El recurso de revisión penal - Núm. 10, Enero 2002 - Revista del Instituto de la Judicatura Federal - Libros y Revistas - VLEX 192778673

El recurso de revisión penal

Autor:Ricardo Ojeda Bohórquez
Cargo:Magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
Páginas:179-198
RESUMEN

Introducción. I. Definición. II. Problemática. III. Alternativas de solución. IV. Propuesta. V. Procedencia. VI. Lo conveniente del recurso. VII. Propuesta de reformas. Bibliografía. Legislación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Delito que no se castiga se repite

(Aforismo criminológico)

Page 179

Introducción

Existe la inquietud de algunos juristas de convertir los Tribunales Unitarios de Circuito en órganos colegiados, por la inconveniencia que, en su concepto, existe en las decisiones unitarias; sin embargo, el Poder Judicial de la Federación, enfrenta actualmente problemas de tipo económico y humano para poder realizar este propósito; ante esta problemática me decidí a escribir y publicar este modesto artículo que plantea una propuesta de solución, que ya con anterioridad, aunque con argumentos distintos, había externado en otro foro. Mi sugerencia es la instauración de un recurso excepcional que denomino "El Recurso de Revisión Penal". Page 180

I Definición

Sería un recurso ordinario de carácter excepcional que el Ministerio Público podría interponer en contra de las sentencias absolutorias dictadas por los Tribunales Unitarios de Circuito, que revocaran la condenatoria de primera instancia. Dicho recurso procedería únicamente en casos excepcionales, tratándose de delitos graves y cuando el asunto revelara importancia y trascendencia.

II Problemática

Se ha criticado en foros académicos y por parte de la Procuraduría General de la República, el hecho de que el Ministerio Público Federal no cuente con la posibilidad de impugnar las resoluciones terminales unitarias de los Tribunales Federales de apelación, especialmente en materia penal.

Se cuestiona la confiabilidad de las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales Unitarios de Circuito, especialmente las absolutorias en contra de las cuales el Ministerio Público no tiene ningún recurso o medio de defensa que hacer valer cuando éstas son incorrectas; por ende, se han propuesto alternativas de solución para remediar el problema, argumentando dos motivos importantes para el cambio: la desconfianza en las decisiones unitarias y el interés social de acabar con la impunidad.

Se ha dicho que las resoluciones unitarias no son confiables, puesto que se ha cuestionado la infalibilidad del ser humano.

Actualmente, las sentencias de apelación en materia federal, son unitarias, por disposición de los artículos 28 y 29, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a la letra establecen:

Artículo 28. Los tribunales unitarios de circuito se compondrán de un magistrado y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto.

Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán:

II. De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito. Page 181

Debe reconocerse que, durante muchos años los Tribunales Unitarios de Circuito que conocen de los recursos en segunda instancia, se han desempeñado con decoro y gallardía, resolviendo conforme a derecho y con honestidad. Y que las críticas que se han hecho a los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación en su gran mayoría son infundadas. Sin embargo, es pertinente reconocer errores, escuchar argumentos y proponer soluciones.

Se dice que el hombre es falible por su propia naturaleza y, por tanto, los funcionarios judiciales podemos cometer errores jurídicos y en el procedimiento y hasta ser sujetos de tentaciones contrarias a los intereses de la justicia.

En efecto, el magistrado titular de un Tribunal Unitario de Circuito decide solo y por su misma condición humana, puede cometer errores en la valoración de las pruebas o en la aplicación de la ley, por una visión de criterio equivocada, por descuido o hasta por incapacidad, inclusive torcer el sentido de su resolución por corrupción, manifestada principalmente por dos actos: la consigna y la deshonestidad.

El criterio equivocado esporádicamente se presenta por la falta de actualización de los juzgadores; afortunadamente el Instituto de la Judicatura Federal ha estado trabajando arduamente; sin embargo, habrá quien no se preocupe por su actualización, cegados por la soberbia que en algunas personas produce el cargo de secretario, juez o magistrado.

El descuido también es un factor que genera el error y es factible que se presente con frecuencia, algunas veces motivado por la confianza depositada en los secretarios o incluso por pereza.

La incapacidad es otro factor importante que puede incidir en el error y también se puede presentar dentro del Poder Judicial de la Federación, aun cuando se ha tenido el cuidado de seleccionar a sus miembros.

La consigna es un acto reprochable, que tiende a desaparecer total- mente del Poder Judicial Federal; afortunadamente existe la independencia judicial en nuestra institución.

La deshonestidad es otra acción reprobable que dada la naturaleza del ser humano se puede presentar dentro de la administración de justicia, ante el hostigamiento de litigantes y la falta de principios morales; afortunadamente en el Poder Judicial Federal el porcentaje en este aspecto, en mi concepto, es de dos por ciento; habrá quien opine que es Page 182 mayor o menor el porcentaje, pero es evidente que existe en los diferentes niveles de jerarquía (actuarios, secretarios, jueces, magistrados).

Esto es cierto y debemos reconocerlo, tan es así que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 131 establece diversas causas de responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, dentro de las que conviene recordar las señaladas en las fracciones I, II, III, V y XI, que textualmente dicen lo siguiente:

Artículo 131.- Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:

I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del mismo u otro poder;

II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Poder Judicial de la Federación;

III. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

XI. Las previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siempre que no fueran contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional; y ...

El artículo 47 en sus fracciones I, V, XIII, XV, XVI y XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, textual- mente establece:

Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o Page 183 deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

...

V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste.

...

XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

...

XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate y que tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión;

...

XVI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII;

...

XXII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público;

... Page 184

También pudieran existir conductas que se tipificaran en las leyes penales, convirtiéndose en delitos. Por ejemplo el cohecho, el enriquecimiento ilícito y los delitos contra la administración de justicia, previstos en los artículos 222, 224 y 225 fracción VI del Código Penal Federal, respectivamente.

Por todas estas razones los críticos argumentan que las decisiones unitarias son menos confiables que las colegiadas.

Por otra parte, en materia penal existe otro argumento para no aceptar que los Tribunales Unitarios sigan conociendo del recurso de apelación: el interés social de que no haya impunidad.

Se afirma que sobre el interés particular está el interés social.

El interés social es también denominado interés general o interés público, aun cuando algunos autores atribuyen al interés público un significado más restringido, considerando que éste se constituye únicamente por las pretensiones que tiene el Estado para satisfacer sus necesidades como institución, por ello, debemos concluir que el interés social es únicamente sinónimo de interés general.

El interés social o general es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidos mediante la intervención directa y permanente del estado.

El interés privado o particular de todo gobernado es el conjunto de pretensiones tuteladas por el derecho que tiende a satisfacer las necesidades específicas de determinados individuos o grupos sociales (Cornejo Certucha, Francisco, 1999: 1779).

Ahora bien, si bien es cierto que todo gobernado tiene derecho a que se le respeten sus garantías individuales consignadas en la Constitución, también es cierto que la sociedad está interesada en que se castiguen los ilícitos, más aún los que son detestables por las repercusiones y afectación colectiva que representan. En suma, la sociedad está interesada en que aquellos delitos de esa naturaleza no queden impunes por ningún motivo; y no olvidemos que, con independencia de la buena o mala fama de las instituciones, el Ministerio Público, legal y constitucionalmente, es el representante de la sociedad en el ejercicio de la acción penal y es ella quien le exige resultados.

En mi libro "Amparo Penal Indirecto (Suspensión)", explicaba como Ignacio L. Vallarta sostenía acaloradamente que la Ley no está para Page 185 proteger a delincuentes, pensamiento plasmado en el artículo 14 de la Ley de Amparo de 1882.

Así podemos concluir que siempre el interés general ha estado por encima del interés particular, y es la misma ley la que ha hecho realidad esta premisa mayor, cuidando el respeto a los derechos fundamentales del hombre.

Por estos dos factores (decisión unitaria e interés social) juristas dedicados al litigio argumentan que en materia penal, en algunos casos las resoluciones de los Tribunales Unitarios de Circuito no son confiables y causan a la sociedad un gran perjuicio. Igual opinión tienen los funcionarios del Ministerio Público.

Si una resolución unitaria es condenatoria, también causaría un gran perjuicio si ésta no es correcta, pero afortunadamente el sentenciado, agraviado con la condena, tiene una última oportunidad de defensa, el amparo directo, que es resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito o en su caso por la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación; ambos órganos colegiados, compuestos por tres y once juzgadores, respectivamente. De ahí que transformar los Tribunales de apelación en órganos colegiados, como consecuencia de la opinión de los abogados postulantes no se justifica.

Sin embargo, en materia penal, el Ministerio Público Federal, representante de la sociedad, no tiene, en ningún caso, posibilidad de lograr sus pretensiones cuando la sentencia es absolutoria en segunda instancia, generándose con ello la impunidad tan criticada por la sociedad mexicana, si la sentencia no es correcta.

En efecto, ante una sentencia absolutoria de apelación que es incorrecta no tiene ninguna posibilidad de recurrir o acudir al juicio de amparo, sin poder justificar su función ante la Sociedad interesada en que los delitos, principalmente los graves, se castiguen severamente (es el reclamo actual de la sociedad y quien ha sido víctima de un delito, no podrá decir lo contrario).

Se han recibido críticas fuertes a los juzgadores y a la impunidad que no podemos desatender. Por ejemplo, el doctor Eduardo López Betancourt en su libro "Pensamientos", plantea que: "En México, delinquen todos: hombres del gobierno, banqueros, industriales, profesionistas, jueces, policías, etc.; por supuesto estimamos que hay dignas y respetables excepciones, pero en su mayoría los hombres del poder se encuentran a la por Page 186 demás productiva actividad delictiva. Para demostrar nuestro dicho de que la delincuencia se origina en los ámbitos del poder, basta con analizar las cifras proporcionadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos; de acuerdo con este organismo, México mantiene un gobierno autoritario, impositivo, represivo y, por ende, delictivo; los números que menciona la CIDH son impresionantes: para el primer semestre de 1998 asegura que hubo 1,500 violaciones individuales y más de 200 colectivas, sobre las que se dieron homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegales de la libertad; tales ilícitos perpetrados por los hombres del gobierno, particularmente quienes se encargan de la seguridad y la tranquilidad social. Esto es verdaderamente grave, el que los responsables de evitar asesinatos, secuestros y todo tipo de delitos, sean quienes los cometan. Si la actividad delictiva que queda impune se inicia desde el poder, es evidente que muy poco podrá lograrse, en tanto no hayan cambios radicales. Hemos propuesto (y lo seguiremos haciendo hasta la saciedad) un cambio de hombres, una sustitución absoluta de policías, ministerios públicos y jueces corruptos. Reconocemos que hay casos de excepción, pero en su mayoría esos nefastos servidores públicos, deberán ser cesados. En la medida en que tengamos limpieza en los ámbitos policiacos y en la procuración y administración de justicia, en esa misma dimensión se podrá exigir a los demás individuos, tanto del poder político como económico, que respeten nuestro marco legal; tendrán que atenerse a las consecuencias de sus ilícitos y recibir severos castigos que merezcan. De esta manera lógica, la sanción a los demás delincuentes será factible" (López Betancourt, 1998: 363).

El doctor en derecho Jorge Carpizo, en su libro "Nuevos Estudios Constitucionales", sostiene lo siguiente: "Otro aspecto es la corrupción, que ahora reviste la característica de la impunidad, que se agrava sensible- mente por la existencia del crimen organizado, cuyas ganancias fabulosas, verdaderos ríos de oro, le permiten corromper jueces con más facilidad que en el pasado, porque las tentaciones y las amenazas son mayores" (Carpizo, 2000: 522).

Justificadas o no, ahí están las críticas.

Pero no sólo es crítica de algunos académicos, sino también de los medios de comunicación nacionales.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Genaro David Góngora Pimentel, en una entrevista concedida a la revista Época, expresó: "la corrupción entre jueces, magistrados y ministros Page 187 es "reducidísima". No ha penetrado el narcotráfico en las proporciones que se cree." (Góngora, 2000: 13).

Por todo ello debemos aceptar que en tratándose de delitos graves, las sentencias deberían ser más confiables y que existen críticos que afirman que con el sistema actual de competencias en materia de apelación penal, no lo son al cien por ciento.

III Alternativas de solución

Ante tal problemática, se han planteado varias alternativas de solución, entre las que destacan las dos siguientes.

  1. - Que los Tribunales de apelación en materia federal sean colegiados, integrados por tres magistrados por lo menos.

  2. - Que los actuales Tribunales Colegiados de Circuito conozcan además del amparo, del recurso de apelación en materia penal tratándose de delitos graves.

La primera alternativa de solución (convertir los Tribunales de apelación en órganos colegiados) es en mi concepto la más aceptable y lógica, puesto que la resolución sería colegiada y, por ende, más confiable; no es posible que este tipo de Tribunales de apelación en el fuero común sean colegiados y en el fuero federal unitarios, con los posibles riesgos que conlleva una resolución unitaria.

Sin embargo, enfrenta un problema: el factor humano. En este momento, para el Poder Judicial Federal y el Instituto de la Judicatura Federal la gran dificultad que afronta es la escasez de personas honestas con vocación, capacidad y capacitación para ser jueces y magistrados.

En la actualidad existen cincuenta y tres Tribunales Unitarios, se tendrían que nombrar ciento seis magistrados más, para convertirlos en colegiados.

Además, de ser así, sería ilógico que los tribunales de amparo colegiados, sigan también con un número de tres magistrados (aún cuando los resultados hasta ahora, al parecer han sido aceptables); para mi gusto, de convertirse los tribunales de apelación en órganos colegiados de tres miembros, tendría que ser mayor el número de personas que revise en amparo a un órgano colegiado, por lo menos de cinco personas. Page 188

Además, de volver colegiados a los Tribunales de Apelación, el despacho de los asuntos sería más lento proporcionalmente hablando, por la diversidad de criterios y caracteres humanos y, en consecuencia, se tendrían que crear más tribunales de apelación, no sólo para la materia penal, sino también para la materia civil, si tomamos en cuenta únicamente el cuestionamiento principal consistente en la ineficacia de la decisión unitaria, haciendo un lado el interés social, argumentado en la materia penal.

Además se afectaría de manera importante el factor económico y los recursos materiales del Poder Judicial de la Federación.

La segunda alternativa de solución (que los actuales Tribunales Colegiados de Circuito conozcan de la apelación en delitos graves) también es aceptable, pero tiene inconvenientes.

En principio debe decirse que, al referirse a los delitos graves, se entiende que únicamente conocerán del recurso de apelación en materia penal, tomando en cuenta, no solamente el argumento de la ineficacia de las resoluciones unitarias y los riesgos que estas tienen, sino más bien del argumento consistente en que esa ineficacia se agrava más en materia penal, por la sencilla razón de que está de por medio el interés social y más todavía en tratándose de delitos graves.

Esta propuesta de solución tiene el inconveniente de convertir a los Tribunales Unitarios competentes para conocer únicamente de delitos no graves, y se corre el riesgo de que se señalen con el calificativo de tribunales de segunda, consecuentemente, el calificativo también de magistrado de primera y de segunda.

También se corren otros riesgos tal vez más importantes.

- El evidente aumento en la carga de trabajo para los actuales Tribunales Colegiados en Materia Penal.

- Actualmente existen en el Distrito Federal seis colegiados penales y cuatro por formarse (diez en total), ¿serían suficientes?.

