Raúl Cervantes Andrade: Hacia un sistema de justicia homologado

AutorÁngel M. Junquera
Páginas18-24

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A más de un año de finalizar la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, ¿cómo lo ve usted?

En consolidación. Se trabaja para lograr un estándar de criterios de organización, procesos y prácticas de todas las instituciones de procuración de justicia en el país. Se está fortaleciendo la capacitación de los operadores del sistema acusatorio, a efecto de homologar sus actividades para la realización de los principios generales del proceso penal, consagrados en el artículo 20 constitucional: “Lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.

Fortalecer la capacitación de los operadores podría resultar un tanto vago. ¿Qué se busca en concreto?

Dotar a los operadores jurídicos de habilidades suficientes que les permitan integrar carpetas de investigación bien fundamentadas, sustentar teorías del caso sólidas y hacer uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando procedan. Si tenemos un mismo Código Nacional de Procedimientos Penales y una misma Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, debemos contar con una única forma de procesar los delitos.

¿Cuál es el desafío más importante en esta etapa?

Generar un cambio de mentalidad en los operadores y los usuarios del sistema. El paradigma procesal penal cambió y es necesario que todos los integrantes del sistema se ajusten a los modelos mentales de la nueva forma de procurar justicia. No se puede seguir actuando ni razonando con la lógica del sistema penal inquisitivo.

Al inicio de su administración, usted presentó ante el Senado de la República un diagnóstico sobre la institución que tiene a su cargo. ¿Cuál fue el propósito de llevar a cabo este ejercicio de autoevaluación?

Conocer, a través de un ejercicio honesto, realista y público, si la institución contaba o no con la infraestructura necesaria que le permitiera enfrentar la transición al nuevo modelo de procuración de justicia, derivado de las herramientas novedosas que la reforma nacional en materia de justicia penal trajo consigo. Es imposible resolver las necesidades de una organización y solicitar el apoyo para atenderlas si no se parte de un balance claro sobre lo que requiere.

¿Qué se halló?

Que la arquitectura institucional y la operación de la Procuraduría General de la República (PGR) no corresponden al nuevo sistema penal sino al sistema anterior. Existía un rezago de carpetas de investigación, similar al de averiguaciones previas. Las decisiones se seguían tomando de manera vertical hacia el superior jerárquico, dejando de lado al agente del Ministerio Público. Se observaron prácticas muy arraigadas del sistema inquisitivo y, sobre el personal de la institución, que el servicio profesional de carrera no ofrecía la oportunidad de crecimiento profesional.

¿Podría abundar al respecto?

Por supuesto. El diagnóstico reveló que el servicio profesional de carrera, como instrumento para asegurar una adecuada selección, ingreso, permanencia, promoción y ascenso del personal que labora en la institución, se encontraba subutilizado. Las modalidades de contratación para el ingreso del personal sustantivo se hallaban enmarcadas en la lógica del sistema penal inquisitivo.

¿Nos puede dar algún ejemplo?

¿Uno?: las figuras del facilitador y del analista criminal no se encuentran contempladas en el servicio profesional de carrera. No existe una capacitación especializada en las nuevas herramientas del sistema. En general, se encontró que la arquitectura institucional tampoco estaba armonizada con el nuevo modelo de procuración de justicia.

¿Cuál fue el...

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