Politicas publicas, accion ciudadana y los derechos de las mujeres: el caso de Cunduacan, Tabasco.

AutorRodríguez Wallenius, Carlos

INTRODUCCIÓN

Las experiencias de articulación entre gobiernos locales y grupos sociales en la construcción de políticas gubernamentales han sido materia de reflexión para varios autores (Ziccardi, 1995; Bolos, 2003; Bazdresch, 2003). El caso de Cunduacán en el estado de Tabasco que ahora presentamos (2) nos permite hacer un análisis desde una perspectiva diferente, pues pone el acento en los impactos de la acción ciudadana en la construcción de políticas públicas municipales y en la necesaria adecuación de la institución gubernamental para atender una serie de problemáticas relevantes de la agenda social.

De esta experiencia podemos ubicar dos momentos en la incidencia de la acción ciudadana. El primero coincide con el gobierno del primer ayuntamiento de alternancia en el municipio de Cunduacán, en el periodo 2004-2006 y donde se muestra un proceso que vivieron varias mujeres de las comunidades del municipio, en el que conocieron sus derechos, organizaron proyectos productivos y exigieron que hubiera reglamentos municipales y leyes estatales que las protegieran y apoyaran; durante todo este periodo estuvo participando de manera activa una instancia creada por el gobierno municipal: la Coordinación de Atención a la Mujer.

El trabajo de la coordinación y de las mujeres cunduacanas las llevó a ser merecedoras de un premio nacional,3 lo que propició la visita de expertos, funcionarios y organizaciones de México y de otros países interesados en materia de equidad de género y derechos de la mujer. Además, la acción de las mujeres logró que se incluyeran cambios en la Reglamentación Municipal de Cunduacán para que se promoviera la equidad de género. También incidió en las leyes estatales al aprobarse cambios en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, para que se creara la Dirección de Atención a la Mujer en todos los ayuntamientos de ese estado.

El segundo momento se produce con la finalización de la gestión perredista y cuando el PRI nuevamente llega al gobierno municipal para el periodo 2007-2009. Como es una constante en la cultura política de nuestro país (Jiménez y Rodríguez, 2005) el gobierno cambió programas y personal e impulsó nuevas relaciones de poder con los grupos de mujeres en las comunidades. Sin embargo, el gobierno local priísta ha tenido que enfrentar la respuesta de las mujeres organizadas, con el sustento del Bando de Policía y Gobierno, así como las modificaciones de ley logradas un año antes, que no sólo han exigido el cumplimiento de sus derechos, sino también que incorporen sus demandas en los programas y presupuestos municipales.

Para explicar este proceso es importante recordar el principio de proximidad de los municipios al que alude Borja (2003), el que permite a los grupos sociales exigir directamente a los gobiernos locales por ser la instancia de representación más cercana a la población. En este sentido la acción organizada de los ciudadanos puede incidir con mayor impacto en el comportamiento de la institución municipal.

La acción ciudadana se inscribe dentro del amplio concepto de acción colectiva como lo propone Melucci (1999), con la particularidad que usaremos para este trabajo el término de acción ciudadana acotándola al conjunto de interacciones de distintos actores locales en la exigencia y ejercicio de sus derechos expresados en el marco jurídico, para lo cual los actores sociales establecen relaciones de negociación y/o conflicto con el gobierno en sus diferentes ámbitos.

En este sentido, es importante hacer una diferenciación con dos conceptos cercanos a la acción ciudadana y que son comúnmente usados en el análisis de experiencias locales, nos referimos a la participación ciudadana y la acción pública.

El concepto de participación ciudadana ha tenido una amplia variedad de enfoques, los más instrumentales lo colocan como las acciones que ciudadanos realizan como contraparte de la acción gubernamental (Kliksberg, 2000). A este enfoque se le han realizado varias críticas (Bolos, 2003; Álvarez y Castro, 2000). En todo caso, posiciones más constructivistas como Cunill (1991) conciben la participación como la acción ciudadana en las actividades públicas en el campo del ejercicio de sus derechos, lo que da un sentido más pleno a la idea de la ciudadanía activa, que no está acotada a los procesos electorales o de legitimación de la acción gubernamental, sino en el ejercicio de las prácticas democráticas que se expresa en la toma de decisiones en el terreno de lo público, como también lo propone Pontual (2002).

Teniendo como referencia esta última perspectiva, la acción ciudadana resulta un concepto más amplio, pues incluye también las relaciones de conflicto y disputa social que no se incorporan en las definiciones de participación ciudadana.

Por otro lado, en los últimos años ha tomado relevancia en los estudios sobre gestión local, el término de acción pública, el cual se refiere a un enfoque analítico que integra dos componentes de la acción colectiva: la acción gubernamental y la acción de los grupos sociales. Para Thoerig (1997, 2829) la acción pública es el proceso de delimitación de problemas colectivos por una sociedad, algunos de esos problemas se pueden delegar para su solución a agencias gubernamentales. En este sentido Cabrero insiste que el enfoque de la acción pública entiende a los actores estatales y a la sociedad civil, "no como una dicotomía, sino como un continuo" (Cabrero, 2005, 19).

Sin embargo, en nuestro criterio esta perspectiva adolece de debilidades conceptuales importantes, pues ni la acción de los grupos sociales es homogénea ni el comportamiento de la estructura gubernamental lo es; hay en cada uno de estos campos una variedad de grupos que tienen proyectos e intereses específicos, muchas veces contrapuestos, que hace que grupos sociales puedan ejercer dominio sobre ciertas entidades de gobierno, mientras otros grupos de la sociedad se oponen y resisten, en una confrontación continua que hace dinámica a la vida social.

Esto último es evidente en el ámbito municipal, donde la estructura gubernamental es renovada cada tres años y dicho cambio expresa, en parte, las correlaciones de fuerza y alianza coyuntural entre los actores y grupos sociales. No hay una continuidad en la relación Estado-sociedad, sino una permanente fluctuación y conflicto.

Por ello, poner énfasis en la acción ciudadana puede mostrarnos la diversidad de grupos e intereses al interior de la sociedad y de éstos con el gobierno. Además pone en relieve las articulaciones y conflictos de los grupos sociales ante los actores gubernamentales en el eje del ejercicio de sus derechos.

El grupo social al que se hará referencia en este trabajo es el de los colectivos de mujeres y liderazgos femeninos de comunidades rurales del municipio de Cunduacán, cuyo vínculo inicial se da a partir de demandas y propuestas específicas en torno a sus derechos como mujeres, y las cuales han tenido como interlocutor al gobierno municipal

Esta serie de demandas con base en los derechos de la mujer, que plantearon los grupos comunitarios, fueron propuestas y negociadas con el gobierno municipal, en particular con la Coordinación de Atención a la Mujer, que sirvió de intermediaria al interior de la estructura gubernamental. Con esta negociación se tuvieron elementos para la elaboración de una política pública municipal, que le dio legitimidad al nuevo gobierno local.

Aquí nos referimos a la política pública municipal en su sentido amplio como lo propone Contreras (2005, 6), es decir como un proceso de gobierno para la construcción de estrategias que orientan su actuación en problemas públicos, que requiere la participación de diversos actores sociales y de mecanismos de negociación.

CUNDUACÁN: GOBIERNO DE ALTERNANCIA Y NUEVAS ACTORAS SOCIALES

El municipio de Cunduacán se ubica en la región Chontalpa al centro poniente del estado de Tabasco. (4) Es un importante productor de cacao, plátano, papaya, caña de azúcar, mango y maíz.

El último conteo de población del INEGI (2005) señala que el municipio tiene 112,036 habitantes (5) y cerca de la mitad habitan en su cabecera municipal. Del total de población 50.5 por ciento son mujeres y 49.5 por ciento son hombres. Cunduacán tiene un grado de marginación medio (Conapo, 2006) lo que lo coloca en el 6[grados] lugar de marginación de los diecisiete municipios que tiene el estado.

Posee una extensión territorial de 426.78 [km.sup.2] que corresponde a 1.73 por ciento del estado de Tabasco. Su división territorial está conformada por la cabecera municipal, nueve poblados, 65 ejidos, 13 colonias y 35 rancherías. En el municipio existen diez centros integradores en donde se desarrollan las principales actividades económicas y sociales.

En las elecciones locales del 2003, por primera vez en este municipio, la mayoría de la población votó por la alternancia política, con el candidato postulado por el PRD, César Burelo el cual ganó con un amplio margen frente al PRI (23,674 votos contra 15,471).

El triunfo se explica por varias razones, Contreras et al. (2006, 45) señalan las siguientes: por el hartazgo por parte de la población debido al deterioro en la calidad de vida, producto del incremento de la pobreza y la falta de oportunidades, lo cual provocó un desencanto hacia la clase política tradicional. Así como una propuesta que priorizaba la atención a los grupos excluidos, entre ellos a las mujeres.

Parte importante de los votos que tuvo el PRD fueron otorgados por mujeres. Massolo et al. (2005) explican el voto femenino en Cunduacán por la convocatoria que como candidato le hizo a las mujeres, "no como beneficiarias pasivas sino como participantes de los programas prometidos en la campaña electoral" (Massolo et al. 2005, 34).

En el municipio existía una tradición previa de organización de grupos de mujeres. Una de las vertientes es la relacionada con los Comités Eclesiales de Base (CEB) de la parroquia de Plátano y Cacao, una de las comunidades...

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