Política antimonopolio o de competencia económica - Más de 100 Preguntas y Respuestas sobre Derecho de Cumplimiento (Compliance) en México - Libros y Revistas - VLEX 748374349

Política antimonopolio o de competencia económica

Autor:Carlos Vital Román Sánchez
Páginas:97-122
 
ÍNDICE
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¿Qué estudia el Derecho de Competencia Económica?

El Derecho de la Competencia Económica (en inglés Competition Law, conocido en Estados Unidos como Antitrust Law) es la rama del Derecho que se encarga de regular el comercio y la competencia leal, mediante la prohibición de restricciones ilegales, la fijación de precios y los monopolios. Busca promover la competencia entre las empresas existentes en un mercado y el fomento de la calidad de bienes y servicios al menor precio posible, garantizando una estructura de mercado eficiente.

El “Antitrust” tiene su origen en el Derecho de los Estados Unidos. El nombre se debe a que esta rama del Derecho fue creada para combatir los monopolios de comercio. Posteriormente, otros países adoptaron el Antitrust en su ordenamiento jurídico utilizando otros términos como “leyes de competencia”, “de libre competencia” o “antimonopolios”. En la actualidad, la mayor parte de los países industrializados y algunos países en desarrollo tiene leyes Antitrust.

El objetivo del Derecho de la competencia es promover la “competencia justa” entre las empresas. Ha tenido un efecto importante en las prácticas empresariales y la reestructuración del sector industrial en los países donde se ha adoptado. Basadas en la premisa que el comercio libre beneficia tanto a consumidores, empresas y la economía en general, la ley prohíbe distintos tipos de restricciones comerciales y el abuso de la monopolización.

Desde un punto de vista general, estas restricciones pueden ser de cuatro tipos distintos: acuerdos horizontales entre competidores, acuerdos verticales entre compradores y vendedores, el abuso de una posición dominante (monopolio) y las fusiones. En el caso europeo se prohíben también las ayudas de Estado31

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Derecho de Competencia Económica en México

Los antecedentes históricos del Derecho de la Competencia en México se remontan al año 1857, año en el cual se incluyó por primera vez en la Constitución Política de nuestro país una regulación en materia de monopolios. En el año 1934 se emitió una legislación reglamentaria que inicia la aplicación del precepto constitucional. En este año, se publica la Ley Orgánica del artículo 28 de la Constitución Política en materia de monopolios.

El conjunto de normas que regula la competencia en México están contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), la Ley de Comercio Exterior y el Reglamento de la LFCE. La normativa mexicana vigente está orientada al establecimiento de un orden económico que proteja la competencia en los mercados. Para tal efecto, el Estado es el encargado de llevar a cabo la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional.

Los fundamentos más importantes del Derecho de la Competencia Mexicano, se encuentran principalmente en los artículos 5, 25 y 28 de la Constitución.

El artículo 5o. de la Constitución señala lo siguiente:

“ARTICULO 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que la acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.”

Asimismo el artículo 25 de la Constitución señala la facultad del Estado de intervenir en la economía, en los siguientes términos:

“ARTICULO 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

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El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores,

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cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.”

Finalmente, el artículo 28 de la Carta Magna es el pilar fundamental para la construcción del régimen del Derecho de la Competencia. Este artículo establece como conductas prohibidas los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las exenciones de impuestos y las prohibiciones a título de la protección de la industria. También protege a los consumidores y propicia su organización para el mejor cuidado de sus...

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