajar el Congreso de la Unión, en la materia federal y, en la local, todos lo congresos de los 31 Page 209 estados federados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ellos tendrán que expedir reformas a los actuales o nuevos códigos procesales, leyes de prisiones, leyes de tribunales, leyes de procuradurías, leyes de defensorías y leyes de seguridad pública. Todo ello, en múltiplos de 33. Además, en el caso federal, una nueva legislación sobre delincuencia organizada y sobre incautación de bienes. Total, algo así como 200 reformas o nuevas leyes, pero expedidas por 33 autores distintos.
Ahora bien, una reforma al capítulo de garantías constitucionales, como la que ahora nos ocupa, produce diversos efectos funcionales en el universo de lo jurídico. Podría decirse que todas ellas son de alta complejidad pero es bueno tratar de instalarles algo de claridad.
El primer efecto es que obliga a que los legisladores ordinarios, ajusten sus nuevas leyes al mandato de la nueva disposición constitucional. Hasta aquí todo está más o menos sencillo. Digo que "más o menos" porque, como lo veremos adelante, las reglas impuestas para los 33 órganos legislativos no son perfectamente claras. Por eso el producto legislativo corre el riesgo de batirse si tantas autores no entienden la fórmula de la misma manera.
Pero, después de lo "sencillo" viene lo complicado. El segundo efecto de una reforma en las garantías constitucionales es que, además de los legisladores, también quedan obligados ante ella, todos los policías, todos los agentes del Ministerio Público, todos los procuradores, todos los jueces y todos los magistrados del país. Ellos tendrán que entender y aplicar, miles de veces todos los días y más o menos de la misma manera, esa reforma constitucional y esas 200 nuevas leyes.
Si unos y otros no cumplen con lo dispuesto se tienen que otorgar o negar miles de amparos cada día.
Repito que es una reforma muy complicada de entender, aún para los abogados más preclaros de México. Tengamos cuidado de que no vaya a llevar a muchos inocentes a la cárcel o a muchos criminales a la calle.
En toda ciencia existe lo que podría llamarse como vaguedad o equivocidad técnica. No es tanto una falta de precisión conceptual sino una falta de consenso conceptual. No se trata de que las palabras sean inadecuadas sino que no todos los profesionales de esa ciencia las entienden igual, debido a convicciones distintas y no a falta de entendimiento.
Pensemos, como ejemplo, en la ciencia médica. En el esquema más simple podemos decir que hay cuatro clases de oncólogos. Los que piensan que el cáncer se cura con cirugía. Los que sostienen que se cura con radiación. Los que están persuadidos de que se cura con quimioterapia. Y los que están convencidos de que no se cura. Page 210
Eso sucede en todas las ciencias. Ahora pensemos en el Derecho. Entre los abogados existe la especialidad formada por los penalistas. Entre ellos, hay la subespecialidad que forman los procesalistas. Pero entre estos hay, también, una hipersubespecialidad integrada por los garantistas o amparistas. Estos, a su vez, empatan o se conectan con otros especialistas que son los constitucionalistas. Somos, en palabras comunes, los abogados que nos dedicamos al litigio en la materia de amparo. Es en nuestros escritorios donde va a terminar y a decidirse la suerte de esta reforma.
Pues bien, al igual que con los médicos, no todos los abogados creemos lo mismo respecto a nuestra ciencia. Dentro de una misma procuraduría, tribunal o bufete, existen tantos criterios como cabezas. Más aún, como en todas las ciencias, existe mayor divergencia mientras más alta sea la calidad técnica de los profesionistas en debate. La ignorancia propicia más consensos que la tecnología de punta.
Trato de explicarme en algo que puede resultar muy peligroso. La reforma ha cambiado, en muchos aspectos, ciertos criterios que, sin ser óptimos, habían logrado cierto consenso, por otros que, aún siendo muy sostenibles, aún empiezan a cobrar residencia, a partir de mucha polémica, sobre todo entre los más sabios.
Creo que con esta reforma triunfaron algunos sabios. Pero anticipo que las nuevas reglas tendrán que pagar el alto precio de tener en contra a la mayoría de los otros...
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