Prevencion del delito en la frontera norte a traves de la administracion publica deliberativa/Crime Prevention in Mexico's Northern Border through Deliberative Public Administration.
| Autor | Rodr |
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es analizar los resultados de las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas en la frontera norte de México y que fueron diseñadas con base en los supuestos de la administración pública deliberativa con el propósito de incrementar la seguridad ciudadana. Para lo anterior, se retoma la definición de seguridad ciudadana de José María Ramos (2005) en la cual menciona que es una concepción de la seguridad sustentada en el desarrollo humano, que le concede mayor atención a la vida y la dignidad humanas; es decir, una concepción ciudadano-céntrica en contraste con la concepción estato-céntrica de la seguridad pública. Tomando como referencia dicha concepción de la seguridad ciudadana, partimos del supuesto de que una política pública de seguridad ciudadana ideal es aquella que equilibra adecuadamente los enfoques punitivo y preventivo (Ramos, 2005). En materia preventiva, la política pública implementada por el gobierno de México ha tomado diferentes formas en los últimos años, desde su integración en el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun) hasta el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred). Las prácticas locales en la frontera norte derivadas de dichos programas y diseñadas con base en los supuestos de la administración pública deliberativa son el objeto de estudio del presente artículo.
El análisis de los resultados de dichas prácticas de prevención social fundamentadas en los supuestos de la administración pública deliberativa es relevante puesto que, a través del Subsemun (ahora Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Fortaseg) y del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el gobierno federal ha transferido recursos a los gobiernos locales para la implementación de programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia que en algunos casos han incluido componentes de administración pública deliberativa. En este sentido, se ha tratado de incentivar a los gobiernos municipales a involucrar a los ciudadanos en el diseño y ejecución de dichos programas y acciones, pero con resultados diversos, pues como ha señalado Brugué (2009), los gobiernos locales a menudo se han limitado a usar metodologías o seguir modas participativas. Sin embargo, lo anterior no deja de representar un avance desde la óptica de la administración pública deliberativa, pues dichas administraciones municipales están incorporando a sus procesos la idea de observar los asuntos públicos desde múltiples ópticas para incorporar toda su complejidad y poder ofrecer soluciones con base en la razón dialógica.
Una combinación de los supuestos de los modelos epidemiológico, ecológico y de eficacia colectiva para la prevención social de la violencia y la delincuencia, llevó al surgimiento de una serie de prácticas de prevención social de la violencia y la delincuencia en todo el país a nivel local en el marco del Subsemun (ahora Fortaseg) y el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Este texto se concentra en las prácticas implementadas en la frontera norte de México. En este sentido, el objetivo general de este artículo es analizar los resultados obtenidos por los municipios de la frontera norte al implementar programas de prevención social de la violencia y la delincuencia que incorporan aspectos de la administración pública deliberativa en contraste con aquellos que no lo hicieron así.
Para lograr lo anterior, se desarrollan dos estudios de caso de políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia con componentes de administración pública deliberativa en municipios ubicados en entidades de la frontera norte de México. Los casos de estudio seleccionados fueron el Observatorio Urbano Local de Nogales en Sonora y el Programa Comunidades Seguras-Casa Digna de Mexicali en Baja California. Dichos casos fueron contrastados con la experiencia de implementación del Subsemun y Pronapred en el norponiente de Ciudad Juárez, que funciona como caso de control al no haber incorporado aspectos de administración pública deliberativa. Si bien existen limitaciones metodológicas respecto al proceso de selección del caso de control y su comparabilidad con las otras dos prácticas, se optó por usarlo dadas las lecciones que pueden extraerse de la comparación. De esta manera, en la investigación está presente la hipótesis sostenida por autores como Habermas (1981), Hajer y Wagennar (2003) y Font (2003) respecto a que la solución de problemas complejos, como la violencia y la delincuencia, requiere diálogo e intercambio de recursos entre las diferentes partes de la administración pública y entre la administración y su entorno. La investigación también parte de los siguientes supuestos:
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Los gobiernos que construyen soluciones a problemas complejos como la violencia y la delincuencia a través de la colaboración, la comunicación y el diálogo tienen mayores posibilidades de éxito (Agranoff y McGuire, 2003; Innes y Booher, 2003).
