Prioritario Respetar Estado de Derecho y División de Poderes
| Páginas | 6-6 |
6 | Foro Jurídico
EDITORIAL
Prioritario Respetar Estado de
Derecho y División de Poderes
La confrontación del Ejecutivo Federal y los le-
gisladores de Morena con el Poder Judicial de
la Federación por la Ley de Remuneraciones
de los Servidores Públicos no es un simple asunto
de reducción de salarios, más bien pareciera que se
trata de una estrategia para debilitar al Poder Judi-
cial, que es prácticamente el único que constitucio-
nalmente puede contrarrestar los posibles excesos
del Presidente de la República y de sus legisladores
en sus acciones hacia la Cuarta Transformación de
la vida nacional.
La consolidación de los estados democráticos contem-
poráneos y de la División y el Equilibrio de Poderes,
es uno de los elementos que han permitido, cuando
menos en el último siglo, evitar la proliferación de
dictaduras en muchas partes del mundo, y al Poder
Judicial le toca la difícil tarea de revisar y calificar los
actos de las autoridades que no se ajustan a la ley y
a la Constitución.
La estrategia para debilitar la respetabilidad, ima-
gen y prestigio de los juzgadores federales, llámense
ministros, magistrados o jueces, es muy preocupante,
porque se difunde que estos funcionarios son enemi-
gos del pueblo por sus elevados salarios, calificándolos
de inmorales y provocando polarización social.
No se trata de defender a ultranza los salarios de los
juzgadores o de los funcionarios de la alta burocracia,
incluidos los mandos de las Fuerzas Armadas y los
órganos constitucionales autónomos, sino de defen-
der la vigencia del Estado de Derecho y de uno de
sus principios centrales que es la División de Poderes,
como una condición necesaria para que se realicen
los profundos cambios del actual régimen político,
económico y social que conduzcan a la pretendida
Cuarta Transformación.
Además, la autonomía e independencia plena de
los Poderes de la Unión, particularmente del Poder
Judicial Federal, es una condición para asegurar el
derecho humano universal del acceso efectivo a la
justicia para todas las personas, así como el respeto
al debido proceso.
Es preciso que todas las autoridades sin excepción,
no sólo respeten los derechos humanos previstos
en la Constitución y en las leyes supremas del país,
sino también aquellos contemplados en los tratados
internacionales ratificados por México, que tutelan
la autonomía del Poder Judicial como órgano de
control constitucional y la obligación de todas las
autoridades del país de acatar sus resoluciones, como
lo mandata el artículo 17 de la Carta Magna y 25
de la Convención Interamericana de los Derechos
Humanos.
Por ello, la decisión del Ministro Alberto Pérez Dayán
que suspende la aplicación de la referida Ley debe ser
obedecida y no satanizada políticamente, y esperar a
que sea revocada o confirmada en el recurso que ya
interpusieron los senadores. Es importante reiterar
que esta medida cautelar no es un capricho de Pérez
Dayán, sino que deriva de una Acción de Inconstitu-
cionalidad que presentaron ante la Corte 55 senadores
de cuatro partidos de oposición que se inconformaron
contra Morena por la aprobación de la señalada Ley.
Luego de asistir el pasado 13 de diciembre al informe
de labores de Luis María Aguilar, Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, amlo se-
ñaló que esta discrepancia con el Poder Judicial por
el asunto de los salarios debe considerarse una na-
tural diferencia, asegurando que asistió al informe
de labores “con gusto, por convicción y porque es mi
responsabilidad”.
Por el bien de nuestra democracia, esperemos que
este comentario marque el inicio para superar las di-
ferencias entre los titulares de los poderes federales y
abra espacios para el diálogo y la comunicación entre
ellos y para que se respete el principio de la División
de Poderes.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba