¿Policías contra ladrones? La reforma policial: antecedentes de un pendiente en la agenda pública
¿Policías contra ladrones?
La reforma policial: antecedentes de un
pendiente en la agenda pública
Documento de trabajo núm. 297
Diciembre 2018
www.diputados.gob.mx/cesop
Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública
Organización Interna
Netzahualcóyotl Vázquez Vargas
Director de Estudios Sociales encargado del
despacho de la Dirección General del CESOP
Enrique Esquivel Fernández
Asesor General
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Director de Estudios de Desarrollo Regional
Ernesto R. Cavero Pérez
Subdirector de Estudios de Opinión Pública
José Francisco Vázquez Flores
Subdirector de Análisis y Procesamiento de Datos
Katia Berenice Burguete Zúñiga
Coordinadora Técnico
Investigadores
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José de Jesús González Rodríguez
Roberto Candelas Ramírez
Rafael López Vega
Salvador Moreno Pérez
Felipe de Alba Murrieta
Rafael del Olmo González
Giovanni Jiménez Bustos
Apoyo en Investigación
Luis Ángel Bellota
Natalia Hernández Guerrero
Karen Nallely Tenorio Colón
Ma. Guadalupe S. Morales Núñez
Nora Iliana León Rebollo
Ricardo Ruiz Flores
Erika Martínez Valenzuela
Alejandro Abascal Nieto
Abigail Espinosa Waldo
Elizabeth Cabrera Robles
Guillermina Blas Damián
Alejandro López Morcillo
Editor
José Olalde Montes de Oca
Asistente Editorial
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Documento de trabajo
¿Policías contra ladrones? La
reforma policial: antecedentes de
un pendiente en la agenda pública
¿Policías contra ladrones? La reforma policial: antecedentes de un
pendiente en la agenda pública
Luis Angel Bellota*
Introducción
Entre el 3 de julio y el 1 de diciembre de cada año sucesorio en la presidencia, durante el interregno
de cinco meses que va del día posterior a las elecciones hasta la toma de protesta del nuevo
mandatario, el virtual gabinete y su jefe deben hacer un diagnóstico para establecer prioridades en
los temas que componen la agenda pública. En esta valoración de necesidades y sus
correspondientes estrategias para cubrirlas aparecen las inercias, las restricciones, los pendientes,
las posibilidades y las variables que permiten ajustar –o en algunos casos limitar y descartar– las
promesas hechas en campaña.
Una de las cuestiones más inquietantes para la opinión pública es el itinerario que tomarán
las políticas de seguridad en los próximos seis años. Este es un asunto que pone contra las cuerdas
al Estado mexicano. La delincuencia en sus múltiples formas somete a prueba la calidad de las
instituciones dedicadas a salvaguardar el orden y la legalidad. El presente trabajo no busca hacer
una interpretación que anude con profundidad y detenimiento todas y cada una de las causas que
intervienen en la disolución de las normas sociales y la legalidad, aunque tampoco soslayará una
puntual y somera mención de las mismas. Intentar lo primero sería desmesurado, ignorar lo
segundo dejaría incompleto este ensayo. La lectura que ofrecemos del fenómeno subraya el déficit
histórico que arrastra el gobierno en la profesionalización de los órganos policiales, colocando esta
falencia en el centro del problema. Veremos que, desde hace varios años, los reclamos y denuncias
de la sociedad contra las prácticas corruptas y los abusos de autoridad imputables a las
corporaciones eran paralelos al repunte de la inseguridad.
Haremos un recuento de las políticas públicas más relevantes en las décadas de 1980 y
1990, ubicándolas en su contexto y contrastándolas con el desempeño de la policía. ¿Por qué
enfocarnos en estos años no tan lejanos? Porque las discusiones actuales en la materia son un
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