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La generación de confianza entre las diferentes áreas del gobierno y entre éste y la ciudadanía debe ser un objetivo de la gestión a efectos de poder alcanzar gobiernos más eficaces (Child y Faulkner, 1998; Lane y Bachmann, 1998).
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Los liderazgos que utilizan el diálogo y la negociación más que las instrucciones y el control son más efectivos en la solución de problemas públicos complejos (Kooiman, 1993; Kickert et al., 1997; Heifetz, 1997).
Para el cumplimiento de sus objetivos, la investigación utilizó la metodología de estudio de caso como ya se mencionó. Lo anterior dentro de lo expresado por Das (1999) en el sentido de que el método más apropiado depende del tipo de problema, la naturaleza de los datos y el objetivo del análisis. En este sentido, la presente investigación considera que una práctica exitosa de prevención social de la violencia y la delincuencia debe contar con al menos doce criterios fundamentales:
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Enfoque de reducción de riesgo y de cohesión social comunitaria
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Pertinencia
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Focalización territorial
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Focalización poblacional
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Diseño metodológico integral y multinivel
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Sistematicidad
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Inclusión y participación
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Formación de capacidades institucionales
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Eficiencia en la implementación
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Evaluabilidad
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Evidencia de efectos o resultados
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Sostenibilidad
Dichos criterios coinciden con los Lineamientos de la política de prevención social de la violencia, la delincuencia y la participación ciudadana (CNSP, 2011) que establecen que las políticas en materia de prevención social del delito deben ser: integrales, sociales y comunitarias; focalizadas y multidimensionales; articuladas y transversales; y además requerir una coordinación interinstitucional, estar institucionalizadas, tener efectos continuos y consistentes, contar con un compromiso con una cultura de la prevención y tener una dimensión territorial decisiva.
Se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con los funcionarios que operan cada programa y con beneficiarios de los mismos seleccionados al azar, grupos focales con funcionarios y beneficiarios por separado y observación participante durante las actividades de los programas.
El efecto que se pretende generar con la presente investigación es crear modelos replicables en otros municipios de la frontera norte y analizar la efectividad de la administración pública deliberativa en la solución de problemas complejos de violencia y delincuencia.
El artículo se estructura de la siguiente manera: primero se describe el marco teórico que da sustento a la política de prevención social de la violencia y la delincuencia en México; después se describe la evolución de la administración pública desde la burocracia weberiana hasta la administración pública deliberativa; más adelante se desarrollan los dos casos de estudio; luego se desarrolla el caso de control y por último, se establecen las conclusiones teóricas y prácticas de los hallazgos de la presente investigación.
La investigación en todo momento parte del supuesto de que las políticas públicas implementadas por el gobierno no son el único factor que incide en la violencia y la delincuencia en la frontera norte. En este sentido, una futura investigación podrá analizar la participación de otros actores, derivada de la insuficiencia del gobierno, en la prevención social de la violencia y la delincuencia.
EL MARCO TEÓRICO DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN MÉXICO
La política de prevención social de la violencia y la delincuencia implementada por el gobierno de México en los últimos años tiene su sustento en tres teorías: a) la teoría ecológica del delito, b) la teoría epidemiológica del delito y c) la teoría de la eficacia colectiva (Gobierno de la República, 2014). La teoría ecológica del delito brinda un modelo sistémico que permite orientar la política de prevención en todos sus ámbitos de desarrollo. La teoría epidemiológica del delito orienta la política pública a atender los factores de riesgo y factores de protección a través de un modelo extraído del ámbito de la salud. La teoría de la eficacia colectiva ofrece una visión colectiva que permite atender el problema de la violencia a través del contexto en el que se desarrollan las personas.
Estas tres teorías dan sustento al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, eje rector de la política de prevención social de la violencia y la delincuencia en México, que busca estructurar una respuesta gubernamental al problema de la violencia y la delincuencia a través de cinco objetivos: a) incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y los actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias, b) reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria, c) generar entornos que favorezcan la convivencia...
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