Yasmín Esquivel Mossa: "Urge consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción"
| Autor | Alejandra Silva Muñoz |
| Páginas | 17-22 |
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Yasmín Esquivel Mossa es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidades en Derecho administrativo, Derecho fiscal y sistema financiero mexicano, y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Se ha desempeñado como directora de Asuntos Políticos de la Dirección General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, coordinadora de asesores del subprocurador de Asuntos Jurídicos y Política Criminológica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Hacienda de la I Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario, magistrada unitaria de los tribunales agrarios y, desde 2009, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Asimismo, fungió como presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal de 2012 a 2015 y como presidenta de la Asociación del Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A.C., de 2013 a 2104.
Actualmente desempeña su segundo periodo como magistrada presidente de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, en el cuatrienio 2015-2019.
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A tres años de aprobada la reforma constitucional, ¿cómo evalúa la actuación del Sistema Nacional Anticorrupción? El Sistema Nacional Anticorrupción constituye un gran avance en la vida institucional de México.
La reforma ocurrió en un momento crucial para la vida de México. Por un lado, estaban en auge los groseros escándalos de corrupción, mediante la cual los servidores públicos y sus mal llamados socios abusaron del poder público para hacerse ricos; por el otro, los servicios que debe brindar el Estado y que se solventan con el dinero de los impuestos de los ciudadanos no cumplían —y siguen sin cumplir— las expectativas de quienes los pagamos; todo esto en un entorno en el que los salarios no alcanzan para mantenerse con decoro, inicia el alza de combustibles y la inflación crece, al mismo tiempo que la inseguridad no cesa y deja a las personas en indefensión.
Ante esta situación, la respuesta fue un verdadero triunfo democrático, pues es producto del esfuerzo de la sociedad civil que logró hacer que las instituciones de gobierno se sentaran a negociar con los ciudadanos, en un plano de igualdad, para crear un nuevo sistema, dotado de una institución rectora conformada por personas ajenas a la vida político-partidaria del país, que tiene como objetivo principal prevenir, vigilar y sancionar la comisión de actos de corrupción.
Se crearon instancias rectoras y de coordinación y se brindaron mayores facultades a otras que ya existían. ¡Vaya! Fue una gran transformación jurídica, un nuevo paradigma del que, a tres años de distancia, podemos afirmar que no ha tenido avances reales y palpables que permitan calificar su actuación.
Pero ¿por qué afirma que no ha tenido avances si hace poco más de un año fue nombrado el Comité de Participación Ciudadana y la mayoría de las entidades federativas han creado sus sistemas locales anticorrupción? Sobre todo, considerando que gran parte de las instancias que participan en él ya existían.
Sin duda, el hecho de que exista un Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción en la mayoría de las entidades federativas representa un avance, así como que las otras instituciones participantes, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, los Consejos de la...
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