Prevención del delito: los cabos sueltos - 20 voces para prevenir el delito - Libros y Revistas - VLEX 745727121

Prevención del delito: los cabos sueltos

Autor:Alejandro Martí
Páginas:111-126
 
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Alejandro Martí*

SUMARIO: 1. Los cabos sueltos; 2. ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué necesitamos hacer?; 3. Atando cabos; 4. Crimen organizado y crisis penitenciaria.

A LA REFORMA constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, promulgada en julio de 2008, debemos la inclusión del tema de la prevención social del delito en nuestra Carta Magna y en la agenda nacional que, como política pública, recibió la encomienda de generar las condiciones que contribuyan a inhibir la aparición de conductas delictivas en las comunidades y detectar con oportunidad la formación y/o actividad perniciosa de grupos delictivos.

A la par que se implementaba la instauración del sistema de justicia penal acusatorio y se emprendía el rediseño institucional y operativo del sistema de seguridad pública, en enero de 2012 se publicaba la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y dos años más tarde, en abril de 2014, la Secretaría de Gobernación presentaba el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) 2014-2018.

En su aplicación y resultados esperados, ambos componentes han sido llamados a constituirse, desde entonces y a la fecha, en puntales de la lucha contra la delincuencia común y organizada, de los diversos tipos de violencia que estos flagelos provocan, así como de la cultura que se les encuentra asociada. Proceso que, de acuerdo con el propio PNPSVD, demanda la implementación de “acciones de corto, media-

* Activista social. Presidente y fundador de la organización civil México SOS, dedicada a ponerle in a la crisis de inseguridad que vive nuestro país.

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no y largo plazos orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios socioculturales que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y delincuencia”.

Es de destacar, que para el diseño institucional del PNPSVD se empleó un diagnóstico sobre los índices de violencia, la delincuencia y la percepción de la inseguridad que se han experimentado en el país durante los años previos a su formulación, de donde emerge el objetivo asignado de dar atención a los factores de riesgo vinculados a la generación de distintas formas de violencia y delincuencia.

También, se abandonó el viejo concepto de seguridad pública para sustituirlo por un enfoque de seguridad ciudadana que privilegia la participación de la ciudadanía “en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención”, además de otorgarle a la seguridad el estatus de derecho humano, cuya protección y garantía debe ser otorgada por el Estado y coproducido por todos los actores sociales, que vienen acompañados de cinco tipos de prevención como campos de acción interinstitucional: social, situacional, comunitaria, psicosocial y prevención policial orientada a la comunidad.1Es así que con la entrada en operaciones del PNPSV se sentaron las bases de la tríada institucional con la que el Estado y la sociedad mexicana han dado respuesta al reclamo colectivo de contar con una eficaz procuración y administración de justicia penal, tanto para combatir los factores que generaron la crisis de seguridad que nos afecta, como para restablecer las condiciones de paz y estabilidad social que requerimos los mexicanos para el ejercicio de nuestros derechos y libertades.

Un aspecto que me importa destacar en la implementación del Pro-grama es el significativo papel que ocupa la atención que se le da a los jóvenes en situación de riesgo y las condiciones de vulnerabilidad, al considerarse que son ellos quienes enfrentan un doble peligro, que es el de llegar a ser víctimas de la violencia criminal para convertirse en victimarios, debido a las precarias condiciones en que viven al ambiente de violencia que existen en las comunidades donde residen, por su pertenencia o participación en pandillas, debido al consumo de drogas, la desintegración familiar, marginación o exclusión educativa y laboral que padecen.

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A todos estos factores habrá que sumarle el elevado número de embarazos prematuros en adolescentes —que en 2016 han sido considerados como “una epidemia” a nivel nacional y un factor a destacar en las zonas ligadas a la violenciaʊ2y la desmotivación escolar en que caen muchos de nuestros jóvenes, lo que ha generando un severo y preocupante problema de deserción y fracaso escolar en la educación media superior.

Razón suficiente para saludar los esfuerzos que se han realizado para proteger a nuestros adolescentes a partir de programas como el de “Escuela Segura”, contra el abandono escolar, para la prevención de adicciones y de la violencia en planteles y comunidades aledañas a éstos, entre otros más; pues con ello se advierte la pertinencia de los cuidados que se brinda a este sector de la población en materia de prevención y atención a conductas de riesgo, de donde emergen y se alimentan las conductas delictivas.

