La reforma constitucional en materia electoral de 2007
| Autor | Juno Martínez de la O. |
| Cargo | Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México Norte. |
| Páginas | 95-102 |
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Una nueva reforma constitucional en materia político electoral ha sido aprobada por el Poder Constituyente Permanente para responder a un genuino reclamo social y a las demandas de distintos partidos políticos que exigen reglas cada vez más claras y confiables para la competencia electoral.
En efecto, el 13 de noviembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales que vienen a redefinir las reglas de actuación de los partidos políticos, los ciudadanos, las autoridades electorales, los tres niveles de gobierno y en suma, de toda persona física o moral que pueda incidir en los procesos electorales.
La reforma de 2007 viene a sumarse a otras similares aprobadas en los años de 1990, 1993, 1994 y 1996 que en materia político electoral han sido concebidas para sentar las bases a partir de las cuales sea posible desarrollar en la ley reglamentaria, eso es, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como norma sustantiva, y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como norma adjetiva o procesal, las normas jurídicas que garanticen procesos electorales confiables. Ninguna materia ha sido tantas veces modificada en tan poco tiempo a nivel constitucional, como la político electoral, lo que habla de la progresiva incorporación de nuevos textos normativos que han contribuido a la consolidación del andamiaje jurídico en el que se soporta hoy el llamado sistema nacional de elecciones.
Cada una de estas reformas ha aportado en su momento avances innegables, sin embargo, en un gradualismo que sólo se explica por la resistencia de algunos actores políticos, ha sido necesario el impulso de nuevas reformas que han retomado viejas aspiraciones de la sociedad y de los partidos políticos en su conjunto. Page 96 La enmienda de 2007 no es la excepción. Con toda seguridad quedaron pendientes temas por discutir con mayor profundidad pero que durante la discusión de la iniciativa no fue posible lograr los acuerdos necesarios, por lo que serán asignaturas pendientes por abordar en ulteriores reformas electorales.
Con la aprobación de la reforma, los tres grupos parlamentarios con mayor representación en el Congreso demostraron que sí es posible articular consensos alrededor de una reforma electoral que modifique las reglas del juego democrático y con una visión de Estado, fueron capaces de zanjar sus discrepancias ideológicas para impulsar una reforma que respondiera a las exigencias ciudadanas de disminuir el costo de la democracia electoral, de fortalecer a las autoridades electorales y de acotar los excesos de los medios de comunicación que tanto interfirieron en el proceso electoral de 2006.
La reforma constitucional materia del presente artículo tiene el mérito de responder a un diagnóstico elaborado a partir de una serie de foros a los que convocó el Congreso de la Unión para conocer las propuestas de partidos políticos, instituciones de educación superior, especialistas en temas políticos y electorales y en general a cualquier ciudadano que deseó contribuir en la formulación del diagnóstico, que luego de ser procesado al interior del Congreso, pudo traducirse finalmente en una iniciativa de reforma constitucional que suscribieron senadores y diputados de distintos grupos parlamentarios.
La iniciativa de reforma constitucional tuvo tres objetivos principales para los autores de la iniciativa:
El primero de ellos fue disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales mediante la reducción del financiamiento público destinado a tal propósito. La reducción será del setenta por ciento cuando sólo se renueve la Cámara de Diputados y del cincuenta por ciento, cuando se renueven el Poder Ejecutivo y las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Con el mismo propósito se planteó una nueva forma de cálculo del financiamiento anual para actividades ordinarias de los partidos políticos, lo que permitirá mayor claridad y transparencia sobre el costo que el sistema de partidos implica para la sociedad.
Se plantearon también límites menores para el financiamiento privado que puedan obtener, en lo sucesivo, los partidos políticos, lo que representará una reducción de más del ochenta y cinco por ciento en el monto absoluto que cada partido podrá recibir anualmente por este concepto. Con esta limitación se pretende mitigar el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales.
Para atender una vieja demanda social, se propuso establecer que la campaña presidencial acorte su duración actual en algo más de la mitad, de 186 a 90 días, plazo máximo que también se establece para las de senadores y diputados en ese mismo año; para las elecciones en las que sólo se renueva la Cámara de Diputados, se propuso que las campañas tuvieran una duración de 45 días.
El segundo objetivo de la reforma fue el fortalecimiento de las atribuciones de las autoridades electorales federales a fin de superar las limitaciones que han enfrentado en su actuación. Con la reforma planteada se pretende fortalecer al IFE Page 97 como árbitro de la contienda, mientras que al Tribunal Electoral se le pretendió otorgar la facultad para decidir la no aplicación de las leyes electorales contrarias a la Constitución.
Para ambas autoridades también se propuso la renovación escalonada de consejeros y magistrados electorales para sí...
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