La realidad de la justicia penal en México
| Autor | Clemente Váldes |
| Páginas | 44-49 |
Palabras de Apertura sobre la Administración de la Justicia Penal, en el Congreso de Criminología de Querétaro.
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En los tres últimos años hemos logrado algo muy importante: reconocer que el combate a la criminalidad, y la justicia penal, en México, se encuentran en un estado lamentable.
El reconocimiento de la enfermedad es el primer paso para evitar que el deterioro sisa adelante. Ahora empieza lo más difícil: buscar los medios para disminuir, o por lo menos detener, el aumento de la criminalidad; impedir que el deterioro de la confianza pública respecto de la policía en la prevención de los delitos y la seguridad en las calles, en los caminos, en los pueblos y en las ciudades, siga aumentando; mejorar la preparación y sobre todo disminuir la inmoralidad del ministerio público; lograr más celeridad y mayor certeza en los procesos penales. Todo ello para frenar, ahora, cuando todavía parece que podemos hacerlo, que la ineptitud, el abuso sobre los más débiles y la impunidad nos lleven directamente a la descomposición social de nuestro país.
Mi intención es presentarles a ustedes algunos de los obstáculos que nos impiden encontrar los medios necesarios para disminuir la criminalidad, agilizar los procedimientos penales y conseguir resoluciones más confiables.
En mi opinión, el primer obstáculo consiste en que una gran parte de los esfuerzos de quienes tratan de lograr una mejor justicia penal se pierde en la expresión de abstracciones.
Millones de páginas escritas para descifrar cuál es la esencia del delito, la teoría del castigo, la teoría de la culpa y la teoría de la prueba. Junto con eso seguimos ocupados en buscar las palabras adecuadas para describir no la realidad ni tampoco el mundo ideal de la fantasía, que al final de cuentas podría resultar algo poético, sino para definir y encontrar la "verdadera esencia" del Derecho, la "correcta" definición de la palabra prueba; "la naturaleza" de la investigación; "la esencia pura" del ministerio público; "la naturaleza auténtica" de la función jurisdiccional.
Frente a ese trabajo enorme, son muy pocos los estudios sobre la realidad de la justicia penal en México; es decir, sobre el trabajo real de los empleados del ministerio público, a quienes con frecuencia se les llama "ministerios públicos", y sobre la conducta de los abogados defensores. Casi no hay nada sobre la realidad del funcionamiento de los tribunales y la actuación de los jueces y los demás empleados en los órganos judiciales, ni sobre los tiempos reales de duración del proceso y las causas de la dilación.
El segundo obstáculo es el desconocimiento de la realidad de la justicia penal: el 17 de octubre apareció en uno de los periódicos de mayor circulación en la Ciudad de México un reportaje en el que se mencionaba información de las cifras oficiales sobre el sistema Judicial en nuestro país. Se nos informa que, entre el año 2000 y el 2005, hubo un aumento real del 110% en el gasto de administración de la justicia federal; se nos informa también cual es el número de expedientes que ingresó al sistema judicial federal y a los órganos judiciales de los Estados, el número de magistrados y jueces, y el presupuesto en relación con cada expediente que ingresa a juzgados o salas estatales, igualmente se dice que el incremento presupuestal para el sistema judicial federal desde 1995 a la fecha ha sido del 900%.
Pero desgraciadamente no dicen las cosas más importantes: cuánto duran los juicios completos (esto es, aquéllos que no son desechados por la falta de algún requisito técnico y en los que no hay desistimiento de la demanda ni allanamiento del demandado). ¿Cuánto duran los amparos completos en las distintas materias? Porque sucede que las estadísticas oficiales mencionan como juicios tramitados todos los expedientes terminados por cualquier razón, incluyendo todos los amparos improcedentes y sobreseídos, que en materia penal y en algunas cuestiones administrativas, como licencias de funcionamiento y clausuras, son, tal vez (tampoco lo sabemos), más del 90%. Todo eso para que veamos lo eficientes que son los jueces mexicanos; aparentemente, muy por encima de los jueces de los países más desarrollados.
Resulta muy difícil implantar medidas adecuadas para darles celeridad a los procedimientos judiciales, cuando no sabemos siquiera cuánto duran los diferentes procedimientos ni en general, ni en cada etapa, ni mucho menos cuál es la causa de la dilación. No sabemos cuánto duran los procesosPage 46 en ninguna materia. El problema es que las mentiras empiezan desde el nivel más alto. Cada mes la Suprema Corte de Justicia nos informa a través de grandes desplegados en los periódicos del número de asuntos que resolvió, y el 14 de octubre la Dirección General de Comunicación Social de esa Corte nos informó que durante el mes de septiembre ésta había resuelto 2,426 asuntos. Para darnos cuenta del tamaño de las mentiras, basta considerar que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, casi con el mismo número de ministros, resuelve alrededor de 200 asuntos al año, frente a los 2,426 asuntos...
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