Producto de las iniciativas que se impulsaron para mejorar la seguridad pública, local y regional, y como parte de la implementación del PNPSVD, durante 2014 se le asignaron a este último 131 mil millones de pesos para operar 51 programas federales en 73 municipios considerados como prioritarios, por concentrarse en ellos el 59% de la incidencia delictiva del fuero común. Esta estrategia incluyó acciones encaminadas a “incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y los actores sociales” en la prevención de este flagelo; a “reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia en las poblaciones consideradas como prioritarias” por sus altos índices delictivos y a “generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana”, bajo un enfoque cifrado en el fortalecimiento de las capacidades institucionales que en ese ámbito tienen los tres órdenes de gobiernos y en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal.3Si bien es de celebrar la voluntad expresa de centrar las acciones del PNPSVD en el fortalecimiento de lo que se ha dado en llamar el

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tejido social y la cohesión comunitaria, mediante la participación de la ciudadanía, las OSC, las instancias e instituciones de la administración pública y los tres órdenes de gobierno, también es necesario señalar aquellos ámbitos que no han sido atendidos con suficiencia, dejando cabos sueltos que mantienen latentes o reproducen los factores de riesgo que amenazan a la sociedad entera. Pues el fenómeno de la violencia y la delincuencia es complejo y se origina por una multiplicidad de causas, algunas de naturaleza socioeconómica, entre las que se destacan la ausencia de oportunidades laborales, la precariedad salarial en que vive un importante sector de la población económicamente activa y la inequitativa carga de trabajo que pesa sobre las mujeres, particularmente en relación con el cuidado de los hijos. Situación esta última de donde se alimenta el abandono o descuido en que viven muchos niños, adolescentes y jóvenes, que terminan siendo presa de actividades ilícitas o de los grupos delincuenciales, por citar algunos ejemplos.

De ellas se está haciendo cargo el PNPSVD en mayor o menor medida, con mayor o menor impacto en el plazo inmediato y con la ayuda y colaboración de organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales e instituciones de los tres órdenes de gobierno.

Pero existen otras causas, algunas ligadas a la eficacia técnica u operativa con que se planean, diseñan y aplican las estrategias de seguridad y la política criminal en nuestro país, y otras más derivadas de la acumulación de situaciones anómalas de carácter histórico que no podemos seguir tolerando si queremos abatir el fenómeno delictivo que padecemos.

Enfrentarlas y resolverlas con eficacia, permitirá recuperar las condiciones de seguridad y paz que demandamos los ciudadanos para el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Me referiré de manera general a las primeras, para continuar con la profunda crisis que padece desde hace años nuestro sistema nacional penitenciario.

Los cabos sueltos

Considerando que el diseño institucional del PNPSVD se realizó tomando como referente los índices de violencia, delincuencia y percepción de inseguridad experimentados en el país en los años previos a su formulación, una mirada a los reportes realizados por la Encues-

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ta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 20154nos permite advertir que, a pesar de los esfuerzos realizados, la tasa de víctimas del delito en el país, entre 2013 y 2014, se mantuvieron casi en el mismo nivel y por encima de las estimadas en 2012.

Es decir, la Envipe 2015 estimó que en el año de referencia (2014) se generaron 33.7 millones de delitos del fuero común en el país,5que arrojaron 22.8 millones de víctimas del delito de 18 años y más, contra los 33.1 millones de delitos asociados a 22.5 millones de víctimas reportados en 2013. Lo cual representa una tasa de 28 mil 200 víctimas por cada 100 mil habitantes para 2014 y de 28 mil 224 para 2013; que es equivalente a una tasa de 1.5 delitos por víctima para cada uno de los dos años referidos.

También resulta preocupante conocer la magnitud de la llamada cifra negra o delitos no denunciados a nivel nacional, que en 2014 ascendió a 89.2%. Es decir, que del total de los delitos cometidos sólo se denunció el 10.7% y que de ellos sólo 7.2% dieron origen a una averiguación previa ante el Ministerio Público. Si bien es cierto que dicha cifra...

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