- La marcha atrás al terminar con una subespecialización de los actuales Tribunales Colegiados de Circuito, pues ya no conocerían solamente de amparo, sino además de proceso penal. ¿Las sesiones se dividirían para conocer de unos asuntos y después de otros? ¿Los secretarios se especializarían en una y otra submateria? Page 189

IV Propuesta

Ante tal problemática planteo una diversa y modesta alternativa de solución, que ya con anterioridad la había planteado en el último Congreso de Magistrados de Circuito, pero con diverso enfoque y menos sustentada; por tales motivos y otras circunstancias no tuvo éxito el planteamiento en esa ocasión, pero ahora que se ha agudizado la problemática, consideré pertinente escribir al respecto.

El recurso de revisión penal, procedería únicamente en contra de las sentencias definitivas absolutorias que revoquen la de primera instancia, en el supuesto de delitos graves y en casos excepcionales.

Una de las clasificaciones más común de los recursos es la que los divide en ordinarios y extraordinarios, clasificación procesal civilista que toma como punto de partida la resolución objeto del recurso. Son ordinarios los que se invocan contra las resoluciones que aún no han adquirido el rango de cosa juzgada y extraordinarios los que sí han alcanzado esa autoridad (Hernández, 2000: 93).

Por tanto, atendiendo a que no podría adquirir el rango de cosa juzgada la sentencia absolutoria que revoque la condenatoria de primera instancia, sería un recurso ordinario.

También sería de naturaleza excepcional, para evitar que el órgano acusador impugne por sistema y en todos los casos, con la consecuencia lógica de saturar al Tribunal Colegiado de trabajo; para ello es necesario establecer legalmente requisitos, candados que cierren la posibilidad de volver un recurso general y que lo conviertan en estrictamente excepcional.

Este recurso permitiría atender no sólo la desconfianza de algunos en la decisión unitaria, sino además a la satisfacción del interés social en los casos verdaderamente importantes y trascendentes. Solución que tal vez en estos momentos sea la más viable, esto para evitar el desgaste económico, material y humano del Poder Judicial de la Federación, recursos que actualmente no tiene; defendiendo así la confiabilidad en la gran mayoría de las sentencias unitarias que dictan nuestros compañeros magistrados que llevan en sus hombros esa alta responsabilidad. Page 190

V Procedencia

El recurso de revisión penal sólo procedería, si se reúnen los siguientes requisitos.

a). Que la resolución impugnada sea una sentencia absolutoria del Tribunal Unitario.

b). Que la sentencia del Tribunal Unitario revoque la condenatoria de primera instancia.

c). Que los delitos por los que se dicte esa sentencia sean graves conforme al artículo 194 del Código Penal Federal; y

d). Que el asunto de que se trate, a propuesta del Ministerio Público y calificación del Tribunal Colegiado competente sea de importancia y trascendencia.

El primer requisito, se justifica porque respecto a las condenatorias será el sentenciado quien genere la intervención del Órgano Colegiado mediante el juicio de amparo directo.

El segundo requisito se justifica en virtud de que en esos casos ya se cuenta con una opinión contraria que produce una presunción de que puede ser discutible el sentido de la sentencia de segunda instancia y porque sólo en estos casos el Ministerio Público no tuvo oportunidad de expresar agravios en esa instancia por haber sido condenatoria.

Cuando se confirma la absolutoria considero que esa confianza en la sentencia de segunda instancia no se pierde al ser dos personas las que ya emitieron un fallo en el mismo sentido y además, lo más importante, el Ministerio Público ya tuvo su oportunidad de expresar agravios.

Enseguida tratándose de delitos graves, puesto que sólo en estos podría existir un efectivo interés social en que se resuelva correctamente; además de que sólo por éstos se afecta la libertad personal y existen otros intereses particulares fuertes que pudieran desviar el fin de la justicia, aprovechándose de la falibilidad humana.

Finalmente, que el asunto sea importante y trascendente. Es decir, además de tratarse de delitos graves -dentro de los que evidentemente se encuentran los cometidos por la delincuencia organizada- el asunto en sí debe ser importante y trascendente, entendiéndose por esto, conforme al Diccionario de la Real Academia como la calidad de lo que importa, de lo que es muy conveniente o interesante o de mucha entidad o consecuencia. Trascendencia: Resultado, consecuencia de índole Page 191 grave o muy importante. Estas acepciones, dan como resultado que deba considerarse que se está en presencia de un asunto que reúne los requisitos de importancia y trascendencia en aquel asunto penal respecto del cual se puede justificar la necesidad de ser revisado, mediante razones que no puedan ni podrían formularse en la mayoría de los negocios y menos en la totalidad de los asuntos, porque de aceptar lo contrario, se trataría de un asunto común y corriente y no de importancia y trascendencia en el sentido que establece la ley.

La importancia y trascendencia deberá estar estipulada en la ley con parámetros generales, pero delimitados, para evitar determinaciones arbitrarias. Definir lo que es importante y trascendente cuando el asunto revele un interés social por combatir la impunidad y genere escándalo social y que las consecuencias de la sentencia absolutoria recurrida sean de índole grave e importante para la sociedad, ya porque se permita la continuación de eventos delictivos graves dentro del país o bien porque dada la naturaleza del asunto pueda acarrear en lo futuro la pérdida de confianza en las instituciones de administración de justicia.

Por ejemplo, existen casos en que debido al escándalo generado por la prensa, la radio y la televisión, la sociedad o parte de ella opina y exige que se castigue a los delincuentes. Sería un asunto importante.

Es trascendente, por ejemplo, si se absuelve a una persona acusada de narcotráfico y se le señala como cabecilla de la organización criminal, es evidente que de ser cierta la acusación del órgano acusador, continuarán en el país la comisión de delitos graves como el cometido y otros como el homicidio, etc. Distinto si al absuelto se le acusa de haber sido utilizado para transportar dos paquetes de droga.

También sería trascendente si debido a la naturaleza del asunto, peligra la confianza en las instituciones de administrar justicia, aun cuando no se trate de delincuencia organizada. Desde luego todo a juicio del Tribunal Colegiado de Circuito.

La importancia y trascendencia la deberá proponer el Ministerio Público de la Federación, institución de buena fe, en los casos que así lo considere, motivando su propuesta, con razonamientos lógicos, convincentes y señalando el motivo por el que considera no confiable la resolución unitaria. Será el Tribunal Colegiado, quien analice esos motivos expuestos y quien califique si se trata de un asunto importante y trascendente y, Page 192 consecuentemente, la procedencia del recurso, para en su caso entrar al fondo del asunto y determinar si se confirma o revoca la resolución.

Se ha tenido la experiencia en materia administrativa, tratándose de la procedencia de la revisión fiscal, que existieron muchos criterios distintos por la ambigüedad de los términos importancia y trascendencia; sin embargo, atendiendo a lo excepcional del recurso de revisión penal que se propone, en mi concepto, por la exigencia de los mencionados requisitos serían muy pocos los casos en la República Mexicana en los que se entraría al fondo del asunto (de veinte a cincuenta asuntos anuales aproximadamente); y nueve veces más de ese número los recursos que llegaran a interponerse, y que resultaran improcedentes; por lo que sería conveniente que el Consejo de la Judicatura Federal creara un solo tribunal en el Distrito Federal que atendiera esos casos especiales provenientes de toda la República para evitar la diversidad de criterios en cuanto a la procedencia del recurso, tomando en cuenta que serían pocos los recursos en los que se tendría que entrar al fondo del asunto. No por ello sería un tribunal especial, prohibido por el artículo 13 Constitucional, puesto que Tribunal especial es aquél creado exclusivamente para conocer de determinados hechos y personas, por lo que una vez que realizan el juzgamiento que les ha sido encomendado se extinguen, no son permanentes y no han sido establecidos previamente a que ocurran los hechos (Ovalle, 1997: 126).

O bien que el propio Consejo de la Judicatura, mediante acuerdo determinara que Tribunales Colegiados de Circuito serían los competentes para conocer del recurso, atendiendo a la carga de trabajo. Podrían ser únicamente los del Primer Circuito, o cualquier otro, esto para evitar diversidad de criterios en la procedencia.

De confirmarse la resolución impugnada en el recurso de revisión penal causaría estado la sentencia absolutoria. De revocarse la sentencia también causaría estado, pues es inadmisible la cuarta instancia, además se establecería en la ley la circunstancia que se le dé al sentenciado la oportunidad de ser oído por sí o por conducto de su defensor.

En efecto, para evitar indefensión en el sentenciado y, consecuentemente, afectación a su garantía de audiencia, deberá establecerse en la ley que al interponerse el recurso de revisión penal por escrito deberán formularse los agravios y se cuidará que se corra traslado con él al Page 193 sentenciado y su defensor para que formule sus alegatos en su defensa en un término igual, en los que podrán combatir no solamente cuestiones de legalidad sino también de constitucionalidad, mismos que deberán ser estudiados por el Tribunal en forma completa; asimismo que se realice una audiencia para oír a las partes.

Así no se dejaría en estado de indefensión al sentenciado, quien podrá defenderse de cuestiones de legalidad y constitucionalidad (por ser la última instancia), por sí o por medio de su defensor si éste no quisiera presentarse, por varias razones.

No sería necesario que en contra de esa sentencia revocatoria proceda el juicio de amparo, puesto que serían ya más de tres instancias, contraviniendo el artículo 23 Constitucional; además de que ya tuvo la oportunidad de argumentar cuestiones de constitucionalidad y existe la seguridad de que un órgano colegiado se pronunció. En el recurso de revisión fiscal existe la misma disposición y la misma razón.

Es conveniente y necesario un término para la interposición del recurso. Desde luego un plazo prudente que equilibre el interés social con la seguridad jurídica; en el amparo directo el sentenciado puede inter- ponerlo en cualquier término, pero al Ministerio Público no se le puede otorgar este privilegio por ser un órgano técnico y tener los recursos necesarios y suficientes para ello. Tampoco sería correcto un término muy corto en el que el Ministerio Público no pueda recoger los elementos necesarios para acreditar lo incorrecto de la resolución unitaria, ya que estaríamos en presencia de asuntos sin duda voluminosos por su misma naturaleza y los agravios tendrían que ser elaborados cuidadosamente para que sean operantes, puesto que por ser un órgano técnico no es posible suplirle la deficiencia de la queja. De ahí que se sugiere un término de quince días (término común en el amparo para las partes).

Para el caso de la no interposición del recurso por parte de los agentes del Ministerio Público por mala fe o corrupción deberá tener una consecuencia legal establecida: La responsabilidad penal y/o administrativa, porque no sería correcto que cuidemos la excelencia en el Poder Judicial y la descuidemos en el Ministerio Público, sería tanto como preocuparnos por decorar nuestra casa cuando sabemos que sus cimientos están muy frágiles. Page 194

VI Lo conveniente del recurso

a).- El Poder Judicial de la Federación, no tendría incremento de Tribunales, pues sólo de uno a diez colegiados penales conocerían de los recursos de revisión penal, en la forma propuesta; ni se vería en la necesidad de reordenar traumáticamente la actual estructura, afectando de manera importante su presupuesto.

b). Se eliminaría el problema del factor humano, es decir, buscar y nombrar una cantidad considerable de nuevos magistrados y consecuentemente nuevos jueces.

c). Se resolvería un problema de interés social: la impunidad.

d). Sólo sería en materia federal, pues en materia local, los tribunales de apelación son colegiados, y la justificación del recurso se basa en dos argumentos fundamentales. La inconveniencia de la resolución unitaria y el interés social por acabar con la impunidad.

e). En estos casos la igualdad de las partes, inculpado y ofendido se verían satisfechas. Lógicamente el ofendido sería la sociedad misma en tratándose de un caso de impunidad.

f ). Por ser excepcional el recurso se evitaría un exceso de trabajo inútil para los Tribunales Colegiados de Circuito.

g). Se sostendría la confianza en nuestros compañeros Magistrados encargados de Tribunales Unitarios, quienes hasta ahora, en su gran mayoría, se han desempeñado con eficiencia y honradez.

VII Propuesta de reformas

Para establecer este recurso de revisión penal sería necesario adicionar o reformar normas de la Constitución Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Deberá adicionarse una fracción al artículo 104 Constitucional.

La 1.C- (o bien corregir las fracciones y enumerarlas correctamente al número de ocho y correspondiéndole a ésta la número III, pues la 1.B sería la II).

Texto actual

Artículo 104.- "Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer: Page 195

I.- De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables para ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.

I-B.- De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;

II.- De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;

III.- De aquellas en que la Federación fuese parte;

IV.- De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

V.- De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y

VI.- De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.

Propuesta

Artículo 104.- "Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:...

I.A ...

I.B ...

I.C "De los recursos de revisión penal que se interpongan contra las sentencias definitivas de los Tribunales de Apelación Unitarios que absuelvan al acusado, en los casos que señale la ley correspondiente.

Las revisiones de las que conozcan los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetan a los trámites que para estos casos señale la ley de la materia correspondiente. En contra de éstas resoluciones no procederá juicio o recurso alguno ... Page 196

Adicionar un artículo al Código Federal de Procedimientos Penales que regule el trámite del recurso de revisión penal. Se propone adicionar el artículo 389 ter (título décimo. Recursos).

Propuesta

Artículo 389 ter.- En contra de las sentencias de los Tribunales Unitarios que revoquen la de primera instancia y que absuelvan al sentenciado, el Ministerio Público podrá interponer recurso de revisión penal, siempre y cuando reúna los siguientes requisitos:

  1. Que se trate de delito grave;

  2. Que por su naturaleza sea de importancia y trascendencia.

La importancia y trascendencia la propondrá de manera razonada el Ministerio Público, especificando la causa que motiva el recurso, que podrá ser por error manifiesto en la valoración de pruebas o en la aplicación de la ley o descuido al dictar la sentencia.

Se entiende por importante y trascendente, cuando el asunto revele un interés social por combatir la impunidad y que las consecuencias de la sentencia que se recurra sean de índole grave e importante para la sociedad, y para la confianza en la administración de justicia.

El recurso deberá ser interpuesto por el Ministerio Público dentro del término de quince días, ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, quien en principio calificará la procedencia del recurso y en su caso, resolverá lo correspondiente, en cuanto al fondo.

En el escrito por el que se interponga el recurso se formularan los agravios y con él se correrá traslado al sentenciado y su defensor por el término de quince días para que conteste los agravios del Ministerio Público y formule sus alegatos de legalidad y constitucionalidad en su defensa; transcurrido el término o presentados los alegatos, se citará a una audiencia dentro de los cinco días siguientes en la que se escuchará a las partes; una vez realizada se citará para sentencia la que deberá pronunciarse en un término que no exceda de treinta días.

Contra la decisión del Tribunal Colegiado no procederá recurso o juicio alguno. Page 197

La no interposición del recurso generará responsabilidad penal y administrativa para quienes por negligencia o corrupción no lo hagan.

Adicionar el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su fracción V.

Texto actual

Artículo 37.- "Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: ... V. De los recursos de revisión que las leyes establezcan en términos de la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... .

Propuesta.

Artículo 37.- "Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: ... V.- De los recursos de revisión que las leyes establezcan en términos de las fracciones 1-B y 1-C del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el conocimiento de la revisión penal a que se refiere la fracción I-C del citado precepto constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal, para lograr la uniformidad en el criterio de procedencia del recurso, deberá establecer mediante acuerdo quienes serán los Tribunales Colegiados de Circuito competentes para conocer del recurso.

(O bien señalar fracciones II y III, si así se modifica el 104 Constitucional)

Bibliografía

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Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, Poder Judicial de la Federación, UNAM, 1997.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley de Amparo).

Código Penal Federal.

Código Federal de Procedimientos Penales